«El fracaso en reconocer y respetar los derechos colectivos de los mayas Ch’orti“ a sus tierras y a ser consultados con respecto al uso de los recursos naturales en sus tierras, es la raíz del conflicto que se desarrolla en Chiquimula»

Las comunidades afirman que los planes para construir una serie de represas hidroeléctricas en el río Jupilingue afectará sus medios de subsistencia y amenazará su modo de vida. Las protestas de la comunidad han llevado a un conflicto con las autoridades locales y a la criminalización de miembros de la comunidad. El conflicto ha estado en un punto muerto que ha durado siete años. Durante el 2014, Nuevo Día, acompañada por PBI desde 2009, denunció una alarmante escalada de amenazas y ataques contra miembros de la organización y las comunidades Ch’orti“, destacando la necesidad de un organismo independiente que investigue el impacto que tienen las represas propuestas sobre los derechos humanos.

La delegación visitó Guatemala en mayo de 2015, facilitada por PBI UK con fondos de Open Society Foundations. La delegación fue integrado por el profesor de Derechos Humanos Dr. Julian Burger y los abogados Mónica Feria-Tinta y Claire McGregor, todos expertos en los campos de los derechos de los pueblos indígenas y la responsabilidad social de las empresas. Durante su estancia en ese país, se reunieron con una serie de actores relevantes en el conflicto, así como con otras organizaciones que conocen los asuntos subyacentes.

El informe final (disponible aquí) concluye que los derechos colectivos de los Ch’orti“ como pueblos indígenas, garantizados tanto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como por el artículo 67 de la Constitución guatemalteca, han sido violados por no consultar adecuadamente a las comunidades antes de aprobar los proyectos. El informe formula una serie de recomendaciones para que las empresas y el gobierno guatemalteco puedan fortalecer el proceso de consultas comunitarias y asegurar la realización de un estudio social y ambiental independiente sobre el impacto de las represas. También recomienda una revisión nacional de la legislación y las políticas para asegurar que la práctica del gobierno con respecto a los derechos indígenas esté en línea con el derecho internacional.

El informe aboga por la adopción de medidas urgentes para aplicar estas medidas a fin de evitar un mayor deterioro en la situación de los derechos humanos de las comunidades Ch’orti“. Estas medidas también se consideran cruciales para reducir los conflictos sociales en el país en general, y crear condiciones para negocios e inversiones responsables que respeten los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación.