En el año 1997, 50 familias tuvieron que desplazarse del caserío de Andalucía empujadas por la violencia que se presentó durante la «Operación Génesis». Este operativo militar de la Brigada XVII en conjunto con la participación de paramilitares1 dejó un rastro de muertes, desapariciones, saqueos y quema de propiedades. Algunas de estas familias desplazadas se atrevieron a regresar hace tres años a una tierra cercana al caserío de Andalucía cuyo propietario, Enrique Petro, adecuó una parte de su predio para albergar a esas víctimas de la violencia y el desplazamiento. Ésta fue la primera Zona Humanitaria que se creó en la cuenca del Curbaradó, situada en Caño Claro.
Amanece en la cuenca de Curbaradó, territorio que forma parte del Chocó, en el Bajo Atrato. El 12 de septiembre de 2009, siete de las 50 familias desplazadas de su caserío hace 12 años regresan a Andalucía.
Después de la violencia de la «Operación Génesis» llegó la siembra de palma aceitera o palma africana —materia prima para agrocombustible— por parte de varias empresas2 extendiendo su oscura sombra por más de 25.000 hectáreas en la cuenca del Curbaradó. El rostro de esta cuenca, que hasta el inicio de siglo había sido considerada una de las mayores reservas ambientales del mundo, cambió por completo: desaparecieron árboles, ríos, quebradas, pájaros y animales, destruyeron escuelas, casas, iglesias y cementerios3.
Son las ocho de la mañana y empiezan a llegar a Caño Claro unas 70 personas afrocolombianas e indígenas de algunos lugares colindantes dispuestas a apoyar el esperado regreso. Van a ayudar con la delimitación de la nueva Zona Humanitaria (ZH) y a mochar palma en un acto de dignificación y de vida en el que los ojos de muchas de ellas se encharcan recordando que los cimientos que hoy se esconden bajo los enormes troncos de palma un día formaron parte de un hogar en el que hoy sólo habita la memoria.
Por el camino pasamos por el que fue cementerio del antiguo caserío de Andalucía, zona donde habitan trabajadores de Urapalma y Palmas del Curbaradó, empresas que hoy invaden ilegalmente esos predios. El cementerio originario de los años sesenta fue destruido y los restos arrojados al terreno posterior que está dividido por un canal de drenaje de palma4 donde aún se encuentran partes de la osamenta y la ropa de los difuntos enterrados en el antiguo cementerio.
«Ni siquiera respetaron la memoria de nuestros difuntos ni respetaron la vida de los seres humanos ni la riqueza de las aguas ni de los árboles. Hoy aquí sólo quedan máximo cinco árboles en pie, todos los acabaron, eran bosques más viejos que nosotros, nacimientos de agua, ríos y quebradas, pájaros y animales, que ya no existen»5.
Caminamos un poco más y encontramos un casino que ocupan más trabajadores que están bajo las órdenes del empresario palmero de la sociedad Palmas del Curbaradó, Jaime Sierra6.
Nos adentramos en el antiguo caserío de Andalucía donde hoy sólo quedan erguidas las ruinas de una escuela. En este día la cama, la cocina y la sala tendrán que ser improvisadas convirtiendo la escuela en un refugio de cambuches y carpas para albergar a las familias que han regresado al suelo donde se alzaban los techos de sus casas. Muchos recuerdan con añoranza las historias de su juventud y su infancia, señalan con tristeza el pedacito de tierra donde sus hijos habían jugado y miran a un horizonte de montañas tejidas en azul con lemas de esperanza y paz.
El trabajo comunitario se pone en marcha con la delimitación de la zona, la colocación de los carteles de indicación de población protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la mocha de palma que queda dentro del predio. Hay quienes comienzan a construir sus casas. La emoción se adivina en los ojos de la gente, también la tristeza.
Don Elías —dueño legítimo de la tierra donde se ha empezado a construir la nueva ZH de Andalucía— nos indica dónde estaba su casa. Allí resisten tres árboles de mango, el único recuerdo que tiene aparte de algunos cimientos que descubre bajo la hierba. La vida va a continuar siendo difícil de ahora en adelante ya que el alimento se consigue complicadamente cuando la tierra está dolorida aún por las raíces de la palma. La palma aceitera es muy exigente con la tierra dejándola bastante estéril y, al ser autóctona de África, necesita tierra muy seca para crecer por lo que hay que drenarla y para ello se cortan canales grandes. Pasan 30 años hasta que la tierra se recupera después de quitar la palma7.
