INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2006

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN

COLOMBIA

4.       Como en años anteriores la situación registrada en la República de Colombia durante el año 2006 se enmarca en los criterios establecidos en la introducción del Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Dichos criterios resultan relevantes en su conjunto y en particular en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales en Estados miembros que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones sobre el particular, conforme al procedimiento establecido en el artículo 57.1.h de su Reglamento[1], a fin de que sean incluidas en su Informe Anual.  El 26 de enero de 2007 el proyecto preliminar del presente informe fue remitido al Estado para sus observaciones.  Dichas observaciones fueron recibidas por la CIDH el 27 de febrero de 2007 y han sido incorporadas, en lo pertinente, a la versión final de este informe.[2]

5.       La CIDH es particularmente conciente de la compleja situación que enfrenta Colombia, de las consecuencias de la violencia ejercida por los actores del conflicto sobre la población civil y de los esfuerzos del Estado por lograr la pacificación.  En este contexto, corresponde valorar los esfuerzos del Gobierno colombiano en el impulso de medidas destinadas a asegurar la vigencia de los derechos humanos.  En particular, la CIDH desea resaltar el “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales”[3] el cual, según la CIDH ha indicado en oportunidades anteriores, protege a numerosos beneficiarios de medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.  Asimismo, la CIDH reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección de establecidos mediante estos programas.[4]

6.       La Comisión también ha tomado conocimiento del impulso reciente de medidas gubernamentales destinadas a la promover los derechos humanos, tal como la instalación de una comisión para la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y el Derechos Internacional Humanitario.  Dicho plan tendría como fin enfatizar “el rol de los derechos humanos en el desarrollo nacional [..] con miras a fortalecer el Estado de Derecho a fin de que mantenga un carácter estatal que trascienda los períodos gubernamentales.”[5]

7.       La Comisión observa, sin embargo, que junto a las iniciativas de promoción de los derechos humanos –como la arriba citada— y la disminución en las cifras de ciertas violaciones a los derechos humanos, conviven aun los efectos del conflicto armado, los cuales continúan golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.  Las manifestaciones de violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al margen de la ley, y los intentos por administrar justicia, los cuales aun no han mostrado resultados en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia.

8.       Consecuentemente, con base en las observaciones conducidas in loco en distintas regiones de Colombia durante 2006 y en informaciones recibidas tanto del Estado como de la sociedad civil en el marco de audiencias y por medios escritos, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en la República de Colombia durante el año 2006.  Particularmente, se abordan los avances y obstáculos en el proceso de desmovilización de actores armados y el desarrollo y aplicación de su marco legal, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos vulnerables, y la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
 

I.         EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SU MARCO LEGAL

9.       Durante los últimos quince años, los actores en el conflicto armado interno –en particular las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC-EP— han empleado la comisión de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas como estrategia contra la población civil.  Los grupos armados disidentes –principalmente las FARC-EP— también han empleado como estrategia la comisión de atentados con explosivos en forma indiscriminada y de secuestros, en violación de los principios más básicos del derecho internacional humanitario.  La CIDH ha expresado en forma reiterada su preocupación por la falta de esclarecimiento judicial de la abrumadora mayoría de estos hechos.[6]

10.     Como es de público conocimiento, entre noviembre de 2003 y mayo de 2006[7] se habrían desmovilizado más de 30 mil integrantes de 35 bloques que conformaban la estructura armada de las AUC a la luz de un compromiso alcanzado con el Gobierno del Presidente Uribe.[8]  En agosto de 2006 finalizó el proceso de desmovilización de grupos paramilitares que no habían participado del acuerdo alcanzado por el Gobierno con el llamado Comando Mayor Negociador de las AUC.[9]

