Manifestación de campesinos de Las Pavas en Bogotá en diciembre de 2011

Por: PBI Colombia

«Somos víctimas sin tierra, sin pan, sin justicia y sin paz. Somos millones y no queremos ser más»[1]. Ese fue el lema bajo el cual se congregaron el 14 de diciembre de 2011 en la Plaza de Bolívar (Bogotá) diversas comunidades y organizaciones sociales de Colombia. El motivo era expresar solidaridad con las víctimas en Colombia de violación de los derechos humanos y protestar en contra de las declaraciones que se han dado por parte de altos funcionarios del Gobierno[2] en contra de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las representan[3].

Entre los presentes se encontraban más de cien campesinos de la comunidad de Las Pavas (Bolívar) quienes han sido blanco de un ataque mediático acusándoles de ser falsas víctimas después de que la Fiscal regional de Cartagena, Myriam Martínez, alegara en noviembre de 2011 que en Las Pavas nunca existió desplazamiento ni presencia paramilitar[4].

Brigadas Internacionales de Paz se encontraba en el evento acompañando al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) que también ha sido objeto de acusaciones por parte de altos funcionarios del Estado[5] en el contexto del caso de la Masacre de Mapiripán[6].

El escándalo de Mapiripán, como se ha conocido en los medios de comunicación, surgió después de que Mariela Contreras, quien había sido reconocida como víctima de Mapiripán por sus representantes, por la Fiscalía y por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) afirmara ante los medios de comunicación que ella ha sido víctima pero no de Mapiripán[7].  Para el abogado Alirio Uribe del CCAJAR son preocupantes las declaraciones públicas de miembros de alto nivel del Estado colombiano que menoscaban la gravedad de la masacre y atentan contra la legitimidad de las víctimas de Mapiripán y del CCAJAR e incluso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos[8] antes de investigar el hecho. Tales ataques han sido condenados abiertamente por importantes ONG internacionales y expertos en derechos humanos[9].

¿Qué pasó en Mapiripán?

Mapiripán es un municipio en el departamento del Meta que a principios de los años 90 se había convertido en un importante punto para el tráfico de drogas debido a su posición estratégica y fácil acceso a carretera, aeropuerto y al río Guaviare. En virtud de lo anterior había fuertes batallas entre grupos paramilitares, organizaciones narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)[10].

El 12 de julio de 1997 un centenar de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aterrizaron en San José del Guaviare procedentes de Urabá (Neclocí y Apartadó). Ahí fueron recogidos por el Ejército y transitaron por áreas de entrenamiento de la Brigada Móvil II sin ningún control[11]. Con el apoyo recibido, las AUC llegaron a Mapiripán el 15 de julio de 1997 por vía terrestre y fluvial y tomaron control del pueblo, las comunicaciones y las oficinas públicas. Durante seis días impidieron la libre circulación y procedieron a detener, torturar, ejecutar y desechar los cuerpos de las víctimas[12].

El 5 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió ante la CoIDH la demanda sobre la Masacre de Mapiripán a fin de que esta decidiera si el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de las presuntas víctimas[13].

El Estado colombiano mediante escrito ante la CoIDH el 4 de marzo de 2005 reconoció su responsabilidad. En la sentencia del 15 de septiembre de 2005 la CoIDH precisó que «al momento de efectuar dicho reconocimiento el Estado aceptó expresamente que, a pesar de ser aún indeterminado, fueron aproximadamente 49 las víctimas ejecutadas o desaparecidas»[14].

Así las cosas, ha sido impactante que Mariela Contreras, quien había sido reconocida jurídicamente como víctima, afirme siete años después que es víctima pero no de Mapiripán. Alirio Uribe comentó: «Esto es un hecho muy grave por cuanto no es usual en un caso donde ya se han hecho más de diez juicios nacionales, donde hay más de 30 militares y paramilitares condenados y donde ha habido un fallo internacional que condenó al Estado colombiano y que éste aceptó la responsabilidad. No es normal que de repente una testigo diga que eso no fue así. Eso ha sido una gran sorpresa para todos, para la Fiscalía, para nosotros como abogados de víctimas y también para la Corte Interamericana».

A raíz del escándalo, la CoIDH ordenó una audiencia de supervisión de sentencia que tuvo lugar en Costa Rica el 23 de noviembre de 2011. En dicha audiencia concedió un plazo de tres meses al Estado para aportar pruebas que sustenten su dicho ya que no las llevó a la audiencia. Una cosa no está en duda: la masacre existió y hubo decenas de víctimas.

Simultáneamente a la celebración de la audiencia de supervisión hubo un acto de solidaridad con la labor del CCAJAR frente a la Cancillería en Bogotá. A dicho evento PBI también acudió como acompañante.

Estos hechos representan definitivamente un reto para el movimiento social en Colombia, para las víctimas, para sus representantes y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A raíz de estos eventos, la comunidad de Las Pavas y otros lugares, las organizaciones sociales y representantes de derechos humanos se han solidarizado y han afirmado públicamente que en Colombia las víctimas sí existen. Por ello exigen una disculpa pública por las declaraciones hechas por el Gobierno, las cuales afirman que las estigmatizan y aumentan la vulnerabilidad y riesgo de sus miembros[15].

[1] Víctimas de Las Pavas se congregarán en la Plaza de Bolívar. En: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 14 de diciembre de 2011

[2] Por ejemplo, refiriéndose al caso de Las Pavas, la fiscal General afirmó en una entrevista radial que «no hubo un desplazamiento, existen documentos que han permitido comprobar que un grupo de personas estaban negociando el tema del desalojo y estaban fijando el 40% de un acuerdo comercial por el tema de las tierras». "No existió desplazamiento en Las Pavas": Fiscal General. En: El Espectador. 1 de diciembre de 2011

[3] Colombia: Los esfuerzos por desacreditar a colectivo de abogados de derechos humanos les hacen vulnerables a ataques. En: Amnistía Internacional. 22 de noviembre de 2011

[4] Los sonados casos de la fiscal que negó que los campesinos de Las Pavas fueran víctimas. En: La Silla Vacía. 15 de diciembre de 2011

[5] Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación del libro ‘Superando la Corrupción’, de Bertrand de Speville. En: Presidencia – República de Colombia. 27 de octubre de 2011

[6] ONG norteamericanas y expertos en derechos humanos condenan el ataque de Colombia al Sistema Interamericano. En: Latin American Working Group. 21 de noviembre de 2011

[7] Fiscalía denuncia falsos muertos en masacre de Mapiripán. En: El Tiempo. 26 de octubre de 2011

[8] Entrevista con Alirio Uribe, CCAJAR. Bogotá, diciembre de 2012

[9] ONG norteamericanas y expertos en derechos humanos condenan el ataque de Colombia al Sistema Interamericano. En: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 14 de diciembre de 2011

[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia: Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. 15 de septiembre de 2005. Pág. 43, Párr. 96.21 y 96.22

[11] «Según la Fiscalía General de la Nación, el Ejército colombiano permitió el

aterrizaje de las aeronaves que transportaban a dichos paramilitares, sin practicar ningún tipo de registro o anotación en los libros, y que abordaran libremente los camiones que allí esperaban al grupo, “como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de este control”».Ibíd.

[12] Ibíd. Pág. 45, Párr. 96.30 y siguientes.

[13] Ibíd. Pág. 1, Párr. 1.

[14] Ibíd.

[15]  Víctimas de las Pavas le exigieron a Santos respeto. Comunicado. En: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). 15 de diciembre de 2011