Uno de los movimientos sociales más importantes de la última década es el movimiento de víctimas.
La mayoría de las personas que a finales de abril marcharon con banderas y pancartas por las lluviosas calles de Bogotá, para reclamar la paz con justicia social, viajaron hasta 20 horas en bus desde diferentes rincones rurales de Colombia. Fueron aproximadamente 1.700 organizaciones que desde hace dos años planean la denominada Marcha Patriótica, una de las movilizaciones más grandes de la historia de Colombia; iniciativa que busca convertirse en una alternativa democrática en el país1.
En estas mismas calles caminaron unas semanas antes cientos de personas para celebrar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Las movilizaciones, una expresión de la lucha social, han estado en auge durante la última década. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que recopila datos sobre las luchas sociales, de las 7.000 movilizaciones que ocurrieron entre 1975 y 2010, más de la mitad fueron realizadas durante los últimos diez años2.
«Hoy día hay una multiplicidad de expresiones sociales y hay una gran capacidad de reunirse y organizarse», afirma Luis Eduardo Celis, analista del centro de investigación Corporación Nuevo Arco Iris3.
Los movimientos sociales han incorporado nuevas actividades que han tenido un efecto positivo en la reivindicación de los derechos. «Son movimientos que han ido madurando, ya no sólo privilegian la acción directa de movilizar o de denunciar sino que también utilizan recursos jurídicos, de cabildeo internacional y de divulgación en los grandes medios buscando que sus intereses también sean escuchados», afirma Celis. Y añade que los más exitosos son los que logran combinar un conjunto de actividades. En ese sentido, Mauricio Archila4, historiador y analista en movimientos sociales del Cinep, considera que los movimientos que más logros tienen son los que evitan choques violentos.
Hay muchos ejemplos concretos del éxito que han tenido los movimientos sociales. El año pasado, la amenaza por la implementación de un proyecto minero en el páramo de Santurbán (Santander) llevó a que las organizaciones sociales y ambientalistas protagonizaran un movimiento de rechazo a su ejecución. Las acciones legales y la movilización de miles de personas lograron que la empresa canadiense Greystar retirara el proyecto aurífero5.
El Movimiento de Víctimas, un referente ético
Para Celis, uno de los movimientos sociales más importantes de la última década es el movimiento de víctimas. Hace una década, la gran parte de la ciudadanía desconocía la magnitud del sufrimiento que vivían las víctimas del conflicto armado. «La sociedad colombiana urbana ha empezado a saber que hay víctimas y reconoce la importancia de que se reivindiquen sus derechos». Este nuevo protagonismo también lo muestran las cifras del Cinep. Las asociaciones de víctimas lideraron 945 luchas sociales entre 1975 y 2010, pero 764 acciones (el 80%) las realizaron durante la última década6.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) surgió de un proyecto de investigación llamado Colombia Nunca Más, que documenta crímenes de lesa humanidad7. Las 1.500 víctimas de violaciones de derechos humanos presentes en un encuentro en 2005 resolvieron crear el Movice y plantear estrategias de lucha contra la impunidad. En el movimiento confluyen 283 organizaciones y hoy día tiene un reconocimiento y un posicionamiento importante en el país. Es un «referente ético», afirma Eliana Leaño Valverde8, integrante del Movimiento. Cuenta que entre los logros más destacados de los últimos siete años se encuentran la gran movilización del 6 de marzo de 2008 donde marcharon millones de personas en Colombia y el extranjero en nombre de las víctimas del paramilitarismo y de agentes del Estado9, además de las audiencias ciudadanas por la verdad donde las víctimas han denunciado violaciones. A diferencia de las audiencias realizadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) donde las víctimas sólo pueden intervenir de manera indirecta a través de la Fiscalía de forma que todo gira alrededor de las declaraciones del victimario mientras ellas quedan relegadas a espectadoras que escuchan en silencio, las audiencias ciudadanas son escenarios para que las víctimas del conflicto armado denuncien las violaciones de derechos humanos, explica Leaño Valverde. El Movice se ha expandido y hoy día cuenta con 22 capítulos regionales en todo el país.
Devolver la voz a los pueblos
Otro movimiento significativo es el Congreso de los Pueblos, que surgió, según la defensora de derechos humanos y antropóloga forense Berenice Celeyta, como una minga de resistencia social y comunitaria. Los objetivos que resalta Celeyta son «pensarnos una propuesta de país incluyente desde la legislación de los pueblos y dar la voz a los que les han arrancado la voz».
Hubo dos congresos importantes entre 2010 y 2011 en los cuales participaron aproximadamente 90.000 personas10. En el último, representantes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes llegaron a la ciudad de Cali para hablar sobre el conflicto armado, el despojo de las tierras y la defensa de territorios ancestrales de las minorías étnicas.
Celeyta sostiene como logros concretos que ha tenido el Congreso de los Pueblos: la visibilización de lo que sucede en Colombia, la formulación de exigencias concretas al Gobierno con el resultado de frenar proyectos legislativos que «van en detrimento de los derechos de los pueblos y los derechos ambientales» y reunir a diversas comunidades. Celeyta también hace énfasis en la necesidad de juntar fuerzas entre los diferentes sectores. «Solos no podemos», afirma resaltando que en el pasado han tenido lugar movilizaciones y resistencias pero que cada uno de los sectores —mujeres, campesinos o indígenas— desarrollaron sus estrategias por sus reivindicaciones específicas.
Los retos
Celeyta resalta que «no estamos todos; hay todavía mucha gente que teme salir a las calles, hay todavía mucha gente que tiene miedo de expresar sus pensamientos». Uno de los retos más importantes son las presiones —amenazas, asesinatos, estigmatizaciones— que tienen que enfrentar los líderes e integrantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos. «Es realmente heroico que todavía existan organizaciones en el campo», dice Celis con admiración frente a la valentía de la gente. De acuerdo a los registros de diferentes organizaciones no gubernamentales, en el año 2011 fueron asesinadas al menos 28 personas, todas líderes campesinos, víctimas de desplazamiento, despojo y vinculadas a procesos de restitución de tierras11.
En términos comparativos con otros países de América Latina (sobre todo Bolivia, Brasil, Argentina y México), Colombia no ha tenido una tradición de organización ni de movilización social fuerte, explica Archila, lo cual tiene que ver con la violencia. A pesar de esta «relativa debilidad», opina que teniendo en cuenta las condiciones colombianas – el conflicto armado, la presencia de los actores armados y la violencia - «hay unas dinámicas muy interesantes».
Aún hace falta que los movimientos sociales sean más fuertes y unidos, sostiene Celeyta. «La confianza no surge de hoy a mañana. La confianza parte justamente del respeto de esta diferencia y de pensar que cada una de las opiniones que existen son válidas para un proceso de transición».