Artículo publicado en ColomPBIa no 8. Para aprender más sobre la realidad violenta de Medellín y el fenómeno ‘para’, haz click en las referencias, o baja de una un archivo zip con las fuentes utilizadas, y otras referencias relacionadas.

Al final de su mandato, en diciembre de 2007, el alcalde Sergio Fajardo dijo que Medellín, tras la desmovilización de los bloques paramilitares, había pasado «del miedo a la esperanza». Con tasas de violencia relativamente bajas, la capital de Antioquia se había convertido en un importante destino turístico y de inversiones.

Sin embargo, un reciente aumento de asesinatos nos recuerda que el miedo sigue presente. La Policía Metropolitana indicó que hubo 261 homicidios en los primeros cinco meses del año, o sea 10% más que el año pasado.1

Ha surgido un debate sobre qué genera la nueva violencia. Un punto de vista es representado por el secretario de Gobierno municipal, que la atribuye, entre otros, a ajustes de cuentas entre narcotraficantes, e insiste en que no se trata de paramilitarismo.2

Su afirmación se ve respaldada por cifras oficiales que muestran que un 90 por ciento de los desmovilizados en Medellín siguen en sus programas de reinserción. Se indica que los pocos que siguen cometiendo crímenes ya no forman parte de estructuras armadas, y argumenta que los habitantes de los barrios siguen nombrándoles ‘paras’ por los imaginarios que hay, o sea que se equivocan.3

El director de la Policía Nacional, Oscar Naranjo, insiste en el hecho de que estas bandas no tienen ningún objetivo contrainsurgente y por ende no pueden ser tipificadas como paramilitares. «Incluso, hay un elemento adicional: estas bandas criminales están confrontando al Ejército y la Policía».4

Lamentablemente, jóvenes en los barrios populares han denunciado la existencia de grupos de desmovilizados que impiden a candidatas y candidatos postularse a las Juntas de Acción Comunal, y afirman que algunos miembros de la Policía conviven con dichos grupos.5 Asimismo, “listas negras” han sido distribuidas en la ciudad, en las que aparecen sobre todo jóvenes supuestamente drogadictos, que han sido firmadas por ‘Águilas Negras’.

Según la Personería de Medellín, dos de cada tres víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en Medellín, durante 2007, señalaban a paramilitares como sus victimarios. Un 11% señalaba a la guerrilla, indicando que el conflicto armado en los barrios de Medellín persiste. Es más, en 2007 fueron desplazadas más de mil personas, mientras en 2005 fueron 415. «El fenómeno del paramilitarismo no ha desaparecido de la ciudad», indica la Personería.6

La revista Semana ha revelado que en Medellín se amplían las ofertas de reclutamiento de ex paras que pueden venir a ganar entre 800.000 y un millón de pesos para volver a actuar en las filas de las nuevas agrupaciones ilegales.7

El Instituto Popular de Capitación (IPC), organización acompañada por PBI, desarrolla un trabajo de investigación y formación en los barrios de Medellín, llamados comunas. A través de su agencia de prensa, se ha convertido en la principal fuente de información pública sobre la realidad violenta que vive la ciudad.

Nelly Osorno, miembro del IPC que trabaja en las comunas 4 y 13, comenta que el ambiente en la ciudad «empieza a sentirse de nuevo bastante pesado». El IPC no ha sufrido muchos problemas para desarrollar su trabajo hasta ahora, aunque exista resistencia por parte de algunos reinsertados que consideran al Instituto como un obstáculo por su trabajo de observación de las reglas de juego del proceso de desmovilización. Cuestionan la independencia del IPC y lo señalan como «guerrilla».

Para Nelly Osorno, la cuestión de si estos grupos encajan en una definición de paramilitarismo o no, es un juego de palabras. «Lo importante es que se continúan ejerciendo las mismas prácticas y los mismos métodos en los barrios», aclara.

Después de la desmovilización, los reinsertados ingresaron fuertemente en los escenarios de participación a nivel local para controlar los fondos que aquí se manejan. Según Osorno puede ser que hayan logrado influencia hasta en un 80% de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad. Mientras para algunos habitantes de los barrios esta participación es perfectamente legítima, otras personas señalan que los métodos que utilizan los reinsertados en algunos casos no son muy distintos a los que usaban cuando estaban armados. «Mucha gente ha dejado de participar en estos espacios, por miedo», indica Osorno.

Para ella, el proceso representa una bomba de tiempo y hace falta establecer controles y mecanismos claros para supervisar el proceso, si no, la situación puede volverse peor que antes de la desmovilización. Además, existe el temor entre los reinsertados de que dentro de poco no habrá más fondos para los programas de reinserción y muchos afirman que cuando se acabe la el dinero, retomarán la armas.

1 “¿Vuelve la noche horrible?”, Semana, 14 de junio de 2008.

2 “Medellín enfrenta su realidad criminal”, El Mundo, 2 de marzo de 2008.

3 Ibid.

4 “‘Oficina’ de Envigado busca ‘patrón’ para sobrevivir: general Naranjo”, IPC, 14 de febrero de 2008. www.ipc.org.co/page/index.php

5 Intimidación y control social: cotidianidad de los barrios, IPC, 20 de junio de 2008. www.ipc.org.co/page/index.php

6 Informe anual de la Personería de Medellín de 2007.
 
7 “Se crece el enano”, Semana, 31 de mayo de 2008