11.     Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han seguido de cerca el proceso a través del trabajo de verificación en el terreno adelantado por la Misión MAPP/OEA, bajo la supervisión del Secretario General.  Al respecto, a pesar de haberse completado el ciclo de desmovilizaciones acordadas con las AUC, los informes emitidos por la Secretaría General durante el año 2006 dan cuenta de la existencia de grupos vinculados a los bloques de las AUC que no se han plegado a la desmovilización, el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales, e incluso de la aparición de nuevos actores armados y/o el fortalecimiento de algunos ya existentes, en zonas despejadas por grupos desmovilizados.[10]

12.     Por su parte, la CIDH ha dado seguimiento a los aspectos del proceso que se relacionan con la vigencia y cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en el marco de dicho proceso.  Como parte de ese seguimiento, durante el año 2006 la Comisión recibió con preocupación información sobre la continuidad de crímenes perpetrados contra la población civil en zonas del país por parte de actores que se habrían reagrupado o continuarían operando tras la desmovilización, en violación a los compromisos asumidos.  Muchos de estos hechos son de público conocimiento.[11]  También ha recibido denuncias sobre la comisión de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, por parte de estos actores.  En sus observaciones, el Estado hace referencia a órdenes impartidas para “persecución (sic) de las bandas criminales que se han identificado en algunas partes del país, en las que anteriormente operaban los grupos de autodefensa, las cuales deben ser perseguidas con toda la decisión por parte de la Justicia y de la Fuerza Pública. Enfatizando que si dentro de estas bandas hay personas que fueron miembros de los grupos de autodefensa que se desmovilizaron para someterse a la Ley de Justicia y Paz, los mismos perderán todos los beneficios.” Indica que la Policía Nacional ha puesto en marcha un plan operativo para combatir a dichas bandas y se le ha ordenado “cumplir con la tarea de monitoreo y seguimiento de los reinsertados, a fin de tener la certeza de que sus conductas se ajusten a la ley.” [12]

13.     En cuanto a la compatibilidad del proceso con las obligaciones del Estado en materia de administración de justicia, la CIDH observa que durante más de un año y medio este proceso se adelantó a la luz del régimen de desmovilización individual y colectiva vigente para todos los miembros de grupos armados al margen de la ley que desearan reincorporarse a la vida civil.  En ese momento la CIDH,[13] al igual que otros órganos internacionales,[14] recomendó la adopción de un marco legal que estableciera condiciones claras para la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto.

14.     El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 975 de 2005, la cual entró en vigor tras la sanción presidencial el 22 de julio de 2005.  La llamada “Ley de Justicia y Paz” establece una serie de beneficios consistentes en imposición de penas alternativas de prisión, de entre cinco y ocho años de duración a cambio del cumplimiento con una serie de requisitos de elegibilidad.  La CIDH se pronunció en forma inmediata sobre sus preocupaciones respecto de las perspectivas de implementación de esta norma.[15]  A la Ley de Justicia y Paz se sumó la adopción del Decreto No. 4760 del 30 de diciembre de 2005[16].  En mayo de 2006, los alcances de la Ley de Justicia y Paz fueron materia de interpretación por parte de la Corte Constitucional[17], en respuesta a una serie de demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones de la sociedad civil.[18]

15.     En su decisión, la Corte consideró que la norma era constitucional en forma global pero a la vez declaró como inconstitucionales varias de sus disposiciones y estableció condiciones para su aplicación.  Entre los parámetros de interpretación establecidos por la Corte Constitucional se destacan aquellos destinados a proteger la participación de las víctimas en el proceso[19] y su acceso a una reparación integral[20].  La sentencia también clarificó la obligación de imponer en forma efectiva la pena reducida de prisión allí prevista e introdujo consecuencias legales, tales como la pérdida de beneficios, en caso de que los desmovilizados que buscan beneficiarse de la aplicación de la Ley oculten información a las autoridades judiciales[21].  Asimismo, la sentencia aclaró la calificación del paramilitarismo como un delito común y declaró inconstitucional la disposición que permitía la computación como tiempo de ejecución de la pena alternativa el tiempo que los desmovilizados permanecieron en las zonas de concentración.

