En 2009 varios defensores de derechos humanos, entre ellos el fundador de DH Colombia, el abogado Jorge Molano, denunciaron que eran víctimas de una política estatal de espionaje a personas defensoras de derechos humanos, que estaba afectando gravemente sus garantías para realizar su trabajo, y su seguridad personal.
Como consecuencia, en 2016 varios miembros del entonces desmantelado DAS fueron llamados a juicio por las «chuzadas» ilegales y la vigilancia de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y congresistas opositores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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