“Cuando logré mi libertad, no sabía por donde irme, no conocía ni la calle. Me sentía como si fuera un pájaro encerrado, y cuando lo sueltan, no sabe por donde volar”, Isabel Almaráz Matías (33 años) de San Agustín Loxicha. “Para los indígenas no hay justicia”, dice Érika Sebastián Luis (27 años).

LOXICHA
Esta región está ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca. La población es mayoritariamente indígena, muchos de los cuales viven en pobreza extrema. En los años ochenta los campesinos empezaron a organizarse para exigir derechos y promover cambios sociales. “En 1986 eligieron a mi papá y otras personas en el cabildo de San Agustín Loxicha. Empezaron a hacer muchos cambios. En septiembre de 1996 se hizo una caravana a Oaxaca para exigir demandas: luz, agua, centros de salud”, explica Érika.

LA PERSECUCIÓN
La marcha a Oaxaca de la caravana coincidió con un ataque armado el 28 de agosto de 1996 en Crucecita, Huatulco, que fue atribuido al EPR y en el que murió una persona, identificada como una autoridad municipal de San Agustín Loxicha. Se produjo un despliegue del ejército y la policía en la región. Según Amnistía Internacional, en la región de Loxicha se acusó a comunidades enteras de pertenecer al EPR, lo que dio lugar a que sus habitantes sufrieran acosos, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. “En ese tiempo entraron y catearon toda Loxicha,  empezaron a sacar hombres, mujeres y niños de sus casas, los torturaron, y encarcelaron, sin saber de qué delitos les acusaban. A mi papá lo detuvieron y lo torturaron bien feo. Después de 15 días de desaparecido lo soltaron aquí en la ciudad de Oaxaca”, cuenta Isabel.

A partir de agosto de 1996, más de 130 indígenas zapotecas de la región de Loxicha fueron detenidos arbitrariamente, recluidos en régimen de incomunicación y torturados por las fuerzas de seguridad, según Amnistía Internacional. Fueron acusados de pertenecer al EPR. “Los cargos son de homicidio calificado, terrorismo, sabotaje, portación de armas, robo, privación ilegal de la libertad, pero son montajes judiciales. Ha habido muchas violaciones durante el proceso: No tuvieron una defensa adecuada. Todos fueron obligados a firmar declaraciones bajo tortura. Hablaban zapoteco, y no tuvieron intérpretes”, afirma Beatriz Casas Arellanes, abogada del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño. “Su único delito es ser pobres e indígenas”, opina Romualdo Mayrén Peláez (el Padre Uvi) párroco de Xochimilco en Oaxaca.

EL PLANTÓN
Al principio, no se atrevían a denunciar, pero empezaron a encontrarse en Oaxaca madres, esposas, viudas, hermanas e hijas de los asesinados, presos y desaparecidos de la región Loxicha. El 10 de junio de 1997 instalaron un plantón (presencia contínua en un lugar de la calle) frente al Palacio de Gobierno. Érika tenía sólo 15 años cuando llegó al plantón: “Yo empecé a participar porque el 15 de diciembre 1997 mi papá fue desaparecido. Fue torturado y lo presentaron el 25 de diciembre en el penal de Etla. Cuando entramos a visitarlo en la cárcel no nos reconocía. Había gente del gobierno que pasaba y nos amenazaba. A la vez nos daba miedo, y coraje ver a nuestros paisanos allá adentro encerrados. Tuvimos que tener el valor […] tienen a nuestra gente en las cárceles por unos delitos que no cometieron. Realmente son inocentes”, afirma Isabel.

DETRÁS DE LOS MUROS
La vida de Isabel Almaráz cambió totalmente el día 25 de junio de 2002. De luchar por la libertad de los Loxicha, pasó a encontrarse en prisión. “Una no sabe cómo defenderse, cómo hablar, con quién hablar, cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras. Yo lo viví en carne propia, a mí me detuvieron, me torturaron, yo vi como falsificaron firmas, declaraciones, delitos que en realidad no son ciertos”. Al ser detenida, Isabel sufrió tortura psicológica: “En ese momento, mi mamá estaba en estado de coma en el hospital. Entonces, me amenazaron con que iban a sacar a mi mamá de allá, que iban a desconectar los aparatos. Y luego a mis dos hijas se las llevaron al DIF, iban a desaparecerlas, o a adoptarlas. Después empezaron a fabricar delitos falsos, y decían -ahora sí, tienes que cumplir 60 años de cárcel. Tu de aquí no vas a salir”.

Isabel fue acusada, sin pruebas, de pertenecer al EPR. Cuenta que durante los 6 años de prisión, le controlaban sus visitas y llamadas y le presionaban para que se quedara quieta. Sin embargo, insistía en escribir cartas y buscar ayuda. Finalmente, después de 6 años y un mes, le condenaron a una sentencia de 3 meses y a una multa de treinta y ocho pesos. Al salir libre había cumplido su pena 24 veces: “Esos seis años no se olvidan, porque a pesar de que estás libre, está ese temor. A mi me amenazaban mucho allá adentro. Si hablas, el día de mañana el gobierno te desaparece, y ya no vuelves a estar con tus hijas.”

LUCHANDO CONTRA EL CARCELAZO
La vida en la cárcel es dura, pero los presos han sabido darse fuerza, como cuenta Isabel: “A veces, al estar sola en ese lugar una se sentía triste, desesperada. Si estaba mi papá por ahí me decía: —Ven, no estés triste, échale ganas, de aquí vamos a salir. Siempre lo veía yo muy alegre, nunca expresa su tristeza. Tiene sus momentos de carcelazo, pero no lo demostraba”. Érika sigue luchando por la libertad de su padre, Álvaro Sebastián Ramírez que lleva casi 12 años preso y cumple una sentencia de 29 años, acusado injustamente de homicidio. “Para nosotros como familia ha sido muy difícil. Muchas familias se desintegraron, muchas están resignadas. Yo también estuve por un tiempo. Pero con la libertad de la compañera me dio valor de seguir luchando, va a salir. Cuándo y cómo no lo sé, pero tiene que salir.”

Boletín: Defensores de derechos humanos detrás de las rejas - PDF (10.2MB)