16.     El 1° de agosto de 2006 –tras haberse hecho público el texto integral de esta decisión— la CIDH se pronunció sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz, resaltó las implicancias del fallo de la Corte Constitucional, e hizo un llamado al Estado a cumplir con los estándares establecidos en dicha sentencia.  En su pronunciamiento, la CIDH destacó los aspectos de la decisión de la Corte Constitucional que deben ser materia de estricto cumplimiento por parte de las instituciones del Estado involucradas en la implementación de la Ley 975.  Concretamente, indicó que las versiones libres recabadas de los desmovilizados que quieran acogerse a los generosos beneficios de esta norma debe ser completa y veraz y debe incorporar el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los crímenes fueron cometidos, a fin de asegurar el derecho a la verdad; que el Estado debe asegurar el derecho de las víctimas a participar en todas las diligencias procesales establecidas en la Ley 975; que quienes se acojan a los beneficios de la Ley 975 deben revelar el paradero de los desaparecidos; que deben reparar a las víctimas con su propio patrimonio, incluyendo el patrimonio legal en caso que el ilegal no sea suficiente e incluso en forma solidaria con otros miembros del grupo desmovilizado, cuando así lo decidan los tribunales; que el volver a delinquir o el incumplir las obligaciones impuestas durante el tiempo que dure la sentencia debe tener como consecuencia la perdida del beneficio; y que los Fiscales Delegados de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz deberán contar con un programa metodológico para realizar y completar la investigación de los hechos, en forma seria.

17.     En cuanto a las acciones destinadas a asegurar la reparación de las víctimas, la CIDH recomendó el establecimiento de directrices tendientes a unificar y uniformar los criterios que utilizarán los fiscales delegados de la Unidad Nacional de Fiscalía de Justicia y Paz; el establecimiento de plazos y mecanismos para implementar el proceso de reparación de las víctimas y asegurar la interacción entre las instituciones involucradas, así como del debido establecimiento de mecanismos destinados prestar protección a las víctimas que participen de los juicios; y el fortalecimiento de los sistemas de notariado, registro y catastro, a fin de que las instituciones involucradas aseguren la debida restitución de bienes inmuebles a las víctimas del conflicto.

18.     Hacia fines de agosto de 2006 se tomó conocimiento de la detención de un número de líderes paramilitares involucrados en el proceso de desmovilización a fin de que permanezcan a disposición de las autoridades en cumplimiento de su compromiso de someterse a los procesos legales aplicables y eventualmente servir las penas privativas de libertad que les correspondieren por la comisión de crímenes durante el conflicto armado.[22]  La CIDH valoró este hecho como un paso inicial en el proceso de administrar justicia y espera que se continúe avanzando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

19.     Seguidamente, el 29 de septiembre de 2006 el Gobierno adoptó el Decreto No. 3391 de 2006 mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.[23]  Dicho Decreto rescató algunas consideraciones formuladas por la Corte Constitucional sobre la reparación a las víctimas y la obligación de los desmovilizados de confesar plena y verazmente todos los delitos cometidos durante su pertenencia al grupo.  Asimismo, el Decreto dispuso que el tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil hubiesen permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa en el evento que los supuestos de hecho previstos hubiesen surtido efecto con anterioridad a la Sentencia de la Corte Constitucional.

