Alias 'Mancuso' es el primer ex jefe de las AUC que ha sido extraditado a Estados Unidos. © Jorge Mata / SURIMAGES-IPA

Artículo publicado en ColomPBIa no 7 en mayo 2008.

Un tema sensible ha dominado la prensa nacional colombiana durante los meses de abril y mayo de este año, y volvió a acentuar las discrepancias que existen entre las posturas del Gobierno y de las organizaciones de víctimas del paramilitarismo: la extradición de jefes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Después de que la Corte Suprema de Justicia había emitido un concepto favorable a la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, el Gobierno autorizó dicha extradición, aunque la misma Corte condicionó el envío del ex comandante paramilitar al cumplimiento de los derechos de las víctimas.

‘Macaco’ es el primer ex jefe de las AUC que ha sido extraditado a Estados Unidos. Este cabecilla del poderoso grupo desmovilizado Bloque Central Bolívar de las AUC figuraba en la lista de los llamados “extraditables” que se sometieron a la Ley 975 de 2005, que otorga beneficios a los desmovilizados que colaboren plenamente con el esclarecimiento de los crímenes cometidos, mediante una confesión completa de los hechos. A parte de los miles de asesinatos y otros crímenes por los que tiene que responder, se le considera uno de los hombres más importantes del narcotráfico en Colombia.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez sustentó su decisión de extraditar a ‘Macaco’ en que el ex paramilitar había continuado sus actividades delincuentes desde la cárcel de Itagüí después de su desmovilización. Argumentando que la extradición es una figura necesaria para derrotar el terrorismo, el presidente colombiano aseguró que «no extraditar sería debilitar la Seguridad Democrática y aumentar el riesgo para quienes han sido víctimas o para todos los ciudadanos, potenciales víctimas».1 Tal como está previsto en el capítulo II de la Ley 975, ‘Macaco’, debería perder los beneficios de esta ley que rebaja las penas de los desmovilizados a máximo ocho años de prisión, por no haber cesado sus actividades ilícitas. Este último punto también fue defendido por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). El Comité de Impulso presentó en nombre del Movimiento una acción de tutela para pedir la suspensión del procedimiento de extradición. El objetivo de las organizaciones que promovieron la tutela era que, después de haber perdido los beneficios de la Ley 975, ‘Macaco’ fuera procesado bajo la legislación ordinaria.

Los responsables de la tutela consideraban que la extradición de ‘Macaco’ podía dar lugar a una violación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de miles de personas en Colombia que han sido víctimas de las atrocidades cometidas bajo la responsabilidad del jefe paramilitar. Con ‘Macaco’ siendo procesado en Estados Unidos, las víctimas temen que será juzgado únicamente por narcotráfico, generando de esta forma una situación de impunidad de los crímenes de lesa humanidad que él cometió en Colombia. El Gobierno, sin embargo, apeló la sentencia favorable a la tutela del Consejo seccional y, en fecha del 6 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura rechazó la tutela que había frenado la extradición.

Los magistrados del Consejo Superior decidieron que el envío de ‘Macaco’ no pone en peligro los derechos de las víctimas, ya que tanto el victimario como el Estado se hallan en obligación de responder por estos derechos. Apenas se hizo pública la decisión del Consejo Superior, ‘Macaco’ fue puesto en un avión, rumbo a Estados Unidos. En pleno debate a nivel nacional sobre la pertinencia de la figura de la extradición, el Gobierno colombiano sorprendió al país de nuevo cuando, una semana después del envío de ‘Macaco’, tomó la decisión de extraditar a otros 13 ex jefes paramilitares a Estados Unidos. Basándose en los mismos argumentos que en el caso de Carlos Mario Jiménez, el Gobierno aseguró que los extraditados deberán responder por todos sus crímenes desde Estados Unidos, y que de esta forma los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación estarían garantizados.

Varios miembros del MOVICE han expresado su preocupación por la extradición de ‘Macaco’, considerando que hipoteca la posibilidad de las familias de víctimas en Colombia para conocer la verdad sobre el paradero de muertos y desaparecidos a manos de grupos paramilitares. Ahora que han sido extraditados otros 13 paramilitares, varias voces expresan la preocupación de que la decisión del Gobierno «busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia».2

1 web.presidencia.gov.co/sp/2008/abril/12/04122008.html
2 “Uribe extraditó a ex paras para salvar a salpicados por parapolítica, dice la oposición, El Universal, 13 de mayo de 2008, www.eluniversal.com.co/noticias/20080513/ctg_act_uribe_extradito_a_ex_paras_para_salvar_a.html