Las comunidades desplazadas de la cuenca del Curbaradó iniciaron procesos de retorno en
De acuerdo con informaciones de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las amenazas contra líderes que reclaman la restitución de sus tierras han sido constantes durante los últimos años. Destaca el caso de Enrique Petro Hernández, quien durante los últimos años ha recibido diversas amenazas a través de llamadas telefónicas de supuestos miembros del grupo ilegal «Águilas Negras». María Ligia Chaverra, ex representante legal del Consejo Mayor de Curbaradó y una lideresa en el proceso de retorno a la región, fue objetivo de un plan para atentar contra su vida en 20081. Ambas personas son beneficiarias de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2.
Organizaciones nacionales e internacionales han intercedido en diversas ocasiones a favor de la seguridad de los pobladores ancestrales de la región, pero pocos resultados han sido logrados y las amenazas contra sus vidas no cesan, pese a todas las medidas decretadas. En ese sentido, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia en mayo de 2010 que diseñara y pusiese en marcha un plan de prevención y protección colectiva e individual de la población y comunidades de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó en donde se tuviera en cuenta el agravamiento reciente de la situación de orden público y de vulnerabilidad de estas comunidades3.