20.     En cuanto a la aplicación concreta del marco legal durante los últimos meses del 2006 vis-a-vis las obligaciones del Estado en materia de participación y reparación de las víctimas, preocupan a la CIDH las denuncias sobre las deficiencias en la forma en que se han llevado a cabo los edictos emplazatorios de las víctimas llamadas a participar de los procesos de la Ley 975.  La Comisión ha tomado conocimiento de que los emplazamientos se habrían realizado en las zonas de acción de los grupos armados al margen de la ley, sin señalar los alias mediante los cuales los desmovilizados que buscan beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz eran identificados al momento de la comisión de crímenes.  Cabe resaltar, que un elevado número de víctimas sobrevivientes se han desplazado forzadamente a otras zonas del país en busca de refugio, lo cual exige que los emplazamientos se efectúen a nivel nacional.  La participación de las víctimas en los procesos judiciales resulta crucial para el cumplimiento con las obligaciones de establecer la verdad y la reparación debidas.  Al respecto, el Estado ha detallado en sus observaciones al presente informe que “en la actualidad se están publicando los edictos durante 20 días en la Secretaría de la Fiscalía y un día en un periódico de alta circulación nacional- que incluyen el nombre completo, la foto, el alias, el nombre del bloque al que pertenecía y el lugar a donde pueden acudir las víctimas.  Adicional a esto, se ha dispuesto información completa que permita a la víctima ubicarse en un contexto real y determinado.”[24]  El Estado informa también que se asignó a cada uno de los despachos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, la documentación de información respecto de génesis, estructura, área de influencia, integrantes, fuentes de financiación, bienes, hechos atribuibles y víctimas, respecto de los siguientes grupos” desmovilizados.[25]

21.     Por último, sólo resta indicar que durante el 2006 el Estado colombiano adelantó esfuerzos para acordar la desmovilización de otros grupos armados al margen de la ley, demostrando su intención de alcanzar la pacificación.

II.       LA CONTINUIDAD DE LA VIOLENCIA DERIVADA DEL CONFLICTO ARMADO: derecho a la vida, la integridad personal y la libertad

22.     Pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado.  La CIDH continua recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley – paramilitares y guerrilla—y miembros de la Fuerza Pública continúan involucrados en la comisión de crímenes e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad y redundan en la continuidad del fenómeno del desplazamiento interno.

23.     Conforme a las estadísticas elaboradas por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en el primer semestre del año 2006 se habrían cometido un total de 969 violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social[26] y 739 infracciones graves del derecho internacional humanitario (DIH).[27]  En el último caso 388 de estas infracciones habrían sido cometidas por el Ejército, 241 por paramilitares y 251 por la Policía.[28]  Por su parte, las cifras gubernamentales registran 4.020 homicidios y 52 víctimas de masacres, para el primer trimestre de 2006.[29]  El reporte estatal indica que los homicidios se concentran en las zonas de Valle del Cauca (20%), Antioquia (13%), Distrito Capital (8%), y Risaralda, Meta y Nariño con un (5%).[30]

24.     Durante el 2006 la CIDH tomó conocimiento de un estudio sobre el aumento del número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública en 27 de los 32 departamentos del territorio nacional, en el período que cubre los últimos cuatro años.[31]  Así la documentación de estos casos por parte de las organizaciones de derechos humanos en Colombia arrojaría una cifra aproximada de 726 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales entre el período de 2002 a 2006.[32]  El Estado, en sus observaciones, alega que “al parecer, se están incluyendo como ejecuciones extrajudiciales cifras correspondientes a bajas en combate [..] [que] son legítimas siempre que se ajusten al Derecho Internacional Humanitario, la ley y los procedimientos operacionales. Si bien es cierto que se han presentado algunas acusaciones contra miembros de la Fuerza Pública por muertes fuera de combate, también lo es que las mismas constituyen excepciones y están siendo investigadas penal y disciplinariamente.” [33]

25.     El estudio[34] argumenta que, frecuentemente, ejecuciones extrajudiciales son registradas como muertes en combate en contextos en los que su ejecución responde a una serie de patrones definidos: tienen lugar en zonas en las que se desarrollan operaciones militares[35]; son precedidas por la detención arbitraria de la víctima o víctimas e incluso su desaparición por varios días; el cuerpo es encontrado en una localidad distinta a aquélla en la que se produjo la retención; la ejecución se sigue de la manipulación y ocultamiento de la prueba; y finalmente son reportadas como muertes en combate.  Se alega que la determinación de responsabilidad por la comisión de estas ejecuciones se vería impedida por otro conjunto de patrones que asegura la impunidad de los autores: las investigaciones se inician en forma inmediata en la jurisdicción penal militar; la Fiscalía propone colisión negativa de competencia a fin de remitir causas a la justicia penal militar; la jurisdicción militar tiende a archivar las diligencias declarando las muertes como ocurridas en combate.  El móvil de las ejecuciones extrajudiciales documentadas estaría asociadas con la actividad política, social, y comunitaria de las víctimas.

