13 de febrero de 2012
Comunicación de prensa
PBI México
Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz, PBI), organización internacional no gubernamental con más de once años de presencia permanente en el estado de Guerrero y reconocida por las Naciones Unidas, se reune nuevamente con el gobierno del estado de Guerrero. Hoy, día 13 de febrero, representantes del proyecto de PBI en México mantuvieron un encuentro con los miembros del gabinete del gobernador, el Licenciado Ángel Aguirre Rivero.
Además de presentar el trabajo de PBI en el país a la administración de Aguirre, Ben Leather, Coordinador de Incidencia, y representantes del grupo en Guerrero compartieron algunas preocupaciones acerca de la situación de los derechos humanos en el estado. Subrayaron la importancia de que el Gobierno proporcione protección, espacios de diálogo y consulta, y reconocimiento a la importante labor de los defensores y defensoras de derechos humanos.
PBI destacó la reciente detención de Maximino García Catarino por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, el 21 de enero de 2012, en la comunidad de Juquila, Municipio de Ayutla de los Libres, donde PBI realiza labores de acompañamiento internacional. Maximino es uno de los 107 defensores de derechos humanos en Guerrero beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación acerca de la relación entre la detención del defensor y su labor en pro de los derechos humanos y han responsabilizado a las autoridades de garantizar un juicio justo, incluida la defensa efectiva y un proceso imparcial.
Por otra parte, el reciente recurso de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) en el caso de Bonfilio Rubio Villegas ha despertado especial inquietud debido al cuestionamiento del alcance y la validez tanto de la sentencia Radilla contra el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas instituciones establecían la necesidad de que fueran la justicial civil quienes investigaran y juzgaran casos de violaciones de derechos humanos por parte de elementos militares en los que las víctimas fueran civiles, en lugar del fuero castrense.
PBI expresa su preocupación acerca de estos recientes acontecimientos y transmite al gobernador la necesidad de implementar de forma cabal las medidas otorgadas tanto por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos como por la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos, en la medida de sus competencias, y, en especial, reitera la importancia del reconocimiento del trabajo realizado por los defensores de derechos humanos por parte del gobierno del estado de Guerrero como parte fundamental para la protección de su integridad física y moral.
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