Los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, forman parte fundamental de los procesos de lucha histórica del país, por la demarcación y titulación de los territorios ancestrales, las leyes de Autonomía (1987) y de Lenguas (1996) que definen los temas políticos, sociales, y económicos de la región y la protección de los recursos de la Madre Tierra.
Hoy en día, la Costa Caribe de Nicaragua está habitada por una diversidad de poblaciones étnicas: indígenas Miskitus, Mayangnas, Ulwas y Ramas, además de Creoles y Garífunas, quienes pertenecen a la comunidad afrodescendiente. Conviven en territorios y comunidades bajo sus propias formas de administración, tenencia, uso, goce y disfrute de la tierra y de los recursos naturales.
El Caribe de Nicaragua está constituido por dos regiones autónomas: la Región Autónoma Costa Caribe Sur y la Región Autónoma Costa Caribe Norte, antes conocidas como la Regiones Atlántica Norte y Sur, e históricamente Costa de Mosquitos, o La Mosquitia. La Mosquitia fue un territorio dinámico y clave para las potencias del siglo XVII, como los ingleses y españoles, quienes se disputaban el dominio de territorios estratégicos por factores políticos y económicos. El nombramiento del primer rey en la Costa, en el mismo siglo, por influencia británica, marcó el posicionamiento diferencial del resto de territorios, en un contexto de dominio colonial.
Las relaciones entre el reino de La Mosquitia y la monarquía británica, obedecían en un principio a una dinámica comercial y armamentística, más no de dominio colonial, considerado así La Mosquitia como un protectorado británico [1] y socio comercial. Posteriormente, los intereses en disputas entre Gran Bretaña y España, sumados a los de Colombia, Estados Unidos y Nicaragua, llevaron en 1905 a Gran Bretaña y Nicaragua firmar el Tratado de Harrison Altamirano, donde los ingleses reconocieron la soberanía absoluta de Nicaragua sobre la Costa de los Mosquitos. Sin embargo, es necesario señalar que ese poder otorgado a Nicaragua en dicho tratado sobre las “Reserva Mosquita” fue acordado a espaldas de las sociedades habitantes, celebrado únicamente entre la República de Nicaragua y el Reino Unido de Gran Bretaña.
Desde un punto de vista histórico, la Costa de la Mosquitia nunca fue colonizada por España, pero su anexión violenta a Nicaragua en 1894 marcó una realidad desfavorable y violatoria para la región.
El incumplimiento y la violación de acuerdos esenciales en el Tratado de Harrison Altamirano desde su vigencia, como permitir a estas comunidades vivir en sus territorios, bajo sus propias costumbres, respetar sus tierras y considerarlos ciudadanos de derechos, ha sido un ejercicio común y vigente de todo Gobierno en turno a lo largo de la historia política y administrativa de Nicaragua.
Actualmente, a pesar de que la Constitución de Nicaragua reconoce la naturaleza multiétnica y pluricultural del país, contando con un marco legislativo amplio para la protección de los derechos colectivos y la integridad física y moral de las comunidades de la Costa Caribe, la región se enfrenta a múltiples desafíos “de carácter social, económico, político, cultural, infraestructural y ambiental”, desde un racismo estructural e institucional persistente, el abandono estatal en temas de servicios sociales e inversión en infraestructura, hasta la sobreexplotación y destrucción de sus recursos naturales y la desprotección de las comunidades ante grave violaciones a los derechos humanos.
Si bien la invasión de los territorios de la Costa Caribe por personas ajenas a las comunidades – conocidas como “colonos” o “terceros” – con el objetivo de adueñarse de sus tierras no es un fenómeno reciente, desde 2015 han aumentado los ataques cada vez más violentos en contra de las comunidades indígenas, y la región se ha visto expuesta a un deterioro ambiental causado por las actividades de ganadería extensiva, la explotación forestal y la minería, a vista y paciencia del Gobierno de Nicaragua, a pesar de sus repetidas denuncias a nivel nacional e internacional. La impunidad se ha convertido en el clima común de los precursores colonos, debido a la inoperancia del Estado en cuanto a garantías sociales básicas como la seguridad territorial y la justicia. Debido a este deplorable escenario, muchas comunidades se han visto obligadas a desplazarse forzosamente para salvaguardar sus vidas. A partir del año 2018, posterior a la insurrección social de abril, aumentó la llegada al vecino país de Costa Rica, de familias indígenas y comunidades afrodescendientes en búsqueda de los sistemas de protección internacional; un país de acogida caracterizado por otras idiosincrasias, que en ocasiones latentes significaría un desafío de integración a las esferas sociales.
El exilio de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, también enfrenta una marginación mayor que la población promedio de nicaragüenses provenientes de otros departamentos del territorio nacional, debido a la xenofobia que sufren por sus diferencias culturales. Por esta razón, nació el Bloque Costa Caribe Nicaragüense en el Exilio (BCCE) en abril de 2019 en la ciudad de San José, Costa Rica.
Este movimiento de carácter socio-político y humanitario está conformado por personas originarias de la Costa Caribe de Nicaragua en condición de exilio, y ahora también integrado por la diáspora costeña radicada en Costa Rica, con la noble intención de acompañar a las familias de mayor vulnerabilidad, y brindarles asistencia humanitaria de acuerdo a sus necesidades. Aglutina hasta la fecha a un total de 120 familias indígenas, afrodescendientes y mestizas de distintos gremios y profesiones, entre las cuales se encuentran periodistas, sociólogos, psicólogos, emprendedores, jóvenes, y estudiantes.
El BCCE lleva diversos esfuerzos por visibilizar las demandas, necesidades, vulnerabilidades y urgencias de este sector en especial. Cumplir estas tareas no ha sido fácil, sin embargo, mediante alianzas y redes de apoyo, se han logrado algunos avances en materia de capacitaciones, orientaciones, documentación de información, asistencia humanitaria, y acompañamiento jurídico. A pesar de las contingencias, la labor por la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y afrodescendientes no se hace esperar, se sigue en pie desde la resistencia.
Keyla Chow, Jacob Ellis Williams | Bloque Costa Caribe Nicaragüense en el Exilio
[Fotografía: Bloque Costa Caribe en el Exilio]
[1] El protectorado fue una posición adoptada por Gran Bretaña, debido a los conflictos con España por el control de la Costa de la Mosquitia.
Este artículo es parte de la revista de PBI Nicaragua en Costa Rica “Voces nicaragüenses en resistencia”, un proyecto que une distintas voces del exilio nicaragüense en Costa Rica. Se trata de un homenaje a las organizaciones y colectivos nicaragüenses que, desde el exilio, trabajan continuamente en la defensa de los derechos humanos, reuniendo las voces y los testimonios de quienes promueven esta labor a través de la acción no violenta y bajo una cultura de paz.