Alejandra González Marín con Obtilia Eugenio Manuel y Valentina Rosendo Cantú

Alejandra González Marín es psicóloga y trabaja en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan desde hace cuatro años. Trabaja con víctimas de violencia doméstica y violencia sociopolítica, y con organizaciones como la OMESP y la OPIM quienes se han enfrentado con judicializaciones en su contra. Mucha de la población con quien trabaja son indígenas y de pocos recursos financieros.  El 11 de julio de 2008, una voluntaria de PBI habló con Alejandra sobre su trabajo en Tlachinollan.

¿Nos puedes dar una idea de en qué consiste tu trabajo?

“Coordino el programa de atención psicológica a víctimas, que pertenece al área jurídica de Tlachinollan. Los abogados me canalizan las asesorías relacionadas a casos de violencia doméstica y violencia sexual, principalmente.
    Por otro lado, el programa atiende casos relacionados con la violencia sociopolítica, que traen como secuelas graves violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el campesino ecologista Felipe Arreaga en su momento, actualmente  los cinco presos con delito fabricado de la OPIM y desde hace tiempo, las amenazas constantes y el hostigamiento que sufre directamente la Secretaria de la Organización, Obtilia Eugenio Manuel.
    El acompañamiento psicosocial en condiciones de violencia sociopolítica es muy delicado, pues hablar de justicia en el estado de Guerrero es muy relativo, pues quienes sufren de violaciones a sus derechos humanos, no siempre la alcanzan. En ocasiones se tiene que trabajar con las personas, sin la certeza de que se logrará alcanzar la justicia”. 

¿Y qué efectos psicológicos de la judicialización puedes observar?

“Se dan de diferentes maneras: Por ejemplo, los presos tienen diferentes reacciones y secuelas que quienes están afuera y también sean parte de una organización. Quienes se encuentran  presos, continuamente se preguntan:  ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Una parte del trabajo consiste en buscar las razones por las que se les ha criminalizado, pues principalmente han luchado por sus derechos y es la razón por la que están ahí. O sea que la situación no es justa, no debe ser, pero cuando tienen la claridad de por qué están adentro, van a tener mayor fortaleza para soportar el encierro.
    El objetivo de criminalizar a una organización es desmovilizarla. Aunque se sienten con fortaleza, con capacidades reales y organizados, [hay que] hacerles notar que en realidad no son tan fuertes y mostrarles el poder del Estado. Al final, si cae el trabajo de la organización, están logrando el objetivo. Una de las secuelas de la  judicialización es lo que pasa con muchas organizaciones: que tienen que dar un giro totalmente y se tienen que concentrar por  luchar por la liberación de los presos y, (...) ya no pueden trabajar por sus derechos. Nosotros, en Tlachinollan, con el área educativa y con el programa, trabajamos con ellos para que el trabajo de la organización continúe y no sea solo por los detenidos por quienes se enfoquen todos los esfuerzos”.
    Además, las familias de los presos se encuentran con la economía familiar destruida por tener al padre o esposo preso. Como resultado, las mujeres se involucran más en la organización, también se han hecho activas, en un contexto en que no han participado activamente en el pasado.
    Otra de las fuertes secuelas, son los rumores entre las comunidades que hacen que baje el nivel de participación porque la gente comienza a tener más miedo o reafirma rumores anteriores, confirmando la idea negativa de que quienes se organizan, son delincuentes y quienes luchan van a la cárcel, desmovilizando así cualquier iniciativa.
    Y por otro lado, otra secuela se da con los líderes de la organización, por ejemplo Obtilia Eugenio, secretaria de la OPIM, quien ha sido hostigada, amenazada, y vigilada, pues para el Estado se ha convertido en un mal crónico. En lo personal, considero que  Obtilia es un buen ejemplo de violencia dirigida contra la mujer, y en ella, contra una luchadora y defensora de derechos humanos, pues en ella se conjuga claramente el abuso del Estado, valiéndose de cinco condiciones: su ser mujer, su ser madre, su ser indígena, su ser pobre y su ser luchadora social. La lógica de quienes la hostigan es que Obtilia puede parar en cualquier momento, preocupada por sus hijas e hijo, o su familia, su esposo, además de que ella es central para la organización, pero se equivocan, pues las convicciones de una mujer como Obtilia van mucho más allá del desgaste que le generan, pues sin duda hay ciertas secuelas emocionales, pero es lo que periódicamente trabajo con ella.”

Y que puedes decir de efectos psicológicos a largo plazo?

“En sí, el objetivo a largo plazo de la judicialización es la desmovilización de la organización.  En los presos, otro efecto a largo plazo, es que al  pasar meses o años en la cárcel, al salir se encuentran con unas condiciones o un contexto muy diferente al que había previo a su encarcelamiento. Por ejemplo sus esposas se han empoderado más, la organización  ha avanzado o se ha debilitado, entre otras cosas; ellos no saben como entrar de nuevo en la familia, en la organización y corren el riesgo de quedarse victimizados en vez de continuar siendo los líderes campesinos que eran.”