Represión política y resistencia pacífica por los derechos humanos: el caso del movimiento social barranqueño

Para el movimiento social de Barrancabermeja el año 2010 se ha caracterizado por el recrudecimiento de la represión política[1] y ha dado cuenta del incremento intencional y sistemático de esta represión con el uso del miedo y la intención de romper el tejido social como estrategias protagonistas para debilitar y paralizar gran parte de los proyectos políticos por la defensa de los derechos humanos en la zona. Asimismo, PBI recoge los impactos psicosociales de dicha represión y las estrategias de afirmación y resistencia de las organizaciones afectadas. 

La represión política

Concretamente, esta represión se da por medio de amenazas[2] (telefónicas, directas a la persona afectada o a familiares, por correo electrónico y panfletos) intimidaciones, seguimientos, agresiones físicas, robos de información, difamaciones, señalamientos y judicializaciones[3].

Una lectura psicosocial de las mismas muestra cómo estas estrategias aparentemente aisladas y puntuales se concatenan conformando una estrategia de represión elaborada, intencional y sistemática cuyo objetivo es paralizar la lucha social de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Las amenazas se han convertido en una de las formas más comunes para generar miedo en la gente. Son reiterativas y llegan por distintas vías y en momentos inesperados generando un clima de tensión e incertidumbre. La mayor parte de las organizaciones entrevistadas y acompañadas por PBI Colombia han sufrido y sufren amenazas.

Igualmente, mencionar la cruda realidad de los barrios, comunas y corregimientos de Barrancabermeja[4] donde organizaciones como la Organización Femenina Popular (OFP) trabajan afrontando violaciones de derechos humanos sistemáticas a la sociedad civil que se ve afectada por distintas violaciones[5] como amenazas, asesinatos, 'balaceras' y ajustes de cuentas entre grupos armados ilegales, lanzamiento de granadas explosivas en espacios públicos, ejecuciones extrajudiciales y la reiterativa distribución de panfletos amenazantes por parte de distintos grupos armados ilegales[6].

Las judicializaciones

En cuanto a las judicializaciones, el caso de David Ravelo[7] de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) deja claro cómo paralizar el activismo de este histórico y reconocido líder popular y cómo golpear simbólicamente al conjunto del movimiento social dado el destacable papel de esta persona en la defensa de los derechos humanos. Otro golpe fue el dado a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) con miembros judicializados desde el año 2007[8] que deja a la organización en una situación de vulnerabilidad jurídica y de desprestigio.

Las judicializaciones parecieran ser un caso particularmente estratégico en tanto que tienen un bajo costo político y suponen un esfuerzo mínimo para los victimarios, mientras que por otro lado tienen un alto impacto social y político para las organizaciones afectadas. La judicialización permite mantener por un largo periodo de tiempo —desde que se inicia la investigación, se dicta la medida de aseguramiento, el encarcelamiento, el proceso judicial e incluso el periodo hasta el levantamiento definitivo de las órdenes de captura— a las personas defensoras de derechos humanos fuera del escenario de la denuncia y la lucha por los derechos humanos. Esto impacta en dos dimensiones. Por un lado, genera un impacto para la organización en cuestión y, por otro, para el resto de organizaciones en tanto muestra la represión a la que potencialmente se enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos. El efecto paralizante del miedo frente a una posible judicialización está servido.

Pero eso no es todo. Para que se dé una judicialización han de darse algunas condiciones previas que la permitan y la justifiquen. Y ahí es donde entran en juego señalamientos, difamaciones y estigmatizaciones. Estos hechos juegan un papel importante a la hora de crear opinión pública, instalar la duda sobre el trabajo, la credibilidad, la transparencia y la legitimidad de las organizaciones sociales. En el imaginario colectivo, estas organizaciones quedan marcadas o etiquetadas como organizaciones sospechosas a las que si posteriormente se las judicializa es porque «algo habrán hecho o algún vínculo ilegal tendrán».

Es decir, amenazas, seguimientos, difamaciones y estigmatizaciones funcionan, a veces, como antesalas de la judicialización.

La vivencia de algunas de las organizaciones entrevistadas tienen que ver también con el manejo de la información en los medios masivos, la presencia militar y paramilitar en los barrios de Barrancabermeja, las judicializaciones con las acciones del poder judicial o modificaciones de leyes que afectan los derechos humanos —como es el caso del levantamiento de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra—, entre otros.

Impacto psicosocial de la represión

La experiencia de la gente entrevistada arroja como impactos esenciales: el miedo, la ruptura del tejido social y el desgaste de los liderazgos.

El miedo es una reacción psicofisiológica que se activa frente a una situación amenazante que genera incertidumbre. Existe una distinción entre miedo y terror[9]. El miedo se activa frente a la incertidumbre y el terror frente a la certeza de lo conocido. El hecho de que el conjunto del movimiento social de Barrancabermeja se haya convertido en el foco de la represión de manera simultánea genera una vivencia de amenaza colectiva. Ahí tenemos la dimensión política del miedo que se da cuando existe la capacidad de paralizar un proyecto político.

