En Guatemala, entre el 14 y el 25 de julio, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, llevó a cabo una visita oficial. Posteriormente, del 18 al 20 de noviembre, el Estado de Guatemala compareció ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) para presentar su informe.
En Guatemala no existen marcos legales ni instituciones eficaces que garanticen el reconocimiento y la protección de las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ni se han implementado adecuadamente los Acuerdos de Paz de 1996. En 2020, bajo el Gobierno de Giammattei, la institucionalidad de la paz fue disuelta.¹ Decisiones judiciales favorables a comunidades indígenas no se han ejecutado.
Además, la legislación vigente no garantiza las formas propias de tenencia de la tierra ni se ha asegurado el derecho de pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
En 2021, la todavía Fiscal General, sancionada por la UE y el Departamento de Estado, creó la Fiscalía contra la Usurpación y permitió un acuerdo directo entre los terratenientes organizados en el así llamado Observatorio de Derechos de Propiedad con esta Fiscalía.
Desde entonces y hasta el año pasado, hubo un aumento continuo y fuerte del número de desalojos forzosos, afectando de manera particular a comunidades maya Q’eqchi’ y pocomchi en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal, pero también en otros departamentos. Organizaciones locales denuncian el uso desproporcionado de la fuerza y la participación de fuerzas de seguridad públicas y privadas, con destrucción de viviendas y medios de subsistencia. Muchos operativos se ejecutan sin aviso previo ni alternativas de reasentamiento, y su carácter reiterado y violento podría constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Relator especial concluyó de forma preliminar que “la gran mayoría, si no todos, los desalojos colectivos llevados a cabo en Guatemala equivalen a desalojos forzados en virtud del derecho internacional” y son realizados de forma inhumana. Asimismo, instó al Estado guatemalteco a establecer con carácter urgente una moratoria sobre este tipo de desalojos y a aprobar sin demora una legislación nacional que prohíba expresamente los desalojos ilegales.
El Comité CERD manifestó igualmente su inquietud ante la persistencia de desalojos forzosos y exhortó al Estado a implementar acciones efectivas para salvaguardar a los pueblos indígenas frente a estas prácticas, garantizando el pleno respeto de sus derechos, así como de sus costumbres, tradiciones y cultura. Entre sus recomendaciones, incluyó también la adopción de una moratoria que se mantenga vigente hasta que se concluya el reconocimiento legal, la regularización y la titulación colectiva de sus tierras y recursos.
En los últimos años se ha intensificado el uso del sistema penal como herramienta para perseguir y criminalizar a comunidades indígenas, campesinas y personas defensoras de derechos humanos. El caso de Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral y Coordinador del Gobierno Ancestral Plurinacional (GAP) ilustra esta dinámica, orientada a acallar voces críticas, debilitar a sus familias y comunidades, y generar un entorno que facilita la continuidad de otras vulneraciones de derechos humanos.
Los delitos de usurpación y usurpación agravada se han utilizado de manera sistemática para desacreditar y judicializar las reivindicaciones por tierra y vivienda. En este contexto también intervienen actores privados mediante amenazas, agresiones e incluso asesinatos, en un entorno marcado por corrupción, impunidad y captura de instituciones.
El CERD recomendó aplicar de forma efectiva la política pública de protección a personas defensoras aprobada en noviembre de 2025 y garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los ataques contra líderes y miembros de pueblos indígenas.
Este marzo en Ginebra
Representantes de la sociedad civil guatemalteca participan en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, empezado el 23 de febrero 2026. Los episodios como su trabajo de incidencia, la presentación oficial del informe del relator y sus recomendaciones claves se difunden a través de diferentes medios de comunicación de PBI como X, Instagram y Facebook.
En este sentido es relevante la presencia en Ginebra de la defensora indígena guatemalteca Sandra Calel, dirigente de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), organización dedicada a la defensa y promoción del acceso a la tierra de la población campesina en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, donde sus comunidades se enfrentan a desalojos forzosos, criminalización de líderes y órdenes de captura contra miembros de comunidades acompañadas por UVOC.
Con su participación en el 61º Consejo de Derechos Humanos, la organización busca visibilizar estos riesgos a nivel internacional, y promover una atención prioritaria del Gobierno de Guatemala a la inseguridad sobre la tierra, la conflictividad agraria, los desalojos y criminalizaciones que sufren las comunidades rurales en el país y lograr que se apliquen mecanismos de protección para personas, comunidades y organizaciones que defienden el acceso a la tierra y buscan soluciones dialogadas. En su agenda se incluye la atención a la prensa, encuentros y reuniones con funcionarios de Naciones Unidas, así como la presencia el 3 de marzo en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. La problemática guatemalteca se discutirá también en eventos abiertos al público general como la charla del 2 de marzo a las 18:30h en la iglesia de Ostermundigen (Berna) y el 3 de marzo a las 18h en el la Maison de la Paix, con presencia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. La presentación del informe de su visita oficial a Guatemala, que contiene los resultados y recomendaciones finales sobre lo observado en el país tras su misión es el 4 de marzo a las 10:30h, seguida por el diálogo interactivo con la respuesta del Gobierno de Guatemala y la participación de la sociedad civil. El 5 de marzo a las 13h es la fecha del evento paralelo también en el Palacio de Naciones, donde Sandra Calel y el relator compartirán intervenciones con Luz Emilia Ulario ex alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, y será moderado por el coordinador de incidencia Yannick Wild de PBI Suiza.
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¹Bajo el actual gobierno ha habido varios cambios en la asignación de la responsabilidad para promover soluciones dialogadas y pacíficas a conflictos agrarios, causando pérdida de conocimiento, experiencia y tiempo. En junio 2025 fue finalmente creada para este efecto la Comisión Presidencial para la Atención a la Conflictividad COPRECON, pero se siguen reportando falta de capacidad, organigrama y mecanismos claros y la falta de implemetación de medidas concretas