Acto contra la desaparición forzada organizado por ASFADDES en Bogotá en mayo de 2009 que conmemora la Semana Internacional de Desaparecidos.

¿Dónde están los desaparecidos?

Gloria Gómez es la coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), organización en la que trabaja dedicándose a la lucha contra la desaparición forzada desde que en 1983, agentes del Estado desaparecieran, torturaran y asesinaran a su hermano Leonardo Gómez Cortés[1].

ASFADDES surgió en 1982 a raíz de la desaparición forzada de trece personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá comprometidos con la militancia de izquierda. La coordinadora de ASFADDES cuenta que las familias se fueron dando cuenta que habían similitudes entre las trece desapariciones: los trece eran estudiantes y cercanos a organizaciones sociales y todos los indicios mostraban la participación de hombres que se identificaron como del F2[2]. Al no tener respuesta por parte del Estado —que negaba los hechos— entendieron que lo único que podían hacer era unirse para buscarlos juntos. Así nació ASFADDES al entender que sólo unidos podían avanzar en esta desesperada búsqueda.

La lucha de ASFADDES y de Gloria Gómez es una lucha en contra de la impunidad, una lucha interminable para invocar justicia en Colombia y en nombre de todos los familiares de los desaparecidos en busca de la verdad, la única que puede aliviar el tormento de quienes nunca se han rendido en la búsqueda de sus seres queridos y de respuestas a los interrogantes que los martirizan cada día: «¿Donde están?, ¿Quién los secuestró?, ¿Siguen vivos?»

La desaparición forzada es el término jurídico[3] que designa a un tipo de delito caracterizado por la privación de la libertad de una o más personas por parte de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado que niegan tenerlas, con el fin de sustraerlas de la protección de la ley[4]. De esta manera se le niega a la persona desaparecida toda posibilidad de protección de garantías de derechos. Los familiares se quedan en un limbo ya que no saben dónde están ni si están vivas o muertas. Es la negación total de la tenencia de la persona y la sustracción del amparo de la ley e implica la violación de todos los derechos posibles.

En Colombia la desaparición forzada comienza a aplicarse en los años 70 como una modalidad represiva para eliminar a los opositores políticos al régimen y a los militantes de izquierda especialmente[5]. De acuerdo con Gloria Gómez, es una práctica aplicada por el mismo Estado para generar miedo, callar y eliminar a todos los que tienen una actitud de rechazo al régimen establecido. Desde entonces la desaparición forzada ha ido evolucionando. Si en los años 70 el fenómeno nació para eliminar a los militantes de izquierda como Omaira Montoya[6], ya en los años 80 el fenómeno se amplía y comienza a aplicarse también a los miembros de organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas y sindicales. Al mismo tiempo, mientras que en los años 70 la desaparición era absoluta —es decir se llevaban a las personas y no se volvía a tener noticia de ellas— en los 80 las personas desaparecían y los cuerpos reaparecían días, meses o incluso años después. Cuando la el objetivo era un escarmiento se botaba el cuerpo torturado, desfigurado y quemado donde fuera encontrado. Para Gloria Gómez, era una clara estrategia para generar terror y la gente empezó a no quererse organizar, lo cual afectó a todo el proceso de organización social y al ya débil tejido social.

A finales de los años 80 esta práctica, además de ser selectiva, se volvió colectiva e indiscriminada: empiezan a desaparecer no sólo militantes, miembros de organizaciones sociales o sindicalistas sino personas y grupos enteros sólo por el hecho de vivir en una región de alto conflicto social, político y armado o por transitar por ella. Un caso concreto es el de los 19 comerciantes que fueron desaparecidos en 1987 sólo por el hecho de transitar por la región del Magdalena Medio[7]. Igualmente en el caso de la masacre de Pueblo Bello en 1990, 43 hombres fueron llevados en dos camiones por un grupo paramilitar con la aquiescencia de agentes del Estado[8]. En estos dos casos indudablemente se generó mucho miedo y pánico en la población ya que los desaparecidos eran personas que no pertenecían a ningún tipo de militancia ni a ninguna organización social: cualquiera se había convertido en posible víctima de la desaparición forzada.

Ya para finales de los años 90 hasta el día de hoy las desapariciones forzadas no sólo se utilizan para eliminar opositores, golpear sectores organizados y generar terror sino también para tener control y dominio sobre comunidades, poblaciones y regiones enteras[9].

¿Cuántas son las víctimas hasta el día de hoy?

Es una pregunta sin respuesta. Son aproximadamente 42.000 personas desaparecidas según la cifra gubernamental, de las cuales 1.130 en los últimos tres años[10]. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación contempla la cifra de más de 32.000 desapariciones forzadas[11]. Es muy difícil tener una cifra exacta porque por un lado la desaparición forzada se ha dado por más de tres décadas y por otro lado muchas familias denunciaron antes de la entrada en vigor en el año 2000 de la Ley 589[12], lo que quiere decir que muchos casos fueron denunciados por secuestro simple mientras que otros se perdieron con el tiempo. Asimismo muchas familias no han denunciado por miedo porque el silencio en Colombia tristemente sigue siendo la única garantía de vida.

Este es el dramático escenario en el que ASFADDES —como parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAM)[13]— ha estado apoyando el proceso de redacción de la «Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas» y exigiendo a los Estados que se aprobara este instrumento para erradicar la desaparición forzada en el mundo. En 1988 y en 2005, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU vino a Colombia gracias a la gestión de ASFADDES para constatar la gravedad de la situación. La Convención ha sido un logro de ASFADDES que ha apoyado y contribuido a la lucha mundial de los familiares de las personas desaparecidas en esta exasperada búsqueda de verdad y justicia. La Convención fue ratificada por Colombia en octubre de 2010 lo cual abre una rendija de esperanza para un país que ha sufrido la desaparición de miles de personas durante más de tres décadas, tiempo en el que los familiares siempre han tenido que enfrentarse con un silencio desgarrador. La aplicación de la Convención constituiría un avance para la superación de la impunidad en Colombia y el reconocimiento de los derechos de las victimas. Sin embargo, para que esto se convierta en realidad, el Gobierno debe aceptar públicamente la competencia del Comité sobre Desapariciones [14], reconocimiento que hasta ahora no se ha dado.

Según Gloria Gómez no sólo se trata de un acto político sino de humanidad: «todos los países del mundo deberían firmarla y ratificarla para que la desaparición forzada pueda un día desaparecer de la faz de la tierra».

Avances jurídicos

Colombia ha desarrollado un marco jurídico para encarar las desapariciones forzadas. La Constitución de 1991 prohíbe las desapariciones forzadas, pero no fue hasta el año 2000 que se promulgó la Ley 589 que prohibió expresamente las desapariciones forzadas y definió las sanciones penales para dicho crimen. La Ley 589 crea la Comisión Nacional de Búsqueda[15], el Registro Nacional de Desaparecidos y un mecanismo de búsqueda urgente para localizar personas desaparecidas. La aprobación de la Ley 1408 en agosto de 2010 podría significar el fortalecimiento de los derechos de las víctimas ya que apunta a «rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y a definir mecanismos para su localización e identificación». La Ley establece que los familiares de desaparecidos sean considerados víctimas y dispone de mecanismos para facilitar la identificación de los desaparecidos mediante la creación de un banco de perfiles genéticos de desaparecidos. En octubre de 2010, Colombia ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Esto permitirá que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas realice investigaciones y por lo tanto se convierta en otra herramienta para los abogados y las víctimas colombianas[16].