Sixta Tulia García, de 35 años, siempre sostuvo que el pasado 23 de mayo, ella y su esposo, Gonzalo Rodríguez, caminaban a las 8 de la mañana por una trocha del resguardo indígena Gran Rosario.

De pronto, aparecieron unos hombres con uniformes camuflados, chalecos negros, brazaletes amarillos y pañoletas negras que les cubrían la cara y sólo les dejaban ver los ojos.

Sixta Tulia contó que estos hombres los detuvieron y que se llevaron a Gonzalo “a unos 20 metros” de donde ella estaba. De pronto, se escucharon unos disparos y cuando ella quiso ir a ver si se trataba de Gonzalo, un uniformado la tomó del cabello, le impidió que caminara y le dijo que esos tiros no se los habían dado a su marido.

Luego, le recomendó que caminara hacia la vía principal, que comunica a Pasto con Tumaco, y que allí se podría encontrar con su esposo.

Ella salió y más adelante, en efecto, lo encontró sentado y con el cuerpo encorvado. Estaba muerto, con varios disparos que le dejaron la cabeza destrozada. Los uniformados sacaron el cadáver en una camilla. El gobernador del resguardo les pidió que entregaran el cuerpo, pero los hombres se negaron y lo trasladaron a Tumaco. Allá, la viuda debió reclamarlo en la Fiscalía.

Semana.com conoció el reporte militar donde soldados explican que la muerte de Gonzalo Rodríguez fue en combate y le señalan de ser jefe guerrillero. "El 23 de mayo de 2009 el Batallón Contraguerrilla Número 23 realizó una operación militar llamada "Mosquetero" en el Kilómetro 80 La Guayacana media hora hacía adentro. Junto con un guía llegan al lugar hacía las 3 horas. Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las Farc. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".

Es decir, a pesar de las incongruencias de la versión, lo reportaron como un muerto legítimo. Sixta Tulia no se quedó callada y denunció su versión ante las autoridades.

Este miércoles 26 de agosto, a las 5 de la mañana, un grupo de hombres también en camuflado y encapuchados, llegaron a la casa donde ella dormía junto con otros parientes y dispararon.

La mataron a ella, a cinco niños, una niña y cinco adultos más. La niña era Angie Jazmín Rodríguez, de 5 años, y los niños, Alexander Rodríguez, de 8 años; Yeison Ferney, de 6 meses; Laurencio García, de 5 años; Roberto Guanga Nastacuas, de 17 años, y Luis García, de 13 años.

Los adultos eran Sixta Tulia Garcia Guanga, de 35 años; Laurencio García, de 38 años, Carmela Guanga, de 18 años; Amparo Nastacuas, de 21 años; Armando Alvaro Nastacuas, de 19 años, y Fabio Taicus García, de 18 años.

Y quedaron heridos Javier García, de 20 años; David García, de 12 años, y Yolanda Bisbicus, de 22 años.

Por hora, las autoridades de Nariño han descartado que se trate de un atentado de las Farc, como el que ocurrió en febrero de este año, cuando esa guerrilla mató con cuchillos y machetes en el resguardo Tortugaña-Telembí a 11 indígenas awá, entre los que había dos mujeres en embarazo.

Pero la búsqueda de los responsables avanza. En la noche del miércoles, el presidente Álvaro Uribe, tras un consejo de seguridad, dijo que “se ha definido que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, con el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) y el apoyo de la Dijin, aboquen de inmediato esta investigación”.

Y pidió ayuda de organismos internacionales. “Esta noche hemos pedido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, que acompañe la misión investigativa”. Naciones Unidas aceptó el acompañamiento. Además, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, se comprometió a buscar apoyo internacional para la Fiscalía en las investigaciones que lleven a encontrar a los responsables.

Y para quienes tengan información, Uribe ofreció 100 millones de pesos y la Gobernación de Nariño otros 30 millones.

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