En abril de 2018 estallaron en Nicaragua protestas sociales espontáneas en respuesta a las impopulares reformas de los sistemas universitario y de seguridad social. Éstas se produjeron en un contexto de irregularidades electorales previas y de una serie de reformas constitucionales y legales que concentraban cada vez más el poder político en manos del ejecutivo -en particular de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo-.
Cientos de personas resultaron heridas, muertas y detenidas arbitrariamente durante las protestas. Un informe posterior del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua concluye que la respuesta del Estado fue desproporcionada y que cometió abusos graves y sistemáticos contra los derechos humanos en su respuesta a las protestas.