26.     Frente a estas denuncias, la Comisión debe señalar que la protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para juzgar y castigar la privación arbitraria de la vida, la integridad personal y la libertad.  Especialmente exige prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de las fuerzas de seguridad del propio Estado.[36]

27.     Asimismo, el empleo de la justicia penal militar para investigar a miembros del Ejército presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales vulnera las garantías previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.  Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que en un Estado democrático la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares.  Por ello, sólo debe ser empleada para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar[37].  Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia[38].  Como una garantía del debido proceso el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial[39].  En sus observaciones, el Estado indica que “en relación con la competencia restrictiva de la Justicia Penal Militar para conocer de violaciones a los derechos humanos, se presentará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal Militar dentro de la cual se destacan puntos como el de revisar la ubicación de esta jurisdicción especial dentro de la estructura del Estado para propender por una mayor independencia, transparencia y eficacia, y fortalecer los derechos y garantías de las víctimas.” [40]

28.     Por último, en cuanto al desplazamiento interno, fuentes gubernamentales hacen referencia a 20.004 víctimas de desplazamiento forzado para el primer trimestre del 2006[41] y de 69.298 personas desplazadas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2006[42].  Dichas fuentes estatales estiman que existiría una disminución del 52% en el número de personas desplazadas en los primeros meses del 2006 con relación al número de desplazados en el mismo período del 2005.[43]  Conforme a información hecha pública por la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), sin embargo, en el primer semestre de 2006, 112 mil personas se habrían desplazado forzadamente de de 463 municipios en 32 departamentos del país.[44]  En sus observaciones el Estado hace notar la diferencia de metodologías empleadas por Acción Social (como fuente oficial) y CODHES y afirma que la comparación de cifras “no necesariamente implica que haya habido un aumento en el número de desplazados sino que se mejoraron los sistemas de registro de personas desplazadas.”[45]

29.     En cuanto a la situación de las víctimas del desplazamiento, corresponde destacar que el 29 de noviembre de 2006 la Corte Constitucional se pronunció sobre la apertura de incidentes de desacato contra varios funcionarios públicos por incumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, mediante la cual dicho tribunal estableció obligaciones y objetivos a cumplir por el Gobierno a fin de atender a la población desplazada.  La Corte Constitucional ha enfatizado también la necesidad de “acelerar el proceso de adopción de indicadores de resultado, necesarios para determinar si las entidades públicas han avanzado, retrocedido o estancado en la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”[46].

III.      LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

30.     Durante el año 2006, la CIDH continuó recibiendo información sobre la situación de violencia que aqueja a grupos vulnerables, en particular los pueblos indígenas y los consejos comunitarios y comunidades afro descendientes, en ciertas regiones del país cuyos miembros son blanco de la violencia en forma individual y colectiva, lo cual hace peligrar su autonomía y sus derechos territoriales y culturales.

31.     En Colombia habitan 90 pueblos indígenas distribuidos en 32 departamentos del territorio nacional, con 64 idiomas y particular cosmovisión, historia y espiritualidad.  La riqueza cultural de estos pueblos, se refleja en sus formas diversas de vida, generalmente ligadas al territorio, a sus modos de organización social y a las diferentes formas de resolución de conflicto, lo cual les ha permitido mantener su identidad cultural.[47]  Esta riqueza cultural se ve perpetuamente amenazada por la continuidad de la violencia en muchas de las zonas donde habitan estos pueblos.