Otro impacto es el desgaste de los miembros de organizaciones sociales. Vivir constantemente bajo la amenaza política y el miedo genera un cansancio acumulado que tiene efectos negativos en la salud física y psíquica de la gente[10]. El miedo puede convertirse en crónico[11] ya que la violencia es constante y no cesa. En esos casos, el miedo se convierte en un estado permanente de la vida cotidiana que afecta no sólo el trabajo de defensa de derechos humanos, sino también los espacios familiares, comunitarios y la vida íntima de las personas afectadas.

Igualmente, el miedo pasa de lo individual a lo colectivo en tanto se cuela en la dinámica de las organizaciones rompiendo las experiencias comunitarias y colectivas. El mensaje ya no es individual sino colectivo porque la intención de romper no se dirige a una sola organización sino al conjunto del movimiento social. Esto crea un clima de tensión y desconfianza que puede conllevar el quiebre de las organizaciones y plataformas comunitarias.

Rescatar la memoria es entender el presente

Desde los años 80 y hasta finales de los años 90, Barrancabermeja tenía una fuerte influencia de la insurgencia armada. A su vez, debido al auge petrolero surge el ambiente obrero y la lucha social sindicalista. La ciudad se constituye con un emblemático movimiento político y social que se levantaba contundentemente a favor de la defensa de los derechos humanos conformado esencialmente por el sindicalismo, el campesinado, el movimiento indígena y el de mujeres. El 16 de mayo de 1998 tiene lugar una de las masacres más cruentas de la historia de la ciudad que marcará el inicio del control paramilitar. También en 1998 se da el Éxodo Campesino a Barrancabermeja donde participan unas 10.000 personas campesinas. Ese mismo año, la ACVC promueve la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra[12]. En el año 2000, las distintas organizaciones del movimiento social se unifican en una acción solidaria para contrarrestar los señalamientos, las amenazas y los allanamientos a la sede de CREDHOS. Posteriormente y en el año 2000 se da la toma paramilitar de Barrancabermeja. Los impactos de dicha represión se manifiestan en un éxodo en 2001 y hasta 2005 de varias organizaciones, entre ellas CREDHOS —y concretamente David Ravelo— y la OFP a causa de asesinatos selectivos y una ola de amenazas que se vio acrecentada hasta 2007. En general, el conjunto de las organizaciones fueron reprimidas durante los años de poder paramilitar y hasta la actualidad.

La resistencia pacífica por la defensa de los derechos humanos

A pesar de que la represión paramilitar significó el debilitamiento de gran parte del movimiento social, no logró exterminarlo totalmente. Al contrario, se mantuvieron algunas de las iniciativas y se activaron nuevos espacios organizativos como el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio (ETTTTDDHH) y el Foro Social de Barrancabermeja y del Magdalena Medio tuvieron un papel importante en la cohesión de lo que quedaba del movimiento social abriendo nuevas plataformas de derechos humanos desde un tejido social fortalecido.

Asimismo, la lucha por la legitimidad y legalidad de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, la constante denuncia y visibilización de las violaciones a los derechos humanos, el trabajo con el movimiento campesino e indígena en las zonas rurales, el trabajo de formación en derechos humanos con mujeres, niños y jóvenes en los intervenidos barrios de Barrancabermeja, la reinvindicación y la lucha legal por los miembros de organizaciones sociales judicializados son algunas de las estrategias de resistencia pacífica que estas organizaciones llevan a cabo en su trabajo cotidiano.

Por su parte, el apoyo de la comunidad internacional ha jugado y juega un papel importante de respaldo político y económico, así como de visibilización y validación de la realidad de las víctimas y ha permitido dar a conocer la falta de garantías políticas en el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos.

Para concluir, el desgaste que esta represión genera en los liderazgos no ha logrado someter al movimiento social, tampoco el miedo ni los intentos de generar desconfianza y de romper el tejido social y las organizaciones. Al contrario, la lectura política de estas estrategias —así como la evidencia de la sofisticación y el dinamismo de las estrategias de represión— fortalece a un movimiento que se une desde la convicción y la perseverancia de mantener su labor que es legal, legítima y transparente por la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, campesinos, sindicalistas, indígenas y, en general, de población rural y urbana especialmente de los barrios de Barrancabermeja, como es el caso del colectivo Lesbiano, Gay, Transgenerista y Bisexual (LGTB), fuertemente azotado por las lógicas de la intolerancia social.

PBI Colombia respalda la legítima defensa de los derechos humanos y analiza las nuevas estrategias de represión política y de ruptura del tejido social, los impactos en el movimiento social y apoya las iniciativas de resistencia pacífica en la defensa de los derechos humanos, aspectos amparados internacionalmente.