Recientemente, se tuvo conocimiento que durante los últimos años, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- de forma abiertamente ilegal ha venido interceptando comunicaciones (chuzadas), haciendo seguimientos y recopilando información sobre personas y organizaciones a quienes ese organismo considera “enemigas” del gobierno. Así, por ejemplo, bajo su inquisidora lupa han estado en la mira Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la oposición, sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros infortunados “elegidos”.
Sin embargo, tal hecho no mereció gran despliegue en los medios de comunicación porque éstos se han ocupado fundamentalmente de los “estragos de la gripa porcina”, olvidando el cáncer que carcome al DAS desde sus más recónditas entrañas.
En pretérita oportunidad, el entonces Director del DAS Jorge Noguera Cotes se refirió a esta grave situación, cuando le confesó a una reconocida revista que “si contáramos lo que día tras día sucede en el DAS la gente no podría dormir” [1], como quien dice, la cotidianidad del DAS es una verdadera y auténtica pesadilla. Y sí que lo es, pues el país ya conoce que este organismo no se ha ocupado de desarrollar las labores que le imponen la Constitución y la ley, sino que se ha convertido en una organización tenebrosa que produce terror a la luz del día y en las sombras de la noche.
De acuerdo con la información divulgada por la Revista Semana, al interior del DAS se crearon al menos dos grupos especiales para el desarrollo de la ilegal tarea de realizar “seguimientos a organizaciones o personas de tendencia opositora” [2]. Por ejemplo, la misión de realizar “labores de inteligencia” contra el COLECTIVO DE ABOGADOS “José Alvear Restrepo” fue bautizada con el curioso nombre de “OPERACIÓN TRANSMILENIO” [3], informes que constarían de alrededor de mil folios, lo que pone en evidencia aquello que el Estado ha venido negando sistemáticamente: que los organismos de inteligencia hacen vigilancias, seguimientos y realizan operaciones de inteligencia -cuando no más- a las organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, e incluso a servidores del Estado que no resulten del agrado gubernamental.
Estos hechos que provienen de una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República, indicarían que no se trata de hechos aislados de corrupción y delincuencia cometidos por algunos funcionarios adscritos a esa entidad, sino por el contrario, de una política sistemática conocida y orientada desde Altos Niveles.
Basta hacer un somero recuento de situaciones que la opinión pública olvida tan fácilmente. No es un secreto que el DAS a nivel nacional y en el orden regional ha estado dirigido por algunos funcionarios comprometidos hasta los tuétanos con las organizaciones paramilitares, así se desprende de investigaciones judiciales y también de las versiones que vienen rindiendo los jefes paramilitares.
Rafael García, ex-funcionario de esa entidad, señaló que el entonces director Jorge Noguera tuvo como eje central de su administración la cooperación con los grupos paramilitares. Esta política explica los enlaces permanentes con Jorge 40, con Hernán Giraldo, entre otros. Se puso al DAS al servicio del paramilitarismo borrando bases de datos de personas con órdenes de captura y de extradición, entregando listas de sindicalistas y líderes de izquierda para ser asesinados, como en efecto lo reconoce alias DON ANTONIO y el propio Mancuso.
Se destinaron escoltas y vehículos para “proteger” jefes paramilitares, y el general retirado Rito Alejo del Río sirvió de enlace entre el DAS y las organizaciones paramilitares, según denunció el ex funcionario del DAS Rafael García. Sencillamente, el DAS se puso al servicio de los paramilitares, y no precisamente como resultado de una paciente labor de infiltración de esas organizaciones, como eufemísticamente lo quieren presentar algunos. El DAS creó oficinas paralelas al servicio de paramilitares, del DAS recibían información clasificada, del DAS obtenían nombres de sus futuras víctimas, del DAS venían las alertas tempranas para evitar capturas, del DAS sustraían o eliminaban información a su antojo. Es extremadamente grave, inadmisible, e inexplicable que el servicio de inteligencia del Estado, que depende directamente del poder Ejecutivo haya llegado a tan increíbles y extremos desvíos.
No obstante, no sólo le es enrostrable al DAS su contubernio con el paramilitarismo, y en consecuencia, su responsabilidad indiscutible en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por las organizaciones criminales que se favorecieron con su apoyo. Infortunadamente, también funcionarios de ese organismo oficial se han visto comprometidos en ejecuciones extrajudiciales, en el asesinato de informantes, e incluso, de detectives de esa misma entidad, según se atrevió a confesarlo un funcionario del DAS.
