En sus 25 años como abogado de derechos humanos, Jorge Molano ha representado a víctimas en muchos casos emblemáticos.
PBI habla con el abogado Jorge Molano sobre la llamada Operación Dragón en la cual líderes sindicales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos del Valle del Cauca fueron objeto de un supuesto plan de asesinato y una campaña de desprestigio. En agosto de 2004 la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) descubrieron una serie de documentos oficiales que detallaban los aspectos de la Operación Dragón, un ejercicio de seguimiento ilegal sobre 170 personas —una de las víctimas es Berenice Celeyta, actualmente acompañada por PBI1— con el supuesto fin de asesinar a personas defensoras de derechos humanos, representantes sindicales y miembros de la oposición política en Colombia. La Fiscalía ha comprobado que la Brigada III, la Policía de Cali y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) apoyaron y colaboraron en esa recolección de información2. En octubre de 2011 fueron capturados tres militares por su participación en la Operación Dragón3, cuyo presunto coordinador fue el coronel Julián Villate Leal4 quien fue designado coordinador de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, entre diciembre de 2004 y julio de 2005, después de que la Operación fuera puesta en conocimiento de la opinión pública5.
En sus 25 años como abogado de derechos humanos, Jorge Molano ha representado a víctimas en muchos casos emblemáticos como el del Palacio de Justicia donde el coronel Luís Alfonso Plazas Vega fue condenado en segunda instancia por el delito de desaparición forzada agravada6. Por el riesgo que corre por los casos del Palacio de Justica, la Operación Dragón y otros, Molano cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. PBI ha acompañado al abogado desde 2009.
PBI: ¿Qué es la Operación Dragón?
Jorge Molano: Es un plan que se hace a través de la simulación de contratos de entidades públicas para hacer un supuesto estudio de riesgo al sistema energético de las Empresas Municipales de Cali. Ese estudio resulta siendo una labor de seguimiento para ubicar desplazamientos frecuentes y actividades, niveles de vulnerabilidad, nombres de familiares de directivos de Sintraemcali (Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali), de personas de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de Berenice Celeyta de la Asociación Nomadesc y del entonces representante a la Cámara Alexander López Maya.
PBI: ¿Cuáles fueron los objetivos del seguimiento a estas personas?
JM: Primero, generar un ambiente de miedo en estos sectores sociales en el Valle del Cauca. Segundo, atacar directamente al Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Cali pues se planteaba cómo debilitar la estructura sindical.
PBI: ¿Y por qué el seguimiento a Alexander López y Berenice Celeyta?
JM: Alexander López Maya venía planteando debates sobre la privatización de las Empresas de Servicios Públicos de Cali y Berenice Celeyta venía acompañando y asesorando a Sintraemcali en el tema de derechos humanos durante muchos años.
PBI: En octubre de 2011 fueron capturados tres militares en el marco de la Operación Dragón. ¿Considera esta captura como avance positivo con el caso?
JM: Este es un caso de alarmante y descarada impunidad. Es de los casos donde la justicia en Colombia no requería ni necesitaba pruebas testimoniales: tenía pruebas documentales que le permitían fácilmente poder avanzar en el establecimiento de las responsabilidades de los victimarios, contaba con la agenda personal de un coronel donde había abundante información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos, contaba con computadores donde había información borrada que daba cuenta de todas estas labores de inteligencia.
Hay unos cinco cambios de fiscal durante los primeros años; logramos a través de una tutela que se abriera la investigación. Luego de mucha insistencia, en 2011 se ordena la detención de tres militares con el agravante que es de carácter domiciliario, se van para sus casas. Es decir que el mensaje que envía la Fiscalía es que planear asesinar a defensores de derechos humanos en Colombia, políticos de oposición y sindicalistas no es un hecho que sea en sí grave y que permite no dudar de las personas que están planeando ejecutar estos crímenes y que supuestamente no constituyen un riesgo ni para los defensores ni para la sociedad.
Hemos pedido a la fiscal que ya es hora de que cierre la investigación y que decida si los va a llamar a juicio. Entre tanto hemos presentado el caso ya hace varios años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se establezca la responsabilidad del Estado colombiano. Y en este momento el proceso está en una fase de admisibilidad del Sistema Interamericano y con lo que viene sucediendo de que el delito de amenazas prescribe, el delito de violación del derecho a la asociación y a la sindicalización también prescribe y solamente se les vincula por delitos de concierto para delinquir, lo que vemos es que hay un cuadro de impunidad total hasta el presente.
PBI: ¿Considera que en los últimos años ha habido alguna mejora en cuanto a la impunidad?
JM: Yo creo que el problema sigue siendo estructural. Creo que aquí el problema no es que la impunidad sea de casos aislados sino que hay una práctica generalizada. Hoy se producen más sanciones contra miembros de la Fuerza Pública por casos de violación a los derechos humanos, pero el 95,98 % de las sanciones solamente refleja el 3 % de los crímenes que suceden en Colombia y están todas dirigidas contra mandos bajos.
PBI: ¿Con qué esquemas de protección cuenta actualmente?
JM: Nosotros teníamos un esquema de protección que brindó el Estado con carros blindados, personal de escoltas, chaleco, etc., que estuvo vigente hasta marzo del año pasado cuando reclamamos al Gobierno que aclarara cuáles eran las garantías que teníamos para el ejercicio de nuestra labor. En dicha oportunidad planteamos que las medidas materiales de protección, carros y este tipo de cosas, debían entenderse como complementarias a medidas que fueran disuasivas. En este caso estamos hablando de que debían existir unas medidas políticas y otras en materia de investigación. A finales de abril de este año la Fiscalía nos informó que en materia de investigación no se ha avanzado. En materia de medidas políticas solicitamos que se adoptaran desde el ministro de la Defensa y el ministro del Interior en relación con nuestra labor. Hemos completado catorce meses sin que el Gobierno adopte ninguna medida de carácter político.
Se ha contado afortunadamente con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y otras organizaciones que han sido solidarias, que han acompañado nuestra labor y nuestras gestiones. También creemos que ha sido muy importante la presencia y asistencia de delegados de diferentes embajadas a los juicios y a las audiencias ya que resulta ser un factor disuasorio frente a los victimarios.