32.     Los territorios indígenas son utilizados por los distintos actores armados en Colombia como zonas de estrategia militar y económica, como corredores para tránsito y de refugio de sus tropas, para el tráfico de armas y para el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas.  La Comisión observa que durante los últimos años se ha intensificado la presión que ejercen los grupos armados al margen de la ley sobre los territorios indígenas, en virtud del aumento del interés económico por la riqueza de los territorios indígenas propicios para la explotación de recursos naturales y la construcción de grandes obras de infraestructura vial, minera e hidroenergética.

33.     Según cifras del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, entre enero y septiembre de 2006, 41 personas indígenas fueron asesinadas.  Cabe señalar que durante el mismo período del año 2005 se registraron 40 asesinatos.[48]  Por su parte, las cifras compiladas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indican que entre enero y junio de 2006 se habrían producido 143.263 crímenes e infracciones del DIH contra los pueblos indígenas.[49]

34.     Conforme a las denuncias recibidas, las zonas del norte del Cauca y de la Sierra Nevada de Santa Marta Zonas se encuentran entre las más afectadas.  Concretamente, la CIDH ha tomado conocimiento sobre actos de intimidación y violencia perpetrados por parte de grupos armados al margen de la ley denominado “Águilas Negras” en Valledupar y sus alrededores, donde habitan los indígenas Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.[50] El 5 marzo de 2006 un gobernador del pueblo indígena Makaguaje fue asesinado por no cumplir una orden de paro en el departamento de Arauca y al día siguiente su esposa, una profesora del resguardo Caño Claro, fue asesinada por las FARC al recoger el cadáver.  Durante el 2006 también fueron asesinados dos profesores del pueblo indígena Wounaan, en el departamento del Chocó.  El propio Estado ha reconocido el carácter emblemático de estos asesinatos ya que revelan el propósito deliberado de destruir la identidad del pueblo al que pertenecían y atentar contra su proyecto cultural, a través del asesinato de lideres, gobernadores y profesores[51]  Así mismo el 9 de agosto de 2006 –día internacional de los pueblos indígenas— cinco indígenas, entre los que se contaban un ex gobernador y una profesora, fueron asesinados en una masacre en la comunidad Awa del departamento de Nariño. [52]

35.     Preocupa especialmente el efecto que el desplazamiento forzado de los territorios ancestrales tiene sobre los pueblos indígenas en Colombia.  Según las cifras compiladas por CODHES, durante el primer semestre de 2006, los pueblos indígenas se vieron afectados de manera grave y desproporcionada por este fenómeno, en particular los Nukak Maku, los Wounaan, los Wayuu, los Paeces, los Koguis y Wiwas y los Awa.[53]  CODHES ha precisado que alrededor de 5.773 personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas, fueron desplazadas en forma individual y colectiva.  Asimismo, señala que el 16% de las personas afectadas pertenece a pueblos indígenas que se desplazaron por causa de combates y acciones armadas de la Fuerza Pública, las guerrillas y los grupos paramilitares.[54]  Fuentes gubernamentales, por su parte, indican que una comunidad perteneciente al pueblo Makaguan se desplazo a raíz del asesinato de dos de sus líderes por las FARC.[55]

36.     Asimismo, en abril de 2006, 50 familias Wayúu (260 personas) que habitaban el caserío de Poropo en el corregimiento de Bahía Honda, municipio de Uribia, abandonaron sus tierras luego de que paramilitares de las AUC que aún no se han desmovilizado y que pertenecen al Bloque Norte de la Guajira, agredieran a varias mujeres, entre ellas a una anciana de 80 años de edad y asesinaran a un integrante de su familia. Inicialmente estas familias llegaron a la cabecera municipal de Uribia en donde las autoridades condicionaron la atención humanitaria a un retorno inmediato que, según Acción Social, se cumplió con 47 personas. Sin embargo, CODHES constató en terreno que más de 150 personas no retornaron y permanecen en Uribia, otras 56 se asentaron en Maracaibo – Estado de Zulia de Venezuela y algunas familias se trasladaron a la ciudad de Santa Marta en el departamento del Magdalena.[56]

