31/08/2021
A dos meses de las elecciones generales en Nicaragua, se observa un panorama cada día mas desalentador.
Agosto termina con una masacre presuntamente a manos de “colonos” (invasores) que dejó un saldo de al menos 18 personas indígenas miskitas y mayangnas asesinadas en la reserva de biosfera Bosawás, zona rural protegida de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte considerada como el “corazón del Corredor Biológico Mesoamericano” por la Unesco. Sus habitantes han venido sufriendo frecuentes agresiones y falta de protección a sus derechos, ademas del deterioro ambiental causado por actividades de ganadería extensiva, la extracción ilegal de madera y la explotación minera. Por tal motivo la población se ha visto obligada a desplazarse de sus territorios ancestrales para salvaguardar sus vidas. Ya en 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la impunidad persistente de los crimines cometidos contra los pueblos indígenas en Nicaragua.
Por otro lado, sigue aumentando la represión hacia las voces críticas al gobierno. En los dos últimos meses la Asamblea Nacional de Nicaragua suspendió la personería jurídica de 39 organizaciones no gubernamentales nacionales, siendo organizaciones que realizan diferentes acciones de carácter social, incluyendo organizaciones médicas que criticaron la gestión de la pandemia. Asimismo, en agosto, 6 ONG de Estados Unidos y Europa dedicadas a proyectos de ayuda humanitaria y promoción de los derechos humanos, entre las cuales Oxfam y Diakonia, vieron cancelado su permiso para funcionar en Nicaragua. Con ello, se eleva a 55 el número de organizaciones cerradas por el gobierno desde 2018, bajo el argumento de incumplir sus obligaciones legales.
Estas nuevas medidas se dan luego de que Estados Unidos y Europa hayan aumentado las denuncias y presión sobre el gobierno Ortega-Murillo y anunciado nuevas sanciones a familiares y personas cercanas al gobierno por la detención de más de 30 de personas, entre las cuales siete aspirantes presidenciales, periodistas, líderes estudiantiles y de movimientos sociales, y personas defensoras de derechos humanos, detenidas desde finales de mayo pasado, cuyo paradero y condiciones de detención y salud se desconoce para la mayoría. Según el informe más reciente de Amnesty International, ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua, “la detención, seguida [del encubrimiento] del paradero de las personas [detenidas] constituye desaparición forzada a la luz de las obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos.”
En medio de esta ola de detenciones, el Consejo Supremo Electoral inhabilitó al único partido opositor que había logrado inscribirse formalmente para las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 7 de noviembre. Con estas acciones, que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscan “impedir la participación de la oposición en las elecciones generales”, la Unión Europea denuncia que “la oposición ha sido eliminada”.
La comunidad internacional responde ante la represión en Nicaragua
Ante el deterioro de la situación en Nicaragua, Estados Unidos revocó las visas de 100 personas vinculadas al gobierno de Ortega-Murillo, y el Senado aprobó el proyecto de Ley Renacer (llamada formalmente Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral). Esta iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Congreso antes de ser firmada por el presidente Biden, pretende aumentar las presiones al gobierno nicaragüense y endurecer sanciones, entre las cuales acciones contra los actores clave de la administración de Ortega-Murillo y la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
Paralelamente, la Unión Europea impuso medidas restrictivas a ocho personas, entre ellas la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, uno de sus hijos, y seis altos funcionarios, “responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, llegando a 14 las personas a las que se aplican medidas restrictivas por parte de la U.E. Canadá y Suiza también se sumaron a la presión europea y estadounidense para frenar los abusos del gobierno nicaragüense.
La nueva ola del exilio nicaragüense
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) reporta que hasta el mes de julio de este año, son más de 103.600 las personas nicaragüenses exiliadas desde el inicio de las protestas en abril de 2018.
En medio de la crisis social, económica, política y de derechos humanos que vive Nicaragua, el número de personas que han optado por el exilio en las últimas semanas continúa aumentando. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, tan solo en julio de este año, 13.338 Nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, o sea 52 veces más que en enero, alcanzando un total de 32.683 personas que han intentado atravesar la frontera desde México este año. Durante esta travesía desde Nicaragua, se han comenzado a evidenciar una serie de vulneraciones a su seguridad, integridad personal, libertad y vida. Por ejemplo, se han reportado varios casos de familias víctimas de extorsiones o secuestros por parte de redes criminales y otros de abusos por parte de las autoridades fronterizas estadounidenses. Ante la ola represiva en Nicaragua, Costa Rica también ha visto sus números de solicitantes de asilo triplicar en junio, con 4.328 solicitudes de refugio.
Desde el Proyecto PBI Nicaragua en Costa Rica, continuamos en el acompañamiento a organizaciones y colectivos en el exilio buscando fortalecer sus capacidades en protección integral e incidencia en un enfoque de construcción de paz. Compartimos la preocupación de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil antes la grave situación de vulneración los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
Les invitamos a leer los testimonios de algunas personas nicaragüenses que defienden los derechos humanos cargando el equipaje del exilio, como parte de nuestra campaña La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas.