PBI Honduras ha presentado recientemente el informe “La defensa de la tierra tiene nombre de mujer“ ante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) a Honduras del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en noviembre (tras ser postpuesto en mayo por la crisis del COVID19).

El informe concluye que las recomendaciones formuladas como parte del segundo EPU a Honduras en el 2015 no se están implementando con la suficiente atención a la situación de las mujeres defensoras de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

El informe recomienda a Honduras asumir varias medidas. Entre ellas: tomar acciones contra la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos; asegurar que la seguridad pública cumple con los estándares internacionales; proporcionar mecanismos de protección efectivos para las mujeres defensoras fortaleciendo así el acceso a la justicia y poniendo fin a la impunidad.

Con el proceso de concesión del territorio hondureño, que comenzó a principios de la esta década hay ya 302 concesiones mineras que cubren 2.173 kilómetros cuadrados. Este proceso ha dejado a las comunidades con la necesidad de defender sus territorios para conservar sus medios de vida, su cultura y el medio ambiente.”Tradicionalmente, la sostenibilidad de la vida y las actividades para satisfacer las necesidades humanas (alimentación, salud, educación, afecto) recaen en las mujeres”. Es por eso que esta explotación de tierras deriva en una vulnerabilidad aun mayor para las mujeres defensoras.

“Las cifras muestran que entre 2015 y 2018, al menos 31 personas defensoras de los DESC fueron asesinados. En 2016, Honduras fue considerado el país más peligrosos del mundo para ellas. Por su parte, las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia con un fuerte componente de género”. Además, existe una gran cultura de la impunidad: “el Índice global de impunidad sitúa a Honduras entre los 12 países con los niveles más altos de impunidad”.

Entre el 2013 y junio de 2018, 642 mujeres defensoras se enfrentaron a un proceso penal y un alto porcentaje eran mujeres defensoras de los DESC. “El país también ha presenciado un aumento en la militarización de la seguridad pública a través de la Policía Militar para el Orden Público (PMOP)”, creada como “una medida temporal” que ahora se ha “normalizado”.

Un ejemplo de esta militarización es el caso del allanamiento violento de la casa de la defensora María Felicita López en el Departamento de La Paz. López es la coordinadora del Movimiento Independiente Indígena Lena de la Paz – Honduras (MILPAH). El Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), acompañado por PBI, ha estado trabajando con MILPAH en sus resistencia contra la construcción de proyectos hidroeléctricos en su territorio.

En la madrugada del 22 de octubre de 2015, un grupo de 20 policías, 10 militares del batallón de infantería y 9 civiles allanaron tres casas. Durante el allanamiento, agredieron y amenazaron de muerte a tres mujeres y golpearon e intimidaron a tres de los dieciséis niños y niñas que se encontraban en las viviendas.

María Felicita explica lo que pasó esa noche: “entraron de un solo, a mi hijo de 11 años le hicieron tres disparos y gracias a Dios no le pegaron; a mi me trataban de perra y de narcotraficante”. La violencia del ataque generó un trauma en la familia: “pensaba que a cualquier hora podrían llegar a tocarme la puerta. Durante tres meses mis hijos se despertaban a media noche gritando: “vayámonos ya mamá, que vienen la policía“”.

El informe concluye que “problemas como la impunidad, la militarización y la criminalización del trabajo legítimo de las personas defensoras de derechos humanos son fenómenos profundamente arraigados en el país”.

PBI apoya a muchas personas defensoras que trabajan incansablemente para cambiar esta situación y mejorar la vida de las personas en todo el país.