Una sentencia obliga al desalojo de las empresas
El 15 de octubre de 2009 se publicó una Sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó que deja constancia de las reiteradas pronunciaciones del campesinado desde hace tiempo. La decisión judicial es de obligatorio cumplimiento para 42 «ocupantes de mala fe», entre ellos nueve empresas palmicultoras, dos ganaderas, dos comercializadoras y 29 personas naturales que tienen que desocupar la tierra colectiva de las comunidades. Aunque la salida de estos actores debería ser inminente, siguen allí y la actividad de las empresas continúa8.
En la cuenca del Curbaradó se siguen ocupando 23.000 hectáreas de propiedad colectiva que han sido usurpadas por empresas palmicultoras y ganaderas9. Según la Resolución 2424 del 2007 de INCODER, 29 predios individuales siguen en propiedad de estas personas, aún teniendo muchos procesos abiertos y existiendo varios fallos jurídicos nacionales e internacionales.
En la Zona Humanitaria de Camelias, a unas dos horas de camino de Andalucía, la gente volvió a mitades de 2008 a su tierra, pero aún así se siguen cultivando de forma ilegal grandes extensiones de palma aceitera en un 70% aproximadamente de la tierra colectiva por las empresas Palmas S.A. y Urapalma. Estas tierras que fueron arrebatadas violentamente desde 2001 a las comunidades legítimamente propietarias mediante operaciones paramilitares consentidas por la Brigada XVII hoy en día ocupan 1.050 hectáreas.
En este momento debido a la «pudrición de cogollo» —enfermedad que sufre la palma africana en esta región— las mismas empresas y otras que están pujando por entrar en la zona —como BANACOL—, están comenzando a sembrar otro tipo de monocultivos como plátano, yuca amarga o maíz que también sirven para la fabricación de agrocombustible10.
El 15 de febrero de 2008 se inició una nueva fase dentro del proceso de la propiedad colectiva y predios individuales que fueron «ocupados de mala fe» por empresas palmeras, ganaderas y madereras. En febrero de 2009, cerca de 254 hectáreas en el Cetino sembradas hasta ese momento ilegalmente por Agropalma y las 1.050 hectáreas de Camelias fueron «devueltas» en un acto sin soportes jurídicos que hoy en día no se ha hecho efectivo. Un tema de preocupación es que la restitución material de la propiedad derive la responsabilidad a las comunidades de atender el problema fitosanitario causado por la palma que se encuentra enferma11.
Empieza a anochecer, los cambuches están listos y las siete familias que han regresado a Andalucía hoy, pueden cerrar los ojos pensando en lo que tanto habían soñado: «Volver a sus tierras y comenzar una vida sembrada con nuevas esperanzas».
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A petición de CIJP, PBI acompañó el regreso de las familias en calidad de organización observadora. La fuerza pública también hizo presencia brindando protección perimetral a propósito de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tienen las comunidades de la cuenca del Curbaradó12.
NOTAS:
1 «La Tramoya: Derechos Humanos y Palma Aceitera. Curbaradó y Jiguamiandó», 2005, CIJP y Banco de Datos del CINEP. «Operación Para "Pacificar" Urabá Devolvió A. Del Río A La Prisión», El Tiempo, 5 de septiembre de 2008
2 «Palma, bendita que se hizo maldita. el caso del Curbaradó y Jiguamiandó», CIJP, enero de 2007
3 «Han pasado 12 años... y estamos dignificando nuestra vida», CIJP, 29 de septiembre de 2009
4 «Los usurpados del Chocó», Semana, 14 de marzo de 2009
5 Ibíd. 3
6 «Constancia y Censura Ética 170209», CIJP, 17 de febrero de 2009
7 «La palma africana», Ecoportal.net, 10 de julio de 2006
8 «Orden judicial para restituir predios comunitarios en Curbaradó y Jiguamiandó», CIJP, 5 de noviembre de 2009. Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó, Resolución Defensorial N° 39 del 2 de junio de 2005, Defensoría del Pueblo
9 «Devolución parcial de tierras en Curbaradó», CIJP, 19 de febrero de 2009
10 «Amenazas para empresariales, plan gota a gota de exterminio Curbaradó y Jiguamiandó», CIJP, 24 de noviembre de 2009
11 Ibíd. 9
12 «Informe sobre la Visita al Terreno», Comisión Interamericana de Derechos Humanos, www.cidh.org/countryrep/MPColombia2.20.09.sp.htm