37.     El desplazamiento forzado causado por el conflicto armado ha afectado también a los pueblos indígenas ubicados en zonas fronterizas, según CODHES, en el primer semestre de 2006, 48 personas de la etnia Wounaan[57] y 15 de la Etnia Embera se refugiaron en Panamá, mientras que 56 indígenas del pueblo Wayuu se refugiaron en Venezuela.[58]

38.     La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación de hombres, mujeres, niños y niñas que integran los pueblos indígenas colombianos frente a la violación de sus derechos humanos fundamentales, por la ausencia de señales de disminución de la violencia y por el hecho que el desplazamiento genera la ruptura del tejido social y el menoscabo de sus tradiciones indígenas.[59] 

39.     La ONIC ha denunciado la gravedad de la situación, en la medida en que todos los pueblos indígenas de Colombia ven afectados sus proyectos de vida, su autonomía y su seguridad.[60]  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su parte, ha alertado sobre la emergencia humanitaria que aflige a comunidades y podría llevarlas a la extinción.[61]  En este sentido la Comisión observa con especial preocupación la situación de los pueblos indígenas Nukak maku y Makaguaje que por su reducido número de habitantes y las consecuencias del conflicto armado se encuentran en riesgo de extinción.  Según información recibida por la CIDH, 77 indígenas del pueblo Nukak maku[62] se desplazaron en marzo de 2006 hacia San José del Guaviare.  Así, en abril de 2006 los desplazados ascendían a 150 personas[63].  A raíz de los hechos anteriores, el Estado colombiano ubicó a 170 miembros de este pueblo en 20.000 hectáreas de selva[64].  La Comisión, durante los últimos meses, ha tomado conocimiento de la muerte de su líder Mow’be[65] y de que el nuevo lugar de habitación de los Nuka maku carece de elementos para su subsistencia y la protección de su salud.[66]

40.     La Comisión reitera al Estado Colombiano su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que viven los pueblos indígenas en Colombia que se ve reflejada en los asesinatos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados de los que han sido objeto sus miembros.  Los constantes actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas que reclaman el respeto y la protección de sus derechos fundamentales amenazan no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos y la práctica constante de ataques dirigidos en contra de sus líderes busca romper la cohesión de los pueblos indígenas en torno a la defensa de sus derechos, en especial el derecho a la vida, a la autonomía y al territorio.  En su repuesta el Estado hizo referencia a la asistencia humanitaria entregada y otras medidas adoptadas a favor de los pueblos kogui-wiwa, wayúu, paez, awa, wounnan y nukak maku.[67]

41.     En cuanto a la situación de las comunidades y consejos comunitarios afro descendientes, éstos cuentan con acceso limitado a servicios educativos, al trabajo, a ingresos, y a la participación en la toma de decisiones a nivel nacional y local.  Por ejemplo en el departamento del Chocó la población afro descendiente, que asciende al 85%, vive en extrema pobreza[68] y es el departamento con menor cobertura de agua potable en el país, 81% de los hogares no tienen servicio alcantarillado, hay un 19% de analfabetismo y altos índices de mortalidad materna.[69]  El Gobierno ha estimado que el 72% de la población afrocolombiana está ubicada en los dos estratos socioeconómicos más bajos del país.[70]  Todos estos factores han limitado las posibilidades de que esta población pueda gozar de su particular cosmovisión, tradiciones y cultura y ha promovido que sean, por la mayor parte, invisibles en las políticas públicas del país.

