Peace Brigades International ha lanzado un proyecto de acompañamiento para organizaciones nicaragüenses, grupos sociales y defensores individuales de derechos humanos exiliados en Costa Rica. El proyecto busca acompañar a aquellos que se han visto obligados a abandonar su país debido a la violencia política intensificada pero que mantienen vínculos con los movimientos de derechos humanos nicaragüenses y esperan regresar una vez que las condiciones mejoren.

Este es un proyecto nuevo y temporal que tiene como objetivo ofrecer apoyo para la construcción de estrategias para el fortalecimiento y la protección organizativa y comunitaria, desde un enfoque de construcción de paz y con una perspectiva psicosocial y de género.

El proyecto busca abordar los impactos en la salud mental que causa el desplazamiento, al tiempo que fomenta la creación de redes y la confianza entre los defensores en situaciones similares. Junto con los talleres de protección y seguridad, PBI espera que este enfoque ayude a esta comunidad a mantenerse activa, denunciando el abuso de los derechos humanos en Nicaragua, a pesar de encontrarse fuera del contexto.

Contexto

El 11 de marzo, The Guardian informó: «Más de 100,000 personas han huido de la persecución en Nicaragua, con cifras que aumentarón, dos años después de que el país se sumió en una crisis social y económica, advirtió la agencia de refugiados de la ONU».

Ese artículo agrega: «Costa Rica, el país vecino de Nicaragua, ha recibido a la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo, acogiendo a dos tercios, o 77,000 personas. Otros 8,000 huyeron a Panamá y 9,000 se fueron a Europa, mientras que México alberga a 3,600 nicaragüenses. En total, 103.600 buscan refugio a nivel mundial «.

En septiembre de 2019, Associated Press había informado, [La Comisión Interamericana de Derechos Humanos] dijo que el 20% de los nicaragüenses en el exilio son estudiantes que participaron en protestas; El 23% son defensores de los derechos humanos o líderes de movimientos sociales y rurales; y el 18% son personas que ayudaron a los manifestantes con alimentos, medicinas y casas de seguridad. Otros son médicos, periodistas y ex soldados o policías que se negaron a participar en la represión «.

Parte de esta crisis tiene sus raíces en las protestas que comenzaron en abril de 2018.

En ese momento, informó Reuters, «Miles de nicaragüenses salieron a las calles en protesta por los cambios controvertidos a la seguridad social que pretendían aumentar los pagos de los trabajadores y empleadores y reducir las futuras pensiones».

Un año después, Amnistía Internacional señaló: “El gobierno del presidente Ortega continúa su estrategia de represión y violaciones de los derechos humanos, a pesar de los numerosos llamados de organizaciones internacionales y los esfuerzos decididos de la sociedad civil para encontrar una solución rápida que defienda los derechos de la población. «

La vida es un desafío para los exiliados nicaragüenses en Costa Rica.

Associated Press informa: «Algunos ciudadanos que anteriormente eran de clase media están teniendo problemas para poner comida en la mesa y mantener un techo sobre sus cabezas, mientras que otros de la clase trabajadora se ven reducidos a vivir en la indigencia».

El New York Times ha destacado: “La mayoría de los nicaragüenses que han cruzado a Costa Rica desde la primavera [2018] se han mudado con familiares o amigos. Otros han terminado en refugios de facto establecidos en hoteles baratos, algunos en el barrio rojo de San José, donde los grupos religiosos y otras organizaciones comunitarias pagan sus habitaciones. Y aún otros han dormido en parques y en la calle o han sido acogidos por ciudadanos privados «.

A principios de esta semana, el Havana Times informó: “Francisca Ramírez, una de las líderes más reconocidas de los movimientos sociales de Nicaragua, tuvo que abandonar el país [en septiembre de 2018]. … Al llegar a Costa Rica, Ramírez se encontró con una crisis humanitaria entre los nicaragüenses que habían huido debido a la crisis «. AP señala: «[Ramírez es] a menudo mencionado en el mismo aliento con la activista ambiental hondureña asesinada Berta Cáceres».

El New York Times también señaló: “Los líderes nicaragüenses de las protestas callejeras, que se encuentran entre los más buscados por la administración de Ortega, han buscado refugio en casas de seguridad. Temen que el gobierno nicaragüense haya enviado espías a Costa Rica para perseguir a los manifestantes en el exilio «.

El Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua nunca más señala que los detenidos en Nicaragua experimentaron «violaciones sexuales, asfixia con bolsas de plástico, golpes y patadas, descargas eléctricas, quemaduras de cigarrillos, uso de la» ruleta rusa «y abuso verbal sostenido».

Y la BBC informó: “El gran aumento de solicitantes de asilo no ha pasado desapercibido entre los costarricenses y algunos han salido a las calles en protesta. [En agosto de 2018] alrededor de 500 marcharon al Parque de la Merced, un parque en San José frecuentado por nicaragüenses. Agitando banderas costarricenses, gritaron «nicaragüenses» y amenazaron físicamente a algunos refugiados. Fue el primer mitin anti-extranjero de Costa Rica en los tiempos modernos … «

Si bien este nuevo proyecto de PBI tiene su sede en Costa Rica, PBI ha trabajado anteriormente en Nicaragua. Como se señala en nuestro sitio web, “En septiembre de 1983, 10 voluntarios de PBI mantuvieron una presencia corta en Jalapa, cerca de la frontera hondureña, interponiéndose entre contras respaldados por Estados Unidos y las fuerzas sandinistas para disuadir las hostilidades. Este trabajo inicial de PBI fue asumido y continuado por Witness for Peace ”.