Las organizaciones firmantes expresan su grave preocupación sobre los últimos hechos relacionados con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Creemos que tales hechos podrían poner a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas aun en más riesgo. Por lo tanto, los firmantes instan a la Secretaría de Gobernación (Segob), a que tome todas las medidas necesarias para asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz del Mecanismo, así como a garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras y periodistas, cuyos casos están registrados ante el mismo Mecanismo.

El 15 de marzo del 2014, el señor Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, junto con cuatro funcionarios más, renunciaron a sus puestos dentro del Mecanismo de Protección, entidad creada por el Gobierno Federal en junio del 2012 a través de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su objetivo principal es proporcionar medidas de protección para personas defensoras y periodistas quienes están en riesgo debido a su legítima labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Como resultado de estas renuncias, el Mecanismo perdió un tercio de sus recursos humanos. Los otros cuatro funcionarios renunciaron alegando malas condiciones laborales y un exceso de presión para llevar a cabo sus tareas profesionales1.

El 24 de marzo, como respuesta a las renuncias mencionadas, el Consejo Consultivo – la entidad que representa a la sociedad civil en las reuniones de la Junta de Gobierno donde se analizan y definen las medidas de protección – canceló su participación en dichas reuniones, considerando que actualmente no existen las condiciones para llevar a cabo este análisis, ni para trabajar asuntos de protección. Tal como lo expresó la sociedad civil mexicana, las organizaciones firmantes apoyan la decisión del Consejo Consultivo y creen que la ausencia prolongada de un tercio de los recursos humanos, y en particular su titular, paralizan el Mecanismo y demuestran una preocupante falta de respaldo político e institucional por parte del Estado mexicano. Sin la participación del Consejo Consultivo, la sociedad civil ya no se encuentra representada en el Mecanismo tal como lo preveía la Ley.

Estas renuncias, junto con la salida del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno, son los últimos hechos preocupantes de una serie de problemas identificados desde el 2013, tanto por la sociedad civil mexicana, como por las organizaciones firmantes2:

• Retrasos excesivos en el procesamiento de peticiones: desde la puesta en funcionamiento del Mecanismo, 130 peticiones de medidas de protección han sido aceptadas. De estas, solo 41 casos han sido resueltos mientras los otros 89 aún no han sido procesados. Esto significa que 70 por ciento de los casos registrados en el Mecanismo sufren demoras largas cuando son procesados, especialmente en la fase del análisis de riesgo. La sociedad civil ha observado que estas demoras pueden durar hasta seis meses y mientras tanto, las personas defensoras o periodistas se encuentran en situaciones de grave riesgo3.

• Obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo: a pesar de que unos 263.9 millones de pesos (US$20.3 millones) han sido asignados al Mecanismo desde su creación hasta la fecha, no se ha podido acceder a estos recursos debido a procedimientos burocráticos internos obstaculizantes4. La incapacidad de acceder a los fondos es preocupante ya que afecta de manera negativa la implementación de las medidas de seguridad aprobadas por el Mecanismo.

• Insuficientes esfuerzos para llevar a cabo investigaciones y procesar a perpetradores de agresiones: a pesar de que esté prevista la inclusión de la Procuraduría General de la República en el Mecanismo, esta no ha tenido un impacto significativo en la identificación y enjuiciamiento de los perpetradores de ataques y agresiones contra personas defensoras. Sin investigaciones y procesos jurídicos apegados a los estándares internacionales, las medidas de protección otorgadas son insuficientes y el Mecanismo es insostenible a largo plazo. Durante una rueda de prensa llevada a cabo por la sociedad civil el día 27 de marzo, se hizo hincapié al patrón de impunidad.

• La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis no ha sido instalada. Esto, junto con la frecuente rotación del personal, ha acarreado dificultades para el traspaso de información sobre los casos. En consecuencia las evaluaciones de riesgo no se han realizado adecuadamente. Las medidas de protección son mayoritariamente policíacas y otros puntos claves para la definición de medidas, como el género o el contexto socio-político, no son suficientemente tomados en cuenta. Algunos defensores y periodistas han reportado que las medidas otorgadas no corresponden al nivel y tipo de riesgo que enfrentan y por lo tanto no les sirven o los han incluso puesto en mayor riesgo. Otros han denunciado que las medidas de protección tomadas no se basan en el análisis de riesgo formalmente adoptado por la Junta de Gobierno.

• Un respaldo político institucional desde los más altos niveles de gobierno es necesario para asegurar que la protección de personas defensoras y periodistas sea una prioridad para la actual administración y que el personal operativo del Mecanismo cuente con su apoyo y con la cooperación de otras entidades gubernamentales a la hora de implementar medidas de protección. A pesar de que 31 de las 32 entidades mexicanas han firmado un convenio de cooperación con el Mecanismo, en la práctica hay una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que obstaculiza la efectiva implementación de las medidas de protección otorgadas. En Octubre de 2013, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong se reunió con el Consejo Consultivo y aseguró que el Mecanismo contaba con su apoyo. Se comprometió además a promoverlo ante las instancias de gobierno relevantes. En conferencia de prensa, el 27 de marzo, la sociedad civil mexicana pidió al Secretario Osorio Chong que convocara con urgencia una reunión para tratar la crisis actual del Mecanismo.

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación sobre esta situación e instan a la Segob a tomar las siguientes medidas:

• De manera urgente, nombrar un nuevo titular de la Unidad de Derechos Humanos asegurando que la persona seleccionada tenga amplia experiencia laboral en cuestiones de derechos humanos y protección. Asimismo, asegurar que todos los puestos del Mecanismo se nombren en breve, y que las personas seleccionadas tengan amplia experiencia en temas de derechos humanos y protección y que reciban la formación relevante y necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera profesional. Comunicar estos nombramientos a la sociedad civil.

• Inmediatamente convocar una reunión con las organizaciones de la sociedad civil para informarles de los pasos que se están tomando para superar los grandes retos que existen en la estructura del Mecanismo. Asimismo, comunicar con la sociedad civil qué medidas se están tomando para garantizar su protección mientras se están resolviendo los problemas estructurales.

• Publicar un plan de trabajo que detalle acciones concretas para resolver las deficiencias anteriormente mencionadas, así como un cronograma que especifique los tiempos en los que estas acciones serán implementadas. Incluir a la sociedad civil en la creación de dicho plan e invitarles a participar de manera activa en cada fase de revisión del proceso.

• Garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras y periodistas que están en riesgo debido a su legítima labor, y que se encuentran actualmente en una situación de aún más riesgo debido a esta última crisis del Mecanismo de Protección. Asegurar que todas las medidas necesarias serán tomadas para asegurar que sus preocupaciones en cuanto a su protección y seguridad sean tratados adecuadamente y sin demora.

2 de abril 2014

Firmantes:

Peace Brigades International

Front Line Defenders

Latin American Working Group

Washington Office on Latin America

1 Ver el artículo en la revista Proceso, número 1951, publicada el 22 de marzo 2014

2 Ver las cartas enviadas por varias organizaciones de la sociedad civil mexicana al Gobierno mexicano en junio de 2013: bit.ly/P8Hcx1 y por ONGs internacionales: bit.ly/1lqSACv. Ver también el briefing presentado en febrero de 2014 por PI, FLD, CIFCA y PBI en el marco del 4to Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos UE-México: bit.ly/P0uzEH. Para más información sobre el Mecanismo y su implementación ver el briefing hecho por PBI y actualizado en marzo de 2014: bit.ly/1dJXWkm

3 Ver el pronunciamiento de la Sociedad Civil del 27 de marzo de 2014: bit.ly/1i4j8mj

4 Ibid