Para un abogado como usted, ¿cómo ha sido la experiencia de acompañar a las víctimas dentro del marco de la Ley 975?

La experiencia del Colectivo de Abogados es bastante frustrante, ya que por un lado ha habido limitaciones para que las víctimas ingresen a las audiencias porque sólo dejan entrar una persona de cada familia. Las víctimas han sido maltratadas porque han tenido que sufrir manifestaciones de apoyo a los ex comandantes paramilitares, donde las víctimas se han sentido agredidas, porque en algunos casos hasta personas armadas se han visto entre estos manifestantes. Y hay una desigualdad frente a la forma como llegan las víctimas, que no tienen información de cómo funciona este proceso. No tienen recursos. Se dice que han asesinado por lo menos 17 víctimas de los que han tratado de participar en el proceso.

¿Cómo se da la participación de las víctimas durante la audiencia?

La participación de las víctimas es bastante precaria. Están en una sala aparte donde se les transmite la audiencia con mala imagen, a veces también con mal sonido. Las víctimas no pueden sino llenar unos cuestionarios para preguntar sobre sus casos. La metodología no es buena. La Fiscalía formula algunas de las preguntas pero a veces no las formulan bien o completas. Por otro lado, muchas víctimas han vuelto a ser ofendidas durante las audiencias. Por ejemplo, una señora que va a preguntar por su hija desaparecida, y ‘Jorge 40’ dice que de pronto su hija se voló con un comandante o con un paramilitar. O cuando dicen que las asesinaron porque eran terroristas, guerrillleros o delincuentes.

¿Podría usted comentar más sobre los riesgos que enfrentan las víctimas al asistir a las audiencias?

Ha habido víctimas que antes o después de las audiencias han recibido llamadas, o las han abordado personas sospechosas y les han dicho que no vayan a las audiencias, sino les van a pasar lo mismo que les pasó a sus familiares.

¿Qué debería de hacer el Estado para garantizar la participación de las víctimas en estas audiencias?

Lo primero que debería de haber hecho el Gobierno era publicar los listados y las fotos de todos los desmovilizados. Eso hubiera contribuido mucho a la verdad. Por otro lado, las víctimas no han tenido una asesoría jurídica adecuada, porque no hay abogados para eso. Y si bien la Defensoría del Pueblo tiene unos defensores públicos, estos se limitan a ayudarle a formular las preguntas en el marco de las audiencias. No se les garantiza ninguna protección. Nosotros intuimos que las listas de las víctimas que han participado en las audiencias se han filtrado a los paramilitares. Si no, ¿cómo explicas que familiares que han ido a las audiencias en el caso de Jorge 40 hayan sido amenazadas en Ibagué, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Santa Marta, en Valledupar, en Villavicencio?

¿Y qué propondría CCAJAR?

Que haya programas de protección, que las víctimas tengan programas de asistencia psicosocial, que tengan programas realmente jurídicos de información, que se les garanticen recursos para ir a las audiencias. Que hay que cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que los paramilitares no son delincuentes políticos. Habría la necesidad de volver a procesar a todos los paramilitares desmovilizados por el concepto para delinquir agravado. Habría que garantizar y obligar la devolución de los cuerpos de los desaparecidos, los bienes, las tierras de los desplazados.

¿Sienten que se ha logrado algo con este proceso en términos de verdad?

La verdad ha salido más bien en los procesos paralelos a éste. Por ejemplo, lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia sobre la para-política, un proceso histórico que ha salido porque la Corte Suprema ha tenido la voluntad de investigar. Ha habido un gran proceso de verdad porque se ha ventilado por los medios de comunicación todos estos crímenes y toda esta guerra sucia que involucra autoridades civiles, militares y demás. ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional en este contexto? Lo primero es que la comunidad internacional no debe apoyar el proceso de desmovilización paramilitar. Hay unos 70 grupos paramilitares activos en 23 departamentos. Los paramilitares estuvieron, están y estarán a futuro apoyados por las autoridades civiles y militares, por políticos, por parlamentarios... Tendría que volver a exigir que el Estado desmonte esos grupos y condicionar toda su cooperación a que se cumplan los requisitos internacionales de verdad, de justicia y de reparación integral.