La experiencia de forma cruda nos indica que los susodichos informes de inteligencia con suma frecuencia se convierten en la antesala de mayores y más graves violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas etc. El caso del profesor universitario ALFREDO CORREA DE ANDREIS ilustra este fenómeno. Primero fue objeto de informes de inteligencia, después con base en los mismos fue puesto en prisión, y por último fue asesinado.
Por las razones expuestas, las organizaciones de derechos humanos de forma reiterada han solicitado la desclasificación y depuración de esos informes de inteligencia. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha formulado recomendaciones en el mismo sentido. Sin embargo, el Estado no ha cumplido tal recomendación, ni ha cesado esas prácticas, sino que por el contrario, las ha incrementado sustancialmente. También se conocen casos de acciones falsamente exitosas como el descubrimiento de atentados inexistentes, de montajes judiciales para asegurar la impunidad de los victimarios o para meter a la cárcel a personas inocentes, casi siempre luchadores sociales, incluso valiéndose de sus escoltas, confundiendo la labor de protección con la de inteligencia. Igualmente, se ha conocido que el ex- subdirector DAS José Miguel Narváez se dedicaba a dictar cátedra a las organizaciones paramilitares, especialmente sobre el tema: “Por qué es lícito matar comunistas en Colombia”. En el aspecto administrativo son numerosas las denuncias creíbles y fundadas que revelan el grado de corrupción alcanzado por el DAS.
Las acciones contra ley por parte del DAS no se han quedado en el espacio doméstico, sino que a países vecinos han llegado sus tentáculos a través de operaciones encubiertas, que han generado incluso, roces de orden diplomático.
En fin, en los últimos años hemos sido testigos de repetidos escándalos que envuelven y comprometen al DAS en el mundo oscuro de la criminalidad, favorecida a su vez, por una sistemática impunidad y por el sepulcral silencio que sigue a cada oleada de denuncias. Denunciar no puede ser equiparado a un ataque al Estado o al gobierno de turno. Son las desviaciones del DAS las que hacen daño al Estado y a la democracia. Con la denuncia se quiere precisamente es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, garante a su vez, de los derechos humanos.
En el año 2006 se conformó una comisión, de la que hizo parte un alto funcionario del DAS para evaluar a ese organismo y formular recomendaciones. Sin embargo, nada ha mejorado, y a cambio, todo viene de mal en peor. Es más, hace apenas unas semanas, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos a raíz de uno de los consabidos escándalos, llegó a proponer la disolución de este organismo, propuesta que fue rechazada de inmediato por el gobierno.
Hasta cuándo el Alto Gobierno se ocupará en serio y de manera profunda en superar semejante situación que pone en la picota pública la política de “seguridad democrática”, la que en todo caso, más allá de generar “confianza inversionista”, ha favorecido violaciones de derechos humanos tal como está reconocido por organismos internacionales que velan por los mismos?
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría están en la obligación de identificar e investigar a los máximos responsables de estas políticas; indagaciones que deben extenderse a los organismos de inteligencia del Ejército y de la Policía Nacional. Mientras tanto, los funcionarios comprometidos deben ser separados de sus cargos haciendo uso de la facultad discrecional del Presidente de la República, para facilitar el curso de las investigaciones.
Urge un cambio radical en los organismos de inteligencia bajo los parámetros de las recomendaciones internacionales que al respecto han sido formuladas. Se trata de construir un organismo de inteligencia que se ajuste a los dictados de un Estado Social y Democrático de Derecho y que tenga como meta cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, siempre con fundamento en el respeto y garantía de los derechos humanos.
Notas
[1] Noguera de alto calibre. Revista Cromos, No. 4.533, Enero 10 de 2005, pág 42.
[2] El espionaje era peor. Revista Semana, Abril 25 de 2009, www.semana.com/noticias-nacion/espionaje-peor/123258.aspx.
[3] Los de siempre. Revista Semana, Abril 25 de 2009, Los de siempre. Revista Semana, Abril 25 de 2009, www.semana.com/noticias-nacion/siempre/123265.aspx.