42.     En este contexto, durante el 2006 la CIDH continúo recibiendo información sobre actos de violencia e intimidación destinados a generar el desplazamiento forzado de estas personas, que constituyen el 26,83% de la población total en Colombia,[71] así como el 30 % de la población desplazada[72], según cifras de CODHES.  La CIDH, a través de su Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, planea conducir una visita in loco a Colombia durante el año 2007 a fin de observar la situación de la población afrocolombiana.

43.     La CIDH destaca la necesidad de que el Gobierno colombiano haga efectiva la implementación de políticas e iniciativas como las creadas en el 2002 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES),[73] así como del Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada que durante el 2005 estableció como objetivo “identificar mecanismos comunitarios, institucionales y jurídicos para la protección de los derechos colectivos sobre los territorios étnicos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas”[74].  Además, la CIDH observa la necesidad de fortalecer el desarrollo de estadísticas que den cuenta de la situación actual de los afro descendientes en materia de derechos humanos, así como de las circunstancias socio-económicas en que se encuentran.

IV.      LA SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES

44.     Los patrones de amenazas, actos de hostigamiento y homicidios continuaron entorpeciendo la labor de las defensoras y defensores en Colombia durante el año 2006.  Las personas que se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia continúan sufriendo un alto riesgo de ver vulnerados sus derechos por causa de su trabajo.  La CIDH ha recibido denuncias sobre la distribución electrónica de amenazas proferidas contra un número de organizaciones de derechos humanos que operan en distintas regiones del país.  También continuaron las denuncias sobre “montajes” judiciales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, algunos de los cuales presentan denuncias ante el sistema interamericano.

45.     El Estado ha puesto en conocimiento de la CIDH el comunicado del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, donde expresa su rechazo a las amenazas recibidas por algunas organizaciones de derechos humanos, así como a varios de sus integrantes y señala su compromiso y apoyo a las organizaciones sociales que trabajan en el área de derechos humanos, reconociendo su aporte al desarrollo democrático del país.[75]  La Comisión espera que el Estado adopte de manera urgente medidas efectivas para la protección de la vida y la integridad personal de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como para la remoción de los factores de riesgo para su labor.

46.     La CIDH reitera la necesidad de que los esfuerzos se dupliquen a fin de que se puedan esclarecer los múltiples casos que existen ante la justicia colombiana sobre graves violaciones de derechos humanos, en particular aquellas cometidas por parte de los actores armados en contra de comunidades indígenas, afro descendientes, mujeres, niños, niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, y líderes sociales.

V.         CONCLUSIONES

47.     La CIDH ha resaltado en numerosas oportunidades la necesidad de emplear mecanismos efectivos de negociación a fin de terminar con la violencia que afecta a los habitantes de la República de Colombia desde hace cuatro décadas.  Asimismo la Comisión ha señalado que la perdurabilidad de la paz está ligada a la no repetición de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario y, por lo tanto, al esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia y reparar a las víctimas del conflicto.

48.     El año 2006 marca la culminación de la fase de desmovilización de las AUC y Colombia enfrenta el desafío de mostrar resultados concretos del desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo e implementar el marco legal adoptado con el fin de juzgar los crímenes perpetrados por las AUC.

49.     Frente a estos desafíos, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas, afro descendientes, y los desplazados y las crecientes denuncias sobre la participación de agentes del propio Estado.  Asimismo, la CIDH mantiene su preocupación respecto de los ataques registrados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales por parte de desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley.  La Comisión insiste en el deber de que estos crímenes sean esclarecidos por los magistrados de justicia y paz al momento de verificar el cumplimiento cabal de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 975.

50.     El respeto de los derechos a la verdad, justicia y la reparación integral para las víctimas del conflicto armado son cruciales para alcanzar una paz duradera y fortalecer la administración de justicia en Colombia y garantizar la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas.

51.     La CIDH continuará ejerciendo su mandato de promover y proteger los derechos humanos en Colombia en el marco del proceso de desmovilización y la interpretación y aplicación de su marco jurídico, tanto a través de la elaboración de informes generales y especiales como del estudio y decisión de casos individuales.

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