El presente informe tratará de dar seguimiento a otro publicado por PBI en el año 2006 sobre los impactos de la explotación minera, recogiendo ahora una perspectiva más amplia que toma en cuenta otras actividades de explotación de recursos naturales relevantes en el contexto latinoamericano, y aproximándose a la realidad específica de mujeres indígenas guatemaltecas. En contraposición a algunas alternativas existentes en el continente para impulsar un proceso de recuperación de los recursos naturales para los Estados, bajo control de los pueblos, el Estado Guatemalteco ha favorecido en el país su explotación privada, sin tomar en cuenta la opinión de aquéllos. Según la pagina web del Ministerio de Energía y Minas, en el año 2009 se han concedido en Guatemala alrededor de 400 licencias mineras; existen más de 15 proyectos hidroeléctricos operativos y casi otros tantos a punto de comenzar a operar (sumando un total 35). Junto a ellos también destacan los proyectos dirigidos al cultivo intensivo de palma africana, de maíz y de caña de azúcar.
La resistencia social indígena frente a estos proyectos y megaproyectos ha sido permanente y ha revestido diversas formas a lo largo del tiempo, pero en ella siempre han desempeñado un rol clave su propia cosmovisión y la territorialidad, elemento necesario para su supervivencia como pueblos.