Comunicado de prensa

Oaxaca, Oax.- 20 de febrero de 2013. Representantes de PBI en México se reunieron con el Gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, para compartir las preocupaciones acerca de la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en la entidad. PBI planteó algunos de los retos en torno a la protección de las y los defensores como el adecuado funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones y la implementación cabal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos a nivel estatal, en cooperación con los beneficiarios de las mismas.

Durante el encuentro en el Palacio de Gobierno, el representante de PBI, Ben Leather, reconoció la apertura del gobierno de Gabino Cué hacia la protección de personas defensoras, pero advirtió de las preocupantes cifras de agresiones registradas hasta el momento. El último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México, después de Chihuahua, en número de ataques a personas defensoras en 2011, situándose a la cabeza en el primer trimestre de 2012¹. Los defensores y las defensoras de derechos humanos aún siguen reportando amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos. Debido a la situación de riesgo enfrentada por las personas defensoras, PBI mantiene un equipo permanente en Oaxaca desde 2008.

En 2012, defensoras y defensores acompañados por PBI fueron objeto de amenazas y ataques relacionados con su labor. Durante los meses de marzo y abril, la abogada Alba Cruz Ramos², integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) y beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007; Wylfrido Mayrén (Padre Uvi)³, fundador del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, y el Padre Alejandro Solalinde Guerra⁴, director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” y con medidas otorgadas por la CIDH en 2010, denunciaron agresiones en su contra; sin embargo, las investigaciones sobre el origen y la autoría de los hechos no han avanzado. Durante el encuentro con el gobernador, Ben Leather subrayó la necesidad de acabar con la impunidad y agilizar la procuración de justicia para evitar la repetición de este tipo de situaciones.

PBI ha acogido con optimismo los avances en materia legislativa y la reciente creación de instituciones que pretenden brindar una mejor atención a las y los defensores y mejorar la situación de derechos humanos en Oaxaca. En un documento publicado en noviembre de 2012, con motivo del cumplimiento del segundo año de gobierno de Gabino Cué, PBI destacó el potencial de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Sala de lo Constitucional y de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos⁵. Sin embargo, en este mismo escrito, PBI transmitió las preocupaciones de los integrantes de las organizaciones acompañadas, quienes han observado y padecido deficiencias en el funcionamiento de los nuevos organismos. PBI México compartió con el gobernador de Oaxaca la importancia de aportar mayores recursos y la capacitación de los funcionarios, de acuerdo a las necesidades de las personas defensoras y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y solicitó información sobre cómo va a proceder el gobierno al respecto de estas recomendaciones.

El caso de la comunidad de San Dionisio del Mar, Istmo de Tehuantepec, fue otro de los temas planteados al gobernador Gabino Cué. PBI compartió la especial inquietud generada en los últimos meses, tanto dentro como fuera de México, ante la creciente tensión entre los comuneros que se oponen al proyecto eólico y la empresa autorizada a realizar la instalación. Los propios comuneros y las organizaciones que han acompañado el proceso, como Codigo-DH y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron la presencia de elementos de la policía estatal con el objetivo de impedir las manifestaciones⁶. PBI externó su preocupación ante la información recibida e hizo hincapié en que los tratados internacionales suscritos por México reconocen el derecho a una consulta libre, previa e informada y a la libertad de manifestación.

En relación a la oposición a este tipo de proyectos, PBI recordó que personas defensoras han denunciado hostigamientos y agresiones en su contra como es el caso de la defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea del Istmo y beneficiaria de medidas de protección de la Defensoría de Oaxaca desde 2011. También señaló que no se trata de un hecho aislado, pues entre las conclusiones de la misión convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y PBI en octubre del año pasado destacó que muchas de las agresiones en Oaxaca se dan en contra de personas y organizaciones comunitarias en defensa de la tierra y territorio⁷.

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