A pesar de la existencia de un mecanismo gubernamental de protección para personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, estas poblaciones siguen enfrentando altos niveles de riesgo en México. La sociedad civil ha pedido en repetidas ocasiones al gobierno mexicano que implemente políticas de protección holísticas que aborden las causas fundamentales que generan el riesgo, y que mejore la dotación de recursos y la coordinación del mecanismo.
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