La reciente presencia de la defensora Maya Poqomchí guatemalteca Sandra Calel en Ginebra se inscribe en un momento particularmente relevante para la situación de los derechos humanos en Guatemala. El país ha sido recientemente examinado por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, en un contexto marcado por desalojos forzosos, la criminalización de líderes comunitarios y la falta de reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los desalojos forzosos afectan principalmente a comunidades Maya Q’eqchi’ y pocomchi en departamentos como Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén y Izabal. Organizaciones locales denuncian el uso desproporcionado de la fuerza durante estos operativos, en los que participan fuerzas de seguridad públicas y privadas, y que con frecuencia implican la destrucción de viviendas y medios de subsistencia.
Es en este escenario donde cobra especial relevancia la participación de Sandra Calel, dirigente de la organización de mujeres de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su voz ha visibilizado internacionalmente la situación que viven las comunidades campesinas e indígenas de su región, reforzando que Guatemala respalde las recomendaciones del Relator Especial para la vivienda adecuada y del Comité CERD.
Para Sandra Calel, la experiencia de participar en las Naciones Unidas ha sido intensa y profundamente significativa. Había protagonizado speaking tours anteriormente, pero era la primera vez que visitaba este espacio donde se debaten políticas y recomendaciones que pueden influir en la situación de los derechos humanos en muchos países.
La agenda de la defensora en Europa incluyó encuentros con funcionarios de Naciones Unidas, reuniones con representantes de misiones como la de la Unión Europea y España, intervenciones públicas y participación en eventos académicos y de sociedad civil. Entre los momentos destacados se encuentra la presentación del informe oficial del Relator Especial sobre una vivienda adecuada sobre su visita a Guatemala, que recoge las conclusiones y recomendaciones dirigidas al Estado, así como un evento paralelo en el Palacio de las Naciones donde Sandra Calel compartió espacio con el propio Balakrishnan Rajagopal, con quien también coincidió en un acto para el público universitario en el Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID).
Entre las principales recomendaciones surgidas del informe del Relator se encuentra el llamado urgente al Estado guatemalteco para decretar una moratoria inmediata sobre los desalojos colectivos hasta que se puedan reforzar las protecciones legales relativas a la seguridad de la tenencia de la tierra. El informe también advierte que la criminalización de la “usurpación”, que en muchos países se trata como una cuestión civil, ha generado miles de órdenes de captura contra comunidades indígenas y campesinas. El Relator recomienda que se derogue o modifique la legislación al respecto y que las víctimas de detenciones arbitrarias por defender sus derechos a la vivienda o a la tierra sean puestos en libertad.
También tuvo ocasión de encontrarse con Mary Lawlor antes de que acabase su mandato como Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, un espacio fundamental para visibilizar los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los derechos colectivos.
El equipo de Peace Brigades Internacional estuvo acompañándola en todo momento, asistiendo en la logística, las traducciones, los protocolos y el funcionamiento interno de la organización. Calel considera importante generar esta incidencia internacional, aunque reconoce que los cambios suelen ser lentos y que las decisiones dependen de múltiples actores. Insiste en que es necesario seguir llevando la voz de las comunidades a estos foros. Consciente de que los cambios requieren tiempo y persistencia, concluye que seguir participando en estos espacios internacionales es parte del camino para avanzar hacia una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en Guatemala.