“Llegó la hora de la limpieza social”, “ya los tenemos identificados”(i) y “no responderemos por inocentes o antisociales después de las once de la noche en las calles, parques y esquinas”(ii). Estos son el tipo de mensajes enviados a través de panfletos o correos electrónicos a periodistas, abogados, mujeres, activistas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT), indígenas y miembros de organizaciones de población desplazada —en varios casos incluyendo familiares de las víctimas—. Según las denuncias algunos de estos panfletos llevan listados de nombres y en otros casos recomendaciones para no movilizarse por sectores de barrios después de una hora determinada.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) las amenazas y los hostigamientos han aumentado de forma drástica. De hecho, en 2009 circularon panfletos amenazantes en al menos 20 ciudades(iii) y en por lo menos 24 de los 32 departamentos del país(iv). Según informa el CINEP, sólo en el primer semestre del año 2009 se registraron 82 amenazas colectivas dirigidas hacia personas que viven o trabajan en y con sectores marginales de la sociedad colombiana(v).

En su informe anual, OACNUDH también registra “un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores”(vi) y varias organizaciones acompañadas por PBI han sido víctimas de ese tipo de actuaciones(vii). De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), las amenazas también han incluido a observadores internacionales y hasta ocho embajadas extranjeras en Bogotá habrían recibido amenazas firmadas por “Águilas Negras” en marzo de 2008(viii).

También las personas que representan y apoyan a víctimas en el marco de la Ley 975 de 2005 — especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas— han sido amenazadas e incluso asesinadas. Así también lo han sido personas que trabajan por la paz, representantes comunitarias y funcionarias que promueven la defensa de los derechos humanos como analistas del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo y personeros(ix).

Las personas afectadas perciben una estrategia política tras las amenazas que intenta silenciar a miembros de organizaciones sociales y políticos alternativos a través de la intimidación. De acuerdo con HRW, “estas amenazas con frecuencia inhiben o frustran el trabajo legítimo de las personas que son objeto de sus ataques”. La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos afirmó que continuaban realizando su trabajo en un ambiente “poco propicio de hostilidad y miedo”.

Las amenazas en el mayor de los casos provienen de grupos que la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI) tilda de neoparamilitares(x) —refiriéndose a la continuidad de estructuras y actividades atribuidas a los grupos paramilitares antes de su desmovilización oficial— y en “algunos casos han llegado a ser letales”(xi). La Policía Nacional estima que estos grupos tienen más de 4.000 miembros pero los cálculos de organizaciones no gubernamentales indican que podrían ascender a 10.200(xii).

Según el informe del Departamento del Estado de los Estados Unidos, la Procuraduría General de la Nación inició 193 investigaciones relacionadas con amenazas durante 2009(xiii). La ONU reconoce que en algunos casos las investigaciones han avanzado, sin embargo, destaca que “la mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron sin una investigación previa”(xiv).

Asesinatos 

“En los últimos meses los grupos paramilitares han tenido una actividad renovada en contra de personas defensoras de derechos humanos en varias regiones del país”(xv). Las víctimas de asesinatos son, en muchos casos, personas que participan de procesos organizativos en asociaciones de la sociedad civil o gremios políticos locales como las Juntas de Acción Comunal. Como demuestra un informe de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las personas sindicalistas están entre las personas más afectadas por acciones directas contra su integridad física. En el año 2009, 39 activistas sindicales han sido asesinados, cifra que indica que cada año más del 60% de los asesinatos a sindicalistas en el mundo ocurren en Colombia(xvi). Asimismo, entre la población más afectada están los grupos indígenas que han sufrido entre el año 2002 y 2009 1.464 asesinatos de sus miembros, muchos de ellos activos en los cabildos indígenas(xvii).

i. “Alerta en la USCA por panfletos amenazantes”, Ministerio de Educación Nacional, 24 de junio de 2009.

ii. “Alarma en Ocaña por circulación de panfletos amenazantes”, 17 de febrero de 2010.

iii. “Boletín humanitario”, OCHA, no. 5, 25-31 de enero de 2010.

iv. “Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, 4 de marzo de 2010.

v. “Informe especial. De los ‘falsos positivos’ a la intolerancia social”, CINEP, octubre de 2009.

vi. Ibíd. v

vii. “Amenazas graves a defensores de derechos humanos”, PBI Colombia, ColomPBIa no. 13, diciembre de 2009.

viii. “Herederos de los paramilitares – La nueva cara de la violencia en Colombia”, Human Rights Watch, febrero de 2010.

ix. Ibíd. v

x. El Gobierno colombiano califica estos grupos sucesores como “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (BACRIM), según el informe de HRW.

xi. “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines. Crecen sus acciones criminales ¿qué dice el Gobierno?”, CNAI, noviembre de 2009.

xii. Ibíd. v

xiii. “2009 Human Rights Reports: Colombia”, U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 11 de marzo de 2010.

xiv. Ibíd. v

xv. “Graves ataques a la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Informe sometido a la Relatora de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos en el marco de su visita a Colombia (7-18 de septiembre de 2009)”, Campaña nacional e internacional por el derecho a defender los derechos humanos.

xvi. “Informe de la CUT para la misión de verificación para la situación de derechos humanos en Colombia”, CUT, 26 de enero de 2010.

xvii. Según registro en el Sistema de información sobre pueblos indígenas, Colombia.