La dedicación y la lucha de defensores de derechos humanos como Jorge López representan una luz de esperanza para las acosadas comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de Guatemala.

Jorge es director de la organización OASIS, en la ciudad de Guatemala, y ha sufrido amenazas, ataques y acusaciones penales espurias como consecuencia de su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades de LGBT. Pero a pesar de ello, continúa su denodado trabajo para ofrecer, a través de OASIS, un amplio programa de servicios, capacitación y asesoramiento. Asimismo, documenta y denuncia las violaciones a derechos humanos, la exclusión y la discriminación sufrida por las comunidades de LGBT en su país.

El 8 y 9 de febrero de 2010, aceptando una invitación de PBI, Jorge López visitó Londres. En esta ciudad, realizó importantes contactos con el sindicato de servicios públicos (UNISON), con el miembro del parlamento europeo Michael Cashman, con grupos parlamentarios multipartidarios dedicados a tratar el tema del SIDA y con agentes del servicio exterior que trabajan en asuntos relacionados con Guatemala. Una semana antes, había participado en Madrid de un evento en el parlamento español junto a PBI.

OASIS ha registrado numerosos ataques y asesinatos cometidos contra miembros de las comunidades LGBT. La organización los identifica como crímenes motivados por el odio, pero oficialmente permanecen invisibles dado que son registrados como delitos comunes. Aunque la homosexualidad no es delito en Guatemala, los derechos de las comunidades LGBT no son reconocidos ni protegidos por el sistema legal. Esto permite que sean violados impunemente.

Un estudio de la organización observó que los ataques no siempre se denuncian porque las víctimas saben que enfrentarán discriminación institucional, impunidad y rechazo social si lo hacen.

PBI provee de acompañamiento de protección a OASIS desde 2006, luego del asesinato de Paulina – una persona transgénero, miembro de la organización. Algunas personas que presenciaron el hecho afirman que los atacantes eran miembros de la Policía Nacional Civil. Una amiga de Paulina, Zulma, también fue gravemente herida en el mismo ataque, pero sobrevivió. Debido a su condición de principal testigo, su vida corre peligro.

Poco después de la agresión, el Defensor del Pueblo de Guatemala encontró que el estado es responsable de haber violado el derecho a la vida de Paulina y el derecho a la seguridad y a la integridad física de Zulma. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó garantizar la protección de los miembros de OASIS. Sin embargo, han pasado más de cuatro años y aún el caso no ha llegado a juicio.

A principios de 2009 y luego de que denunciara irregularidades en el Ministerio Público, Jorge fue acusado de haber cometer delitos y arrestado. En septiembre de 2009, el caso contra Jorge fue desestimado después de que el juez encontrara que las acusaciones habían sido infundadas.

Aunque el desenlace fue positivo, el proceso afectó negativamente la salud de Jorge, su libertad de movimiento, su vida personal y sus posibilidades de trabajar. Lamentablemente, lo que él ha experimentado no fue un hecho aislado: PBI ha notado en sus diferentes proyectos que muchas veces se hacen acusaciones penales contra defensores de derechos humanos. Además de impedirles realizar normalmente su trabajo, este tipo de “criminalización” puede poner en duda su reputación y credibilidad y, por lo tanto, su posibilidad de promover y defender los derechos humanos.

PBI continúa viendo con preocupación la situación de seguridad de Jorge y la de otros miembros de OASIS, quienes a menudo son la única fuente de apoyo de la vulnerable comunidad de LGBT en Guatemala. Es crucial que se proteja a los defensores para que realicen su trabajo.