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El sábado 12 de diciembre de 2015, los delegados a la Conferencia sobre el Cambio Climático COP21 de París firmaron el acuerdo que será el núcleo de la respuesta global al cambio climático, cuando entre en vigor en 2020.

Aunque muchos líderes y comentaristas consideraron el acuerdo como un notable éxito diplomático por sus ambiciosos objetivos contra el calentamiento, los representantes de las naciones indígenas de todo el mundo salieron a las calles de París para llamar la atención sobre las cláusulas clave que fueron eliminadas: los compromisos vinculantes de protección a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas en las soluciones al cambio climático. En el texto final, todas las referencias a estos derechos fueron relegadas a los términos no vinculantes y aspiracionales del preámbulo.

Los pueblos indígenas han estado a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, ya que los efectos del calentamiento global como sequías, inundaciones y grandes tormentas afectan sobre todo a los ecosistemas de los que dependen los estilos de vida tradicionales. También desempeñan un papel clave en la defensa de los ambientes naturales a través de su lucha por proteger sus tierras y recursos ancestrales de la incursión de intereses económicos externos, como la tala y las compañías mineras.

Estos defensores del medio ambiente enfrentan una serie de riesgos específicos. Además de enfrentarse a poderosos grupos de intereses, a menudo son marginados geográfica y socialmente, obligados a trabajar en áreas rurales aisladas, en condiciones de extrema pobreza, con comunicaciones deficientes y poco acceso a la protección de las leyes. A medida que se intensifica la competencia por los recursos naturales, su lucha se vuelve cada vez más peligrosa.

«Deadly Environment», un informe de 2014 del grupo de campaña Global Witness, reveló tres veces más asesinatos de activistas ambientales en 2012 que en los diez años anteriores. Un informe de seguimiento que examina la situación de esta amenaza durante 2014, mostró que no hubo reducción en la tendencia, con 116 casos de asesinatos de activistas ambientales. El 40% de estas víctimas fueron indígenas.

La campaña de Global Witness en el período previo a la conferencia de París trató de llamar la atención hacia estos defensores del medio ambiente, pidiendo a los líderes de COP21 que hagan más para protegerlos. Muchas organizaciones de derechos humanos y del medio ambiente sostienen que la omisión de la cláusula de los derechos indígenas del acuerdo final de París representa la pérdida de una oportunidad para fortalecer el derecho internacional que protege a los defensores de los derechos sobre la tierra y reconocer el papel que los sistemas de conocimiento indígenas pueden desempeñar en las soluciones al cambio climático [1].

Las soluciones delineadas en el Acuerdo de París se centran en los esquemas de compensación de carbono, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), que permite generar esquemas de reforestación que produzcan créditos de carbono que pueden ser vendidos en el mercado de carbono, como la hidroelectricidad. Los activistas indígenas temen que REDD+ cree incentivos para la apropiación de tierras indígenas para su uso como «sumideros» de carbono; mientras que la construcción acelerada de proyectos hidroeléctricos a gran escala, sin tener en cuenta debidamente los derechos indígenas, probablemente resulte en el desplazamiento de más comunidades de sus tierras.

Muchos de los defensores ambientales acompañados por PBI ya están sufriendo por su oposición a tales proyectos. Uno de los casos destacados por la campaña de Global Witness es el de Juan Francisco Martínez, miembro prominente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) en Honduras. MILPAH se opone a la construcción de proyectos hidroeléctricos en territorio Lenca y cuenta con el apoyo de PBI a través de nuestro acompañamiento del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), que brinda asesoría y representación al movimiento Lenca. Juan Martínez fue encontrado muerto a puñaladas en enero de 2015. Él fue uno de los tres integrantes de la comunidad asesinados en ese año. Otros dos líderes del movimiento fueron detenidos por la policía, ejemplificando la criminalización de los defensores ambientales, que podría ser prevenida si existe una mejor protección legal de los derechos indígenas sobre la tierra.

Los activistas indígenas defienden un enfoque holístico del cambio climático, que se centra en una comprensión íntima de la interacción de los elementos naturales y prioriza las estrategias diseñadas localmente para una gestión ambiental sostenible, así como enfatizar la importancia de dejar los combustibles fósiles en el suelo. Para que esta visión sea alcanzada, es crucial que sean respetados los derechos indígenas a las tierras y los recursos, y que se proteja a los defensores ambientales.

«Nosotros, los pueblos indígenas, somos la línea roja», dijo Tom Goldtooth, Director Ejecutivo de la Red Indígena Ambiental. «Hemos trazado esa línea con nuestros cuerpos contra la privatización de la naturaleza, los sucios combustibles fósiles y el cambio climático. Somos los defensores de las regiones con mayor diversidad biológica y cultural del mundo. Protegeremos nuestras sagradas tierras. En nuestro conocimiento ancestral tenemos muchas de las soluciones al cambio climático que está buscando la humanidad. Sólo cuando se escuche nuestro mensaje podrán ser renovados los ecosistemas del planeta».

Nota

[1] http://www.ienearth.org/indigenous-activists-protest-the-removal-of-indigenous-rights-from-the-paris-climate-pact-on-the-seine-river/