Según el Programa de Protección de Tierras, 5.4 millones de hectáreas —territorio mayor que Suiza— fueron abandonadas a causa de la violencia sólo entre 1998 y 2010. Foto: Sean Hawkey/ACT

Ley de víctimas y restitución de tierra

María Ligia Chavera es una mujer afrocolombiana de 72 años que ha luchado los últimos 14 para recuperar su tierra en el Chocó. Ella fue desplazada en 1997 junto con toda su comunidad de Curbaradó. «Anduvimos sufriendo, pasando trabajos, comiendo sin sal, lavando sin jabón, durmiendo en las montañas, poniendo las costillas encima de las serpientes»[1], cuenta ella recordando estos años de desplazamiento forzado. El despojo de la tierra a las víctimas del desplazamiento es uno de los flagelos más graves que vive Colombia[2]. Según el Programa de Protección de Tierras, 5.4 millones de hectáreas —territorio mayor que Suiza— fueron abandonadas a causa de la violencia sólo entre 1998 y 2010[3]. Según Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en muchos casos «[s]e aprovechó la coerción para comprar predios baratos y se obligó a la gente a firmar escrituras»[4].

Frente a esta problemática, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha planteado iniciativas para la restitución de tierras y a las víctimas que actualmente hacen curso en el Congreso de la República como un proyecto de ley unificado[5]. El proyecto busca crear mecanismos y estrategias para la entrega de tierras a la población desplazada[6]. Restituir dos millones de hectáreas de tierra a las personas despojadas —a razón de 250.000 por año— es una de las principales apuestas para iniciar lo que el Gobierno considera una reparación integral de las víctimas de la violencia[7].

Los desafíos del proyecto de ley

El proyecto ha provocado un amplio respaldo en los partidos de la coalición del Gobierno. Pero a pesar de que algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que «el proyecto de ley de víctimas y restitución hace un aporte fundamental porque reconoce, desde el Gobierno, que ese despojo existe»[8], organizaciones como por ejemplo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) tienen cierta reserva, hasta llegar al punto de rechazar la propuesta de ley[9].

Para Luis Jorge Garay, director de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento[10], este proyecto de ley está lleno de desafíos y obstáculos que llevarán mucho tiempo antes de ser solucionados[11]. Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA) e integrante del MOVICE, teme que la propuesta no tenga los resultados que se esperan. Identifica como principal problema que la reparación depende de la estabilidad fiscal: «El Gobierno presenta un concepto de reparación que está sujeta a unos criterios, como el de la estabilidad fiscal, que la pueden hacer totalmente ineficiente»[12].

Además, el proyecto propone la restitución de dos millones de hectáreas de tierras, pero según cálculos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) hay unos 6,5 millones de hectáreas de tierra despojada[13].

También quedan muchas preguntas abiertas: «¿Cómo logra una población desplazada mantenerse en la parcela restituida sin apoyo para la generación de ingresos y sin vías comunitarias, acueductos, energía y condiciones de seguridad? Por esta razón, es importante integrar al debate colombiano los Principios de restitución de viviendas y el patrimonio de desplazados refugiados y las personas desplazadas»[14].

El plan de choque del Gobierno Santos

Hasta abril de este año, el Gobierno de Santos tiene previsto un plan de choque en el cual quiere entregar tierra a 138.000 familias campesinas en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia, Cesar, Arauca, Meta y Putumayo[15]. Hasta enero de 2011 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) entregó 121.000 hectáreas a 38.000 campesinos bajo auspicio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[16].

Velar por la seguridad de los líderes sociales

En una finca conocida como «La Alemania» en el municipio de San Onofre (Sucre) 15 personas han sido asesinadas por sus actividades para lograr la devolución de la propiedad de 550 hectáreas[17]. La última víctima fue Rogelio Martínez de 48 años e integrante del MOVICE Capítulo Sucre que fue asesinado en mayo de 2010[18]. Durante el año 2010 sólo en Urabá fueron asesinados nueve campesinos que estaban liderando proyectos de recuperación de tierras despojadas[19]. En toda Colombia 40 defensores de derechos humanos y representantes de comunidades desplazadas fueron asesinados en el año 2010, 33 de estos desde que el presidente Juan Manuel Santos se posesionó y en el Congreso se tramita la Ley de víctimas y de restitución de tierras. Ello ha sucedido en por lo menos nueve departamentos, entre ellos Córdoba, Antioquia, Chocó, Sucre, Cauca, Valle del Cauca y las regiones del Magdalena Medio y Catatumbo[20]. Según el portal de internet sobre paramilitares y conflicto armado en Colombia, Verdad Abierta, «los testaferros de los paramilitares han intentado a toda costa impedir que se les devuelva las tierras robadas a los campesinos despojados». También afirman: «Los métodos que usan […] para intimidar y evitar que las víctimas reclamen lo suyo son los mismos que usaban antes de la desmovilización los paramilitares: señalar a los líderes como supuestos jefes guerrilleros, tratar de intimidarlos y al final asesinarlos para detener la restitución de las tierras usurpadas»[21].

Actualmente siguen las amenazas en contra de organizaciones que reclaman sus tierras y también hay un aumento de robos de información sensible hacia estos grupos[22]. Cristian Salazar, director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, se pronunció diciendo que «[l]a protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal, porque el Estado ante todo tiene la responsabilidad de proteger la vida»[23]. Y es ahí, según Garay, «donde está el veneno»[24].

La cantidad de tierras despojadas o abandonadas

Un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado  demuestra que el 90% de la población desplazada perdió su tierra. «La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es de cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país. Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas»[25].