Durante la conmemoración, los familiares encendieron velas y las colocaron al pie del Mural.
Por: PBI Colombia
Después de 22 años de acontecida la desaparición forzada de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) se reunieron por vez primera los familiares en un acto de valentía y solidaridad organizado por ellos mismos. El motivo: honrar el recuerdo de sus seres queridos, fortalecerse como comunidad y mantenerse unidos a fin de seguir en su incansable lucha por reivindicar justicia, memoria y verdad sobre la tragedia.
Pueblo Bello se encuentra situado en el Urabá antioqueño entre ondulantes y verdes montañas cubiertas de vegetación nativa. Es un pueblo de familias campesinas, sin calles pavimentadas y donde el caballo y la mula siguen siendo un medio común de transporte. Urabá, una región de inmensa biodiversidad, de exuberante vegetación y de enormes riquezas naturales, ha sido tristemente escenario de violencia[1]. Guerrillas y paramilitares han disputado el control de estas tierras con el fin de controlar tanto las actividades económicas lícitas —por ejemplo madera, ganado y banano— como las ilícitas —tráfico de drogas, armas[2] y personas[3], entre otras—. Tristemente, la población civil ha sido la más afectada al quedar atrapada en medio del conflicto interno armado que ha azotado a Colombia por más de 40 años.
Fue así que la noche del 14 de enero de 1990 alrededor de 60 paramilitares del grupo 'Los Tangueros', quienes se encontraban bajo órdenes de Fidel Castaño, llegaron a Pueblo Bello en donde forzaron a sus habitantes a salir de sus viviendas y de la iglesia. Posteriormente los llevaron a la plaza principal, los obligaron a acostarse boca abajo y posteriormente seleccionaron a 43 campesinos, entre ellos tres menores de edad; luego los amordazaron y se los llevaron. Los vehículos en los que se transportaban los paramilitares y las víctimas pasaron por dos retenes militares sin detenerse y sin ningún control. Los campesinos fueron llevados en un viaje de dos horas a una finca en el departamento de Córdoba donde fueron recibidos por Fidel Castaño a fin de ser interrogados y torturados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció el 31 de enero de 2006: «A algunos de los secuestrados les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos. Otros fueron golpeados a patadas y puñetazos hasta su muerte»[4].
¿La razón de esta barbarie? El robo por parte de la guerrilla de 43 cabezas de ganado propiedad de Fidel Castaño que habían sido transportadas a través de Pueblo Bello y por lo cual el líder paramilitar consideró que los habitantes habían sido autores o cómplices del robo[5].
«Las víctimas eran inocentes, no tenían nada que ver con el conflicto. Ellos [los paramilitares] perdieron 43 reses y cogieron 43 campesinos, o sea para ellos eran más importantes los animales que se perdieron que las vidas humanas, le dieron más valor a los animales que a las vidas humanas», relata Sofía del Carmen Macea Álvarez, esposa de Wilson Uberto Fuentes Miramón, uno de los desaparecidos.
Después de la desaparición forzada todo cambió para los familiares de las víctimas. Sus proyectos de vida fueron truncados, algunos se desplazaron a raíz del miedo, otros permanecieron soportando la angustia y el dolor; mientras tanto el paramilitarismo se consolidó en la región. Los siguientes son algunos testimonios dados por familiares sobre cómo han sido estos últimos 22 años para ellos:
«Han sido muy duros porque era alguien muy importante para la familia, un ser humano, un hermano de sangre, algo muy tremendo; esas temporadas en que uno se reúne con toda la familia y hace falta un miembro es muy tremendo». Adalberto Montes, hermano de Manuel de Jesús Montes Martínez.
«Cuando uno va creciendo va sintiendo ese vacío, va sintiéndolo, va sintiéndolo, cada día más, cada día más». Adalberto Montes.
«Es como si todo quedara cortado, como si llegaran y le cortaran las alas a un pajarito que quiere volar y que quiere hacer muchas cosas. Para la familia fue algo muy duro, fue horrible, impresionante. Mi mamá pensó en algún momento que era mejor dejarse, de hecho hasta el momento no se sabe que pasó, seguimos en esa incertidumbre de si los vamos a encontrar o no, de si les vamos a dar una cristiana sepultura, hay muchas cosas que después de 22 años siguen en esa incertidumbre». Adonai Durango Moreno.
«De ahí para acá la angustia, él era el que nos sostenía de todo. Los hijos tuvieron que empezar a trabajar, dejar de hacer lo que ellos querían, dejar el bachillerato». Sofía del Carmen Macea Álvarez.
A pesar del sufrimiento, los familiares han librado una lucha incansable por encontrar los restos de sus seres queridos, conocer la verdad de lo sucedido y lograr justicia para los responsables. De los 43 desaparecidos solo seis han sido encontrados y no han sido identificados plenamente[6]. De los 60 paramilitares involucrados solo seis han sido condenados y nadie de la Fuerza Pública a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) consideró probado que los camiones en los que transportaron a los secuestrados cruzaron una zona declarada «de emergencia y de operaciones militares» en la cual había un retén que a la hora en que cruzaron debería tener cerrado el paso a todo vehículo[7].
