Colombia

Tras años de negociación que comenzaron en 2012, el gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron un acuerdo de paz, poniendo fin a un conflicto armado de décadas que se cobró la vida de miles de civiles colombianos y provocó desplazamientos internos a gran escala, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos.  Todas las organizaciones a las que PBI acompañó participaron en el proceso de paz que prometía el fin de 60 años de derramamiento de sangre.

A principios de la década de 2000 se produjo un aumento de la violencia urbana, a pesar de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Cientos de civiles resultaron heridos, muertos y desaparecidos durante los enfrentamientos armados entre las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC) y entre otros grupos armados legales e ilegales, así como los militares. 

Tras el aumento de los ataques a las organizaciones de derechos humanos en la región, PBI abrió una nueva oficina en Medellín, para acompañar a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Instituto de Formación de Base (IPC) y la Corporación para la Libertad Jurídica (CLB).
 

El 16 de mayo de 1998, los paramilitares asesinaron a siete habitantes de la zona y desaparecieron a otras 25 personas que participaban en un acto comunitario de recaudación de fondos en Barrancabermeja (Santander).

PBI acompaña a José Albaer Restrepo, de la Corporación Colectiva de Abogados (CCAJAR), que representa a las víctimas y a sus familias, muchas de las cuales siguen buscando justicia. 

En diciembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano culpable del desplazamiento forzado masivo de comunidades afrodescendientes derivado de la «Operación Septiembre Negro» y la «Operación Génesis». Además, más de 70 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la posterior militarización del Bajo Atrato.

PBI acompañó a los abogados de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que llevaron el caso a la Corte Interamericana.