Iniciamos este artículo con las palabras de Martha Cabrera, psicóloga nicaragüense, que plantea que “[las y] los nicaragüenses cargamos una dolorida mochila”, llena de duelos y traumas individuales y colectivos. Esta afirmación poderosa no viene sola, para Cabrera además somos “una sociedad con la historia atorada en la garganta” y “con una cultura del silencio y de lágrimas congeladas”.
La mochila de la que hablamos está cargada por dolores provocados por una sistemática violencia social y política marcada por la crueldad y la impunidad, promovida desde los más altos niveles. Esta violencia ha configurado una sociedad marcada por un ciclo de repeticiones interminables de violaciones de derechos humanos que no permiten avanzar en la construcción de un país basado en la justicia, democracia y libertad.
Como resultado de esta política de estado, en Nicaragua, entre 1821 y 2021 se han promulgado 52 amnistías e indultos de carácter político, siendo la ultima la Ley de Amnistía 996, aprobada en junio de 2019. Todas ellas con distintas características y contextos, han tenido los mismos fines: poner punto final a conflictos armados o saldar las rivalidades entre cúpulas de poder sin tramitar la injusticia. Ninguna contribuyó a cimentar el Estado de derecho, a fortalecer a las instituciones democráticas, ni a establecer mecanismos para una justicia independiente y garantista; entre otras razones porque ninguna implicó paz con justicia.
El 15 de septiembre de 2021 Nicaragua conmemoró su bicentenario. Con bombos, desfiles y discursos, se celebró la independencia, el inicio de la vida republicana y la ruptura con el reino de España. Sin embargo, en 200 años no hemos podido romper ni fracturar una cultura de violencia e impunidad, consolidada desde hace tres años por el Gobierno que no solo promueve la impunidad, sino que también la premia. En ese sentido, no hay independencia que celebrar.
De hecho, las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenían en su origen el hartazgo social frente a prácticas anti-democráticas y autoritarias de nuestros gobernantes. Esta situación se agravó desde 2007 cuando Daniel Ortega retornó al poder y tuvo una vuelta de tuerca en 2018 con el establecimiento de un estado policial consistente en la prohibición absoluta del derecho a la protesta, la criminalización de la protesta social y la represión como política de estado a las voces disidentes.
Desde 2018 las y los nicaragüenses somos víctimas y testigos de una brutal represión, de acciones que constituyen terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.
El gobierno nicaragüense no ha tenido límites en el uso de la represión para desmovilizar a la población y acallar sus voces mediante el terror.
Estas legítimas protestas y la violenta respuesta estatal resultaron en 328 personas privadas de la vida, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), miles de heridos como resultado del uso de armas letales contra la población, 1614 personas privadas de libertad de forma arbitraria hasta diciembre de 2020, según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la actualidad más de 150 presas y presos políticos y al menos 108 mil exiliados (información hasta septiembre de 2021). La respuesta estatal vino acompañada de un discurso oficial que niega estos crímenes y que persigue ferozmente a las voces disidentes y a las víctimas que demandan justicia acusándolas de terrorismo, traición y de pretender desestabilizar al país.
A modo de ejemplo, en septiembre de 2018 la población fue testigo del ascenso del capitán Zacarías Salgado, uno de los responsables de la “Operación Limpieza” en Masaya desplegada a partir de junio de ese año con saldo de decenas de asesinado [1]. Tres años antes de esta operación, Salgado había sido procesado y condenado a 11 años de prisión por una masacre en la comunidad Las Jaguitas de Managua, acción policial que resultó en la muerte violenta de tres personas de una misma familia, incluyendo dos niños, así como tres personas heridas. Pese a su condena, se desconoce si realmente alguna vez estuvo privado de libertad, pero 3 años después de estos hechos apareció dirigiendo el ataque en Masaya y en septiembre de 2018 fue ascendido por el Presidente Ortega a Comisionado, Salgado fungía como segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (TAPIR), un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señalado de abusos a derechos humanos.
Asimismo, en el marco del 42 aniversario de la Policía en septiembre de 2021, Daniel Ortega condecoró con la orden Rigoberto López Pérez a seis jefes policiales sancionados internacionalmente, todos ellos leales al mandatario y su círculo familiar, y todos señalados por diferentes organismos de graves violaciones de derechos humanos.
Pese a los esfuerzos del gobierno nicaragüense por silenciar la voz de las víctimas, estas, de diferentes maneras e incluso desde el exilio, han continuado en su legítima demanda de justicia.
A diferencia de otros contextos históricos donde el silencio ha sido impuesto y aceptado socialmente, esta vez las víctimas no están dispuestas a continuar con las lágrimas congeladas y las injusticias atoradas en la garganta.
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua (“Nicaragua Nunca Más”), conformado en 2019 por defensoras y defensores de derechos humanos exiliados en Costa Rica, acompaña a las víctimas de la represión en Nicaragua. En un poco más de dos años de labor ha logrado documentar 600 casos, entre ellos 108 testimonios de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
No ha sido fácil. La documentación desde el exilio implica enormes desafíos, sobre todo si se considera el contexto de pandemia, el incremento de la represión y la falta de voluntad política del gobierno nicaragüense frente a los llamados de la comunidad internacional que de forma reiterada han instado el cese a la represión, desarmar las fuerzas para policiales y restablecer el estado derecho. No obstante, en este difícil contexto, en el Colectivo tenemos el compromiso de continuar documentando estas violaciones no sólo como acciones preparatorias para futuros procesos de justicia sino como un antídoto contra el olvido.
El reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos es fundamental, así como procesos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos, la identificación de responsables, acceso a la justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. En ese camino, la documentación es un paso esencial para la sanación colectiva. De este proceso depende la construcción del país que nos merecemos las y los nicaragüenses, un país con justicia, libertad y democracia.
Juan Carlos Arce Campos | Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
[Fotografías: Delphine Taylor]
[1] En abril de 2018 como resultado de la represión se levantaron en las principales ciudades del país barricadas o bloqueos en zonas urbanas y principales carreteras, levantadas por la población en protesta como mecanismo de defensa ante los ataques de las fuerzas policiales. En junio de ese año el gobierno organizó una fuerza conformada por la fuerza policial y alrededor de cinco mil civiles armados (para-policiales), armados con armas de guerra, los cuales mediante la fuerza de la represión despejaron las vías y desmovilizaron la protesta, con un saldo de alrededor de 170 personas fallecidas durante el periodo (junio-julio).
Este artículo es parte de la revista de PBI Nicaragua en Costa Rica “Voces nicaragüenses en resistencia”, un proyecto que une distintas voces del exilio nicaragüense en Costa Rica. Se trata de un homenaje a las organizaciones y colectivos nicaragüenses que, desde el exilio, trabajan continuamente en la defensa de los derechos humanos, reuniendo las voces y los testimonios de quienes promueven esta labor a través de la acción no violenta y bajo una cultura de paz.