Al día siguiente de la desaparición forzada, cuando los familiares acudieron a la base militar de San Pedro de Urabá a pedir información sobre el paradero de los secuestrados, el teniente Rincón Pulido dijo que los camiones que transportaban a las personas no habían pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello «cambiaron gente por ganado», en alusión a las reses que habían sido robadas a Fidel Castaño[8].
La sentencia de la Corte
Después de años de búsquedas infructuosas y trámites ante distintas autoridades y juzgados nacionales en búsqueda de verdad y justicia que no llegaba, los representantes de las víctimas denunciaron en 1997 los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[9]. El 23 de marzo de 2004 la CIDH sometió ante la CoIDH la demanda por el caso de la Masacre de Pueblo Bello alegando que «la desaparición forzada de 37 [personas] así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo Bello en enero de 1990 se inscribe como un [...] acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares entonces liderados por Fidel Castaño en el departamento de Córdoba perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la consolidación del control paramilitar en esa zona del país»[10].
En enero de 2006 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la libertad. La Corte ordenó: i) investigar y sancionar a todos los responsables, ii) buscar e identificar a las víctimas, iii) tratamiento médico o psicológico, iv) realizar un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, v) construir un monumento para recordar los hechos, vi) publicación de la sentencia, vii) pago de indemnizaciones y viii) un programa de vivienda.
Sobre el estado de cumplimiento de la sentencia, Alejandro Malambo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, comenta: «De todas estas medidas en realidad se ha cumplido muy poco, lo único ha sido el acto de disculpa y desagravio que se cumplió hace cerca de tres años, pero en las otras medidas sustanciales no han habido avances o ha habido muy pocos. Lo que hay que rescatar es que a partir de la sentencia se ha logrado condenar a cuatro paramilitares más»[11].
Esta conmemoración se torna importante ante la falta de cumplimiento de la sentencia ya que son los propios familiares quienes la organizaron. José Daniel Álvarez, hijo de José del Carmen Álvarez Blanco, una de las personas desaparecidas, es parte del Comité de Impulso creado para realizar dicho evento y él ha sido acompañado por Brigadas Internacionales de Paz desde 2005. A lo largo de estos años PBI ha compartido con él su infatigable trabajo y dedicación por encontrar el paradero de las víctimas y que se haga justicia. Es por eso que estar en esta conmemoración con él marca un hito en esta dolorosa historia. Mariana Sáenz, psicóloga de la Corporación Vínculos[12], comenta sobre el significado de esta conmemoración: «Es como un símbolo de la recuperación de la autonomía, de la posibilidad de tomar decisiones, de valerse por sí mismos y hacer las cosas que valoran importantes»[13].
La conmemoración inició con un acto ecuménico en la iglesia de Pueblo Bello en la que después de unas palabras de apertura de José Daniel y de miembros de organizaciones solidarias con la causa, se dio lectura al nombre de cada uno de los 43 desaparecidos. Entre lágrimas los asistentes escuchaban esas palabras mientras se proyectaba una foto del familiar y se leía una breve descripción de cómo era, qué hacía y qué gustos tenía.
Con flores y velas encendidas en mano salieron los familiares en caminata hacia el Mural de la Memoria después de la oración conclusiva dada por el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien hizo un llamado a la memoria y a la solidaridad. El Mural fue hecho para honrar la memoria de los campesinos desaparecidos y fue auspiciado y levantado por los propios familiares. En el mural fueron dibujados los rostros de los desaparecidos entre elementos comunes de la zona como una montaña, un maizal, dos caballos y flores de Bonche.
En el Mural hubo un ritual conmovedor en el que se evocaron los elementos Tierra, Luz, Agua y Flores. Para el elemento Tierra se dio lectura a un texto indígena Nasa sobre la Madre Tierra, para Luz los familiares encendieron velas y las colocaron al pie del Mural, para Agua el padre Giraldo roció con una flor los dibujos de los rostros plasmados en el Mural y para el elemento Flores finalmente los familiares arrojaron flores blancas. Todo esto mientras los familiares lloraban, se abrazaban, compartían y se solidarizaban.
Para finalizar la conmemoración los asistentes tuvieron la oportunidad de dar los últimos toques de pintura al dibujo de su familiar, posteriormente colocaron piedras con el nombre al pie del Mural y José Daniel leyó la declaración final en la cual se pide al Estado colombiano que cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana.
[1] Urabá: violencia y territorio en la historia contemporánea. En: ColomPBIa no. 16. Septiembre de 2010
[2] Bloque Elmer Cárdenas de Urabá. En: Verdad Abierta. 3 de octubre de 2011
[3] Tráfico de personas en el Urabá antioqueño. En: La Opinión. 13 de junio de 2011
[4] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de enero de 2006 Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Pág. 50, párr. 95.30
[5] Ibíd. Pág. 50, párr. 95.31
[6] Alejandro Malambo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas. Entrevista realizada en Pueblo Bello el 14 de enero de 2012.
[7] Ibíd.
[8] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. cit. Pg. 50 párr. 95.42
[9] Los representantes de las víctimas son la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
[10] Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. cit. Pg. 2 párr. 2
[11] Alejandro Malambo, Op. cit.
[12] Organización no gubernamental de acompañamiento psicosocial a población víctima de la violencia en Colombia.
[13] Entrevista a Mariana Sáenz realizada en Pueblo Bello el 14 de enero de 2012.