Don Enrique Petro
Articulo publicado en el Boletín especial 15 años, octubre 2009
Mariana Nissen, voluntaria de Brasil (2005-2009)
Entre amenazas y atentados contra sus vidas, campesinos de la cuenca del río Curbaradó (departamento del Chocó) luchan por la recuperación de sus tierras.
Era enero de 2006 cuando PBI recibió una petición para acompañar a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) a la casa y posteriormente a la finca del campesino Enrique Petro, ubicada en medio de una plantación de palma africana en Curbaradó. Ésta era la segunda vez que CIJP solicitaba el acompañamiento de PBI en menos de un mes para visitar esta región, afectada por problemas de disputa de tierras y cuya localización remota suponía casi un día de viaje atravesando plantaciones de palma africana.
En octubre del 2005, Petro y un miembro de CIJP habían sido testigos de la desaparición forzada de Orlando Valencia, líder de esta región y vocero de los daños ambientales causados por el cultivo de la palma en esta zona. El cuerpo de Valencia apareció días después sin vida, en un río. El siniestro suceso parecía pretender, sembrando el miedo, debilitar el proceso organizativo de los campesinos de Curbaradó, cuyas tierras habían sido despojadas a partir de 1996 por acciones militares con presunta participación paramilitar. El resultado de estos operativos fue el desplazamiento masivo de campesinos y la destrucción de sus propiedades y del bosque nativo, y dio vía libre al cultivo masivo de palma africana en estas tierras, propiedad de las comunidades afrocolombianas por derecho constitucional.
Pese a las dificultades, Petro estaba decidido a recuperar su tierra y a posibilitar a otros campesinos la construcción de una zona humanitaria en su antigua finca, que les permitiría organizarse para retornar a sus tierras. El viaje de acompañamiento a los miembros de CIJP, y paralelamente a Petro, brindaba protección a esta visita, que tenía como objetivo establecer un plan de acción para iniciar este proceso de retorno.
No era un viaje de acompañamiento sencillo. Una caminata de cuatro horas bajo un sol abrasador, sin ninguna posibilidad de cobijarse a la sombra, en medio de la plantación de palma y soportando las miradas de los trabajadores y vigilantes de los cultivos. Era la primera vez que PBI hacía este trayecto a pie, visibilizando el acompañamiento internacional y poniendo a prueba su poder de disuasión frente a cualquier intento de violencia contra los miembros de CIJP y Petro. Además del desafío político, nos enfrentábamos al reto físico y mental de cargar toda la comida, colchonetas, agua para los días que pasaríamos alojados en el corazón de la plantación de palma, despertándonos cuando algún perro comenzase a ladrar o escuchando supuestos pasos. ¿Sería alguien intentando acercarse a la casa?
El acompañamiento, como la mayoría en los que PBI participa, terminó sin ningún incidente y representó uno de los primeros pasos para el retorno seguro de los campesinos a sus tierras. Desde la fecha, numerosas zonas humanitarias y zonas de biodiversidad han sido establecidas en Curbaradó gracias a esta iniciativa de las personas desplazadas. Sin embargo, pese al acompañamiento constante de PBI, iniciado en enero de 2006, la tensión en la zona del Curbaradó no ha disminuido, se han producido continuamente nuevos atentados, raptos y amenazas, culminando con el asesinato de Ualberto Hoyos, uno de los líderes del proceso de retorno de la comunidad de Caño Manso. En este contexto, falta todavía un largo proceso para que los campesinos puedan recuperar condiciones de vida dignas y vivir en paz en sus tierras.
Iniciativas de auto-protección de los pueblos
Numerosas comunidades en el país han ido buscando formas para protegerse del conflicto armado que asedia Colombia. Varias comunidades indígenas tienen lo que llaman las ‘asambleas permanentes’, lugares identificados claramente como zonas de refugio de la población civil. Igualmente, las comunidades del Bajo Naya han creado lo que llaman ‘lugares de refugio’.
PBI acompaña a varias comunidades en la zona del Urabá que utilizan el concepto de Zonas Humanitarias, áreas claramente delimitadas y visibilizadas con mallas y pancartas. En estas zonas el ingreso de cualquier actor armado – sea legal o ilegal – está prohibido. Estos espacios buscan adaptar a la realidad local el concepto de zonas protegidas incluido en el Derecho Internacional Humanitario, y con ello el cumplimiento del principio de distinción entre actores armados y población civil – principio fundamental para permitir la protección de la población civil en medio de un conflicto armado tanto internacional como interno.
Por otra parte, las comunidades han buscado proteger el medio ambiente, ya que su cuidado es imprescindible para poder seguir viviendo en sus territorios. Por eso han creado zonas especiales de protección de los recursos naturales, la fauna y flora, frente a la expansión de la frontera agrícola y la usurpación de tierras, como son las Zonas de Biodiversidad en la región del Urabá. En el Magdalena Medio – después de un largo proceso iniciado en el 1998 - fue aceptada por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Cimitarra. El año siguiente el Gobierno colombiano decidió suspender esa zona «por razones de interés general». Hoy en día la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra sigue insistiendo en que se levante esta suspensión.