Por Jill Powis

Durante los días 4 y 5 de mayo Alba Cruz visitó el Reino Unido en el marco de una gira europea para exponer la situación de derechos humanos en el Estado de Oaxaca, que se ha deteriorado dramáticamente desde 2006. Alba es miembro del Comité 25 de Noviembre, que proporciona asistencia legal y defiende a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el estado. PBI comenzó a acompañar al Comité en 2009 debido a las amenazas que sus miembros habían recibido por motivo de su trabajo.

La propia Alba ha sido blanco de frecuentes ataques, tanto físicos como verbales. “Desde 2006 he sido acosada en mi casa y en la oficina – llamadas telefónicas, agresiones físicas, hurto de las placas e interferencia con los frenos de mi carro.” Desde septiembre de 2009 su automóvil ha sido manipulado tres veces más – ha sido embestido por otro vehículo mientras se encontraba estacionado y sus ruedas han sido aflojadas y sus cubiertas tajeadas. Además, en dos ocasiones, el automóvil de Alba fue chocado deliberadamente mientras ella conducía. Nadie ha sido acusado en conexión con estos incidentes.

Las amenazas contra Alba han continuado durante su visita a Europa. La noche del 30 de abril, luego de mantener reuniones con miembros del Parlamento Europeo y otros funcionarios, Alba recibió un mensaje de texto intimidatorio. El mismo día, el dirigente sindical representado por Alba Cruz, Marcelino Coache fue amenazado de muerte a través de otro mensaje de texto.

Alba y Marcelino creen que las amenazas son una reacción a sus recientes actividades públicas. En sus reuniones con autoridades, miembros parlamentarios, letrados, colegios de abogados y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el Reino Unido, España, Holanda y Francia, como así también en encuentros con el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos, Alba ha hecho pública la violencia sufrida por los defensores de derechos humanos en Oaxaca, que viven en un clima de impunidad. Marcelino Coache también ha hecho declaraciones públicas condenando la reciente violencia contra una misión civil en Oaxaca.

Se cree que una de las razones de los recientes ataques contra Alba es que ella defiende a Juan Manuel Martínez Moreno, quien fuera arrestado en 2008 por el asesinato de Brad Will, un periodista estadounidense que recibió un disparo mortal hace dos años mientras filmaba una marcha en Oaxaca. Como resultado de la valentía y perseverancia de Alba y sus colegas, Juan Manuel fue finalmente liberado en febrero de 2010 luego de que un tribunal federal considerara infundados los cargos contra él. Según Alba, la historia de Juan Manuel “es un caso emblemático de la injusticia y la impunidad experimentadas en México. No hay evidencias en su contra, pero sí claros intereses políticos detrás de esta acusación.” Alba cree que Juan Manuel ha sido usado como chivo expiatorio, dado que una condena por el asesinato de Brad Will era una condición para la aprobación de la ayuda militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida, un programa conjunto de Estados Unidos y México para combatir el cada vez más poderoso y desestabilizante comercio de drogas en México.

Juan Manuel y su familia también han sido blanco de amenazas y acosos. En un caso, a principios de diciembre de 2009, un hombre lo visitó en prisión y le advirtió: “dile a tu abogada que se quede quieta, que ya se pasó, que deje de hacer tanto ruido –sabemos dónde viven [ustedes] y sus familiares.” Su esposa ha denunciado que es perseguida regularmente por quien se cree que es el verdadero asesino de Brad Will. Además de esta persecución, existe la preocupación de que aunque Juan Manuel ha sido liberado, el juez estatal de Oaxaca haya incluido en sus papeles de excarcelación afirmaciones espurias sobre su participación en el asesinato que no sólo servirían para estigmatizarlo, sino que también podrían ser usadas como base para detenerlo otra vez.

El acompañamiento de PBI al Comité 25 de Noviembre en la actualidad se centra en garantizar la seguridad de Alba y de otros abogados que trabajan en el caso de Juan Manuel. Este caso es uno de los tantos abusos cometidos en el marco de las protestas sociales entre mayo de 2006 y junio de 2007 en Oaxaca, uno de los estados más pobres y subdesarrollados de México, con una gran población indígena altamente marginada. El propio nombre del Comité 25 de Noviembre conmemora la ola de violaciones a los derechos humanos cometida ese día del año 2006, cuando 139 personas fueron arbitrariamente detenidas y encarceladas, muchas fueron torturadas y casas y escuelas fueron ilegalmente allanadas. Se estima que durante todo el periodo 2006-2007 hubo un total de 502 detenciones arbitrarias, 26 asesinatos en los que las autoridades estuvieron implicadas, 246 casos de tortura y siete desapariciones forzadas. El Comité, junto con la ANAD (Asociación Nacional de Abogados Democráticos), ha jugado un papel decisivo en la búsqueda de justicia para las víctimas en lo que se ha conocido como el “Caso Oaxaca.” En octubre de 2009, como resultado de sus esfuerzos, la Suprema Corte mexicana dictaminó que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y otros funcionarios oficiales eran claramente responsables de la violación de una serie de derechos reconocidos por la Constitución, incluidos el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física.

Sin embargo, a pesar del dictamen de la Suprema Corte, las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso Oaxaca continúan impunes y por lo tanto Alba y sus colegas del Comité 25 de Noviembre continúan con su valiente pelea por la justicia.