La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC)1 es una organización social que, en su labor de defensa de los derechos humanos, adelanta investigaciones sobre la responsabilidad de la multinacional petrolera British Petroleum (BP) en los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales en el departamento de Casanare. COS-PACC ha participado en la realización del informe «Casanare: exhumando el genocidio»2 publicado el 31 de octubre de este año. A continuación presentamos un resumen de este informe.
La llegada de la British Petroleum a Casanare
La BP llegó a Colombia en la década de 1920, pero sólo desde 1986 estableció una presencia significativa a través de la adquisición de terrenos en el piedemonte de la Cordillera Oriental. Según el informe, la BP dispuso y patrocinó la presencia de mercenarios extranjeros que apoyaban — apoyan— las operaciones extractivas. También destaca que BP contrató fuerza pública colombiana para proteger sus negocios. El Ejército colombiano, a través de la Brigada XVI, sigue recibiendo dinero de la BP. Además de los contratos formales, la empresa da un bono de entre 700.000 y 800.000 pesos a oficiales y suboficiales de esta brigada por su papel en la protección de la infraestructura petrolera3.
El informe subraya que la región se caracteriza por un alto grado de militarización. La Brigada XVI recibe un gran apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos que supuestamente está condicionado a unos estándares de comportamiento en materia de derechos humanos. Pero en realidad, el período más violento se inicia en los 90 —y aún se prolonga— con el seguimiento, señalamiento y asesinato del campesinado organizado y miembros de Juntas de Acción Comunal por parte de grupos paramilitares. La desaparición forzada se convierte en algo corriente para estos grupos.
Los impactos de la explotación petrolera
Las explotaciones de la BP en los años 90 convirtieron en muy poco tiempo el piedemonte llanero, que era una zona marginada y agrícola, en la principal zona de producción petrolera en Colombia. Vinieron extranjeros y ciudadanos de otras regiones del país para beneficiarse de la riqueza petrolera que ocasionó una transformación radical de las condiciones sociales y culturales de la región. El campesino pasa a ser obrero de la industria petrolera, disminuyendo las posibilidades de construir, junto al tejido familiar, condiciones para garantizar soberanía y seguridad alimentaria4.
De acuerdo con el informe, la usurpación de los recursos naturales genera impactos ambientales negativos como la destrucción de fuentes de agua, alteraciones del ecosistema asociadas a la quema de gas, daños en el suelo ocasionados por la sísmica o la construcción de carreteras sin planificación.
Mediante muchos métodos crueles fueron perseguidas personas representativas de los movimientos sociales de la región. Uno de los daños más grandes causados en el departamento ha sido la persecución y exterminio del movimiento social. El informe narra la cronología de esta agresión e incluye casos desde 1987 de desaparición forzada, desplazamiento, tortura física y psicológica, secuestro, detención arbitraria y asesinatos selectivos.
NOTAS:
1 PBI firmó un convenio de acompañamiento con la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC) en agosto de 2009.
2 «Casanare: exhumando el genocidio», Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Noche y Niebla y COS-PACC, 31 de octubre de 2009. COS-PACC recolectó los casos en colaboración con el CINEP. La publicación hace parte de la campaña «Víctimas y Derechos» propuesta por diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
3 Ibíd